Una nueva investigación demuestra que España "envió a la muerte y la tortura" a los migrantes de la tragedia de Melilla

Rocío Cruz

El 24 de junio de 2022, cerca de 2.000 migrantes intentaron cruzar la valla fronteriza que separa la ciudad marroquí de Nador del enclave español de Melilla. Dos años después de la masacre, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, Border Forensics y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) han realizado una investigación donde se vuelve a poner sobre la mesa quiénes fueron los responsables de la tragedia y desmontan las versiones oficiales −que les eximían de cualquier culpa sobre lo ocurrido− presentadas por Marruecos y España.

Durante los dos años posteriores a la masacre, Público ha repasado los hechos que tuvieron lugar en la frontera hipanomarroquí y ha analizado las repercusiones de la tragedia a un lado y al otro de la frontera. El periodista Jairo Vargas recogió en Casablanca el testimonio de varios de los supervivientes del drama humanitario. Abdulá Hamal le contó que si intentaban salir del lado español, les golpeaban. "Todo era un caos. Nos atacaban los españoles, por un lado, y los marroquíes desde atrás y desde arriba", dijo.

Aunque las autoridades marroquíes han admitido 23 muertes ocurridas aquel 24 de junio, la AMDH estima que al menos 27 personas fueron asesinadas y más de 70 siguen desaparecidas. Maite Daniela Lo Coco, una de las investigadoras del informe y referente de la línea de política migratoria de Irídia, asegura a Público que la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas transformó el puesto fronterizo del Barrio Chino en una trampa mortal.

"La masacre de Melilla refleja el uso desmedido de violencia, los actos de racismo y la deshumanización extrema ejecutados por las fuerzas de seguridad de Marruecos y España", señala Lo Coco. Las impactantes imágenes de migrantes, vivos y muertos, apilados unos sobre otros, se difundieron globalmente. La tragedia se considera uno de los crímenes más graves cometidos en el contexto de la gestión discriminatoria y militarizada de las fronteras europeas en las últimas tres décadas. Según el informe, este acontecimiento ilustra una tendencia más amplia hacia la brutalidad en la gestión fronteriza y la normalización de las violaciones de los derechos de los migrantes en nombre de su "protección".

La investigadora Lo Coco manifiesta que las exigencias de verdad y justicia de los supervivientes de la masacre y de las familias de los muertos y desaparecidos han permanecido ignoradas hasta el día de hoy. "En lugar de utilizar las instituciones judiciales para identificar a los responsables de la masacre, Marruecos ha recurrido a ellas para continuar reprimiendo a los supervivientes, varias decenas de los cuales han sido condenados a prisión por actos de violencia y otros delitos", añade. Según la Fiscalía española, no se encontraron indicios de delito por parte de las fuerzas de seguridad españolas.

"A pesar de las evidencias y las urgencias del Comité contra la Tortura para que el Estado español realice una investigación efectiva, así como los informes del Defensor del Pueblo que denuncian unas 470 devoluciones ilegales, no ha ocurrido nada", admite Lo Coco. "Las autoridades insisten, como un mantra, que las muertes ocurrieron en el otro lado y que no tienen responsabilidad alguna", añade.

El informe se enfoca en desmontar los cuatro argumentos oficiales presentados por Marruecos y España tras la tragedia. La especialista Lo Coco explica a este medio que a través de la investigación se cuestiona la legitimidad y proporcionalidad de la violencia utilizada, se desmiente que las víctimas fueran exclusivamente del lado marroquí, se pone en duda el desconocimiento de las fuerzas de seguridad españolas sobre lo que ocurría al otro lado de la valla y se refuta la idea de que la masacre del 24 de junio fue un acontecimiento espontáneo.

De hecho, Amnistía Internacional (AI) ya acusó a España y Marruecos de "crímenes contra el derecho internacional" en la tragedia de Melilla. A través de un informe, la organización fue contundente al señalar que tanto las fuerzas de seguridad españolas como las marroquíes hicieron un uso indebido de la fuerza contra los migrantes, se les dio un trato inhumano, se les negó la atención sanitaria de emergencia y se los devolvió de forma ilegal una vez que habían cruzado todas las vallas.

Las conclusiones de la última investigación de Border Forensics coincide en gran parte con la acusación de la AI, con las declaraciones del Defensor del Pueblo −que veía imposible que la Guardia Civil no conociera la situación de riesgo en Melilla−, con la BBC −responsabilizó al Gobierno de España de la masacre con unas imágenes adelantadas por Público−, con la última y más completa investigación, coordinada por Ligthhouse Report −junto a El País, The Guardian o Der Spiegel, entre otros medios−, y con el seguimiento que ha realizado el periodista de Público Jairo Vargas.

Estrategia deliberada

El análisis indica que los acontecimientos obedecieron a una estrategia deliberada por parte de las autoridades, donde las fuerzas de seguridad marroquíes permitieron activamente que los migrantes se aproximaran a la frontera y, una vez allí, los dirigieron hacia el puesto fronterizo del Barrio Chino bajo la amenaza de represión.

"Dirigidas hacia el interior del puesto fronterizo con la intención de cruzar hacia Melilla, las personas migrantes fueron inicialmente atacadas desde todos los flancos con material antidisturbios por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas", cuenta Lo Coco. "El uso intensivo de gas en un espacio cerrado, junto con el clima de pánico resultante, sin duda provocó las primeras muertes durante la masacre", añade.

Posteriormente, Lo Coco señala que se produjeron golpizas, principalmente a manos de las fuerzas marroquíes, que afectaron tanto a quienes permanecieron dentro del puesto fronterizo como a aquellos que intentaron abandonarlo y fueron violentamente devueltos por las fuerzas españolas y marroquíes.

Durante esta fase posterior de la represión, que se extendió durante varias horas, ocurrieron la mayoría de las muertes. Aunque no hay imágenes que documenten este brote de violencia, los investigadores han podido reconstruir lo sucedido a través de los testimonios de los supervivientes. "Nos trataron de manera violenta e inhumana. Ninguna persona migrante debería ser golpeada de esa manera y ningún refugiado debería ser tratado así", lamenta una de las víctimas.

El informe también revela que los agentes de seguridad españoles cometieron numerosos actos de violencia y abusos contra los migrantes que interceptaron en su intento de ingresar a Melilla, especialmente sometiéndolos a un trato inhumano y degradante. "Además, al devolver a los migrantes a Marruecos a pesar de saber que enfrentarían una violencia extrema, los agentes españoles contribuyeron a esa violencia", dice Lo Coco.

Por último, se demuestra que, aunque la mayoría de las muertes ocurrieron mientras los migrantes estaban bajo el control de los agentes marroquíes, todas ocurrieron en España. Lo Coco expone que España, consciente de lo que estaba ocurriendo, "decidió enviar a estas personas a la muerte y la tortura, a pesar de que su número es insignificante en comparación con otros lugares de entrada". El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha reconocido que hubo devoluciones ilegales.

Mahamat a sus 27 años, recuerda lo que ocurrió cuando estaba en el lado español: "Cuando me senté, fui golpeado con una porra tres veces en la cabeza. Después perdí el equilibrio, no podía entender nada. Me cogieron las autoridades marroquíes y cuando cruzas allí te golpean".

"Apartheid fronterizo"

Otro de los factores que analiza la investigación son las condiciones subyacentes que posibilitaron la masacre, incluyendo la colonialidad de la frontera, el racismo persistente contra los migrantes negros y la impunidad de la violencia dirigida hacia ellos. "En conjunto, estas circunstancias han generado un sistema de apartheid fronterizo, donde las personas negras son consideradas como una población susceptible de ser masacrada", opina Lo Coco.

La investigadora de Irídia cree que es muy importante poner encima de la mesa el racismo institucional. "Cuando se trata de migrantes negros en la valla, se observa una aplicación excepcional de la ley que resulta en niveles de impunidad impensables para otros grupos poblacionales", dice.

Alfadel, uno de los supervivientes de la masacre, lamenta el trato que obtuvieron los migrantes: "No eran solo los golpes, era el odio, como si hubiésemos hecho algo a la Policía. Algunas personas cayeron desde lo alto de la valla y murieron y otras fueron heridas".

Criminalización

Finalmente, la investigación destaca el sufrimiento continuo de las víctimas y sus familias debido a la impunidad de la violencia sufrida, la falta de identificación de los fallecidos y la criminalización y encarcelamiento de muchos de los sobrevivientes.

Jairo Vargas narró en Público la historia de Mohamed Abdelbsad, quien perdió a su hermano tras intentar cruzar la valla cuando apenas tenía 16 años. "No me dejaron acercarme. Se lo pedí, por favor, a los gendarmes. ¡Es mi hermano! Yo les gritaba, pero no me dejaban moverme", contó. "Sé que murió. Lo reconocí por la ropa. Tenía los ojos cerrados y no se movía. Quería pensar que estaba vivo, pero al final los marroquíes empezaron a separar a los vivos de los muertos. Y a mi hermano lo pusieron con los muertos. No sé cuántos había, eran decenas".

"Pareciera que los verdaderos criminales son aquellos que huyen de la violencia de las fuerzas marroquíes y de las políticas de externalización de la Unión Europea. Las deportaciones diarias destinadas a alejar a los migrantes negros de la valla resultan en su encarcelamiento, convirtiendo a las víctimas en prisioneros", explica Lo Coco.

La experta admite que el argumento de Marruecos y España ha sido responsabilizar a los propios migrantes por sus muertes. "Ambas naciones sostienen que los fallecimientos ocurrieron debido a una avalancha y estampida entre los migrantes, sin mencionar el uso de material antidisturbios que lanzaron en un patio, bloqueando cualquier vía de escape y creando así una trampa mortal", cuenta.

Acciones legales contra España y Marruecos

Aunque aún hay muchas incógnitas por resolver, los hechos reconstruidos son comprometedores tanto para las autoridades marroquíes como para las españolas, así como para una Unión Europea que las respalda política y económicamente. "Las autoridades de ambos lados de la frontera deben ser responsables por la masacre y finalmente responder a las demandas de verdad y justicia de las víctimas y sus familias", insiste Lo Coco.

"Tras examinar la información y testimonios disponibles, resulta claro que los supervivientes y las familias de los fallecidos podrían iniciar acciones legales contra España y Marruecos, tanto por la violencia durante la operación como por las prácticas de detención empleadas y la falta de una investigación efectiva de los hechos", añade la investigadora de Irídia. "Todo esto demuestra claramente que no hay derechos humanos. Ni humanidad", concluye uno de los supervivientes.

Público