La otra guerra que también recordamos (y denunciamos) este mes: EEUU contra las personas migrantes que proceden del Sur

Este día 24 de enero se cumplen dos años y once meses del inicio de la guerra de Ucrania, hecho que nos convoca cada día 24 de mes para pedir el final de las acciones bélicas e instar a las partes enfrentadas a resolver sus diferencias mediante el diálogo. También este mes de enero se cumple un año y tres meses del inicio de esta fase de la guerra de exterminio que Israel perpetra contra la población árabe de Oriente Próximo.

No obstante, como bien sabemos, los de Ucrania e Israel no son los únicos conflictos bélicos que asolan a la humanidad. Queremos aprovechar estas convocatorias para recordar otros escenarios igualmente destructores de la vida y dignidad humana y la naturaleza, que no se suelen nombrar en los medios de comunicación.

Hoy vamos a hablar brevemente sobre el conflicto que enfrenta a Estados Unidos con las personas migrantes procedentes de América Central y del Sur.

Los Estados Unidos de Norteamérica, un país fundado, no hace demasiado tiempo, sobre el genocidio de la población autóctona preexistente y el expolio militarista a gran escala de territorio de los estados vecinos, especialmente México, demográficamente es una nación de inmigrantes, los cuales han llegado allí desde todos los puntos del globo. A lo largo de su historia de tres siglos, los sucesivos gobiernos estadounidenses han ido combinando etapas de aceptación y permisividad de la inmigración, con otras en las que han establecido fuertes trabas. Centrándonos en el siglo XX, tras algunas décadas de grandes restricciones a la inmigración a inicios de siglo, a mediados de la centuria, época de gran crecimiento económico, EEUU permitía la entrada legal de grandes contingentes de población procedente del Sur, sobre todo de México, a fin de dotarse de la mano de obra que precisaba su economía en expansión. Gran parte de esta inmigración accedía con permisos temporales de residencia, vinculados a la actividad laboral (unos 450.000 anuales), pero cada año se autorizaban importantes cupos de residencia permanente (unos 50.000).

Tal situación comenzó a cambiar de forma significativa en la década de los sesenta del siglo XX: A partir de ese momento, por cuestiones de índole política, se redujo drásticamente el número de autorizaciones temporales y de residencias permanentes. Sin embargo, la economía seguía necesitando la mano de obra que llegaba desde los países del Sur. El resultado fue que, desde aquella década hasta hoy, EEUU siguió importando la población migrante que precisaba su crecimento económico pero, desde entonces, la mayoría de estas personas se encontraron en el país en situación de ilegalidad o clandestinidad. Este hecho dio lugar a un rápido crecimiento de la población extranjera no autorizada en el país.

Al mismo tiempo, de la mano de políticos populistas en busca de votos, se desarrolló el imaginario social racista de que los inmigrantes latinos eran delincuenciales y peligrosos, lo cual puso en marcha una auténtica guerra del estado y la sociedad norteamericana contra las personas latinas inmigrantes. En la actualidad, los términos "ilegal" e indocumentado", ante la opinión pública norteamericana, son sinónimos de personas latinas. Éstas, a su vez, no dejan de percibir la creciente animadversión hacia ellas. Por ejemplo, los delitos de odio contra hispanos crecieron un 40% en EEUU de 2003 a 2008. En la actualidad el porcentaje es mayor.

Se da un círculo vicioso en este tema: Desde los altavoces de la política y los medios de comunicación se construye un relato criminalizador contra las personas procedentes del Sur; se les vincula con la delincuencia y se les relaciona falsamente con un número indeterminado de amenazas, incluyendo el terrorismo o el bulo de que reciben más recursos de los que aportan, empobreciendo así a la población nacional (justo el mismo discurso que el fascismo emplea estos días en Europa). A partir de ahí, se legisla en contra de la inmigración, se conculcan derechos de las personas migrantes, se sobredimensionan los aparatos policiales, con grandes aumentos presupuestarios para ello, y se incrementan notablemente las detenciones, los internamientos en centros de concentración y las deportaciones. Todo ello contribuye a reforzar en la percepción social la idea de que inmigración es sinónimo de delincuencia, con lo que el círculo se retroalimenta perpetuamente. De esta forma, el número anual de deportaciones pasó de unas 50.000 a mediados de los años 90, a las cerca de 300.000 actuales.

En la actualidad, se calcula que viven ilegalmente en EEUU aproximadamente 12 millones de personas, las cuales constituyen el 5% de la fuerza laboral del país. Es decir, EEUU cambió deliberadamente un modelo legal y regular de migración para cubrir sus necesidades laborales, por una bolsa de trabajadores irregulares sin derechos que pueden ser explotados fácilmente y viven siempre bajo la amenaza de la expulsión.

En los últimos años, especialmente desde la llegada al poder de Donald Trump en 2017, se ha radicalizado el discurso contra la inmigración, así como las políticas antiinmigratorias. Muchas personas de América Latina siguen hoy tratando de emigrar a EEUU huyendo de la pobreza, la violencia o las consecuencias del cambio climático. También buscando la reunificación familiar con sus seres queridos que residen en un país, EEUU, que en el imaginario de muchos habitantes del Sur, sigue representando el sueño de una vida mejor. Todas estas personas se topan con el endurecimiento de las medidas policiales fronterizas. Tanto ilegales como demandantes de asilo son detenidos y son masivamente deportados a zonas peligrosas de México y otros países de América Central, donde las mafias locales les secuestran, agreden sexualmente y extorsionan.

Las actuales administraciones de EEUU han destruído el llamado "derecho de asilo" y cualquier tipo de garantía para la estancia en el país. Ahora ningún inmigrante irregular está a salvo. Patrullas policiales recorren los hogares y centros de trabajo, llegando a deportar a personas que han pasado toda su vida en el país, casadas con norteamericanos y con descendencia, separándoles de sus hijos si se da el caso, ignorando sus situaciones personales, enfermedades graves u otros factores humanitarios que deberían evitar una deportación.

En la frontera, las personas detenidas son encarceladas en celdas superpobladas o grandes jaulas llamadas "perreras" y se encuentran privadas de atención médica o alimentación suficiente, estando sometidas a diferentes abusos y maltratos. En 2018, además, el gobierno puso en marcha una política dedicada a separar a las familias de sus hijos menores de edad como medida disuasoria contra la inmigración. También legisló para que el hecho de inmigrar irregularmente fuera considerado delito y permitiese el encarcelamiento de las personas migrantes.

De cara a la legislatura que comienza, Donald Trump quien, refiriéndose a las personas migrantes, ha llegado a afirmar que éstas se comen a las mascotas de los norteamericanos, o que EEUU se ha convertido en "el cubo de la basura del mundo", anuncia nuevas medidas, como suprimir el derecho de ciudadanía por nacimiento, o emprender "un esfuerzo de deportación" nunca visto en la historia del país, empleando métodos policiales y también militares.

Por poner alguna nota positiva, esta guerra declarada por la mayor potencia mundial contra seres humanos indefensos ha provocado en el país una gran ola de solidaridad y el crecimiento de todo tipo de organizaciones de apoyo a los derechos humanos y a las personas inmigrantes.

En la frontera Sur de EEUU, como en Ucrania y Palestina, es urgente y necesario que la vida y la dignidad humana recuperen su verdadero valor. Nadie es culpable por vivir en situación de pobreza, de guerra o de inseguridad y, a causa de ello, verse obligado a abandonar su tierra y su cultura para ir a vivir a un país extraño. Más si tomamos en cuenta que estas situaciones indeseables suelen ser provocadas por los estados receptores, o sus empresas multinacionales depredadoras. El mundo es de todos y nadie debería ser criminalizado por desplazarse en busca de una vida mejor.

Por un mundo sin guerras, sin fronteras, con tolerancia, entendimiento, empatía y cooperación entre personas, pueblos, étnias, religiones y culturas. Con respeto al medio ambiente. Por un mundo en Paz.

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