Resistencia en Ecuador a la expansión minera

Tomado de Diagonal

LA EMPRESA ASCENDANT SE HA VALIDO EN NUMEROSAS OCASIONES DE TÁCTICAS PARAMILITARES PARA REPRIMIR A LAS COMUNIDADES

Francisco Calderón, miembro de SODePAZ Ecuador

El proyecto de la transnacional canadiense Ascendant para la extracción minera en una zona protegida de Ecuador ha encontrado la feroz resistencia de las comunidades que defienden su territorio.

TÁCTICAS PARAMILITARES. 50 empleados de Segurivital, contratados por la empresa Ascendant, entraron en las comunidades de Intag el 2 de diciembre pasado. Varios de ellos vestían uniforme de camuflaje y portaban metralletas, pistolas y bombas lacrimógenas.

Comunidades de cinco provincias afrontan la arremetida de transnacionales mineras, que, en su afán de apoderarse del cobre, oro, molibdeno y otros metales, han procedido a dividirlas e incluso a agredirlas a través de grupos armados privados, según denunció el Foro de los Pueblos Afectados por la Minería, reunido este diciembre en la Universidad Andina Simón Bolívar.

Ecuador está en la mira de las transnacionales mineras que despliegan sus actividades protegidas por una ley aprobada en el Gobierno de Gustavo Noboa (2000- 2002) bajo los auspicios del Banco Mundial. Un 20% del territorio ecuatoriano se encuentra concesionado para la minería, lo que equivale a cinco millones y medio de hectáreas, de las cuales dos millones se encuentran en bosques protegidos “con funciones ecológicas irremplazables”, sostiene la organización Acción Ecológica.

En la región de Intag (Cotacachi), la empresa canadiense Ascendant Cooper obtuvo una concesión de 980 hectáreas y ha hecho grandes inversiones para adquirir (en ciertos casos pagando 20 veces más de su valor) las tierras de los campesinos, según ha señalado la organización ecologista DECOIN.

El gerente de la Ascendant Cooper, Francisco Ventimilla, ha informado a la prensa de que la empresa pretende invertir entre 675 y 930 millones de euros y que las reservas de cobre y molibdeno que guarda la cordillera de Toisán, Intag, tendrían un valor de 56.000 millones de euros, superando incluso a las de Chile.

Impacto ambiental y social

La reserva de cobre está en medio de bosques nublados primarios considerados entre los más biodiversos del planeta. En 1996, la agencia de cooperación japonesa publicó el Estudio Preliminar de Impacto Ambiental, el cual pronosticó enormes impactos ambientales y sociales. Según dicho estudio, al menos cuatro comunidades tendrán que ser reubicadas; se producirá una “deforestación masiva” que impactará a decenas de especies de animales en peligro de extinción, y se contaminará ríos y quebradas con metales pesados (plomo, arsénico y cadmio), además de impactar a la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. Este estudio preveía un aumento del 10.000% en los niveles de metales pesados sobre los niveles naturales en varios ríos. El nivel de cadmio se incrementará un 4.000%, el de cromo un 1.600% y el de nitratos un 800%.

Resistencia creciente

En el afán por defender sus espacios de vida y los recursos naturales, las comunidades han ido afianzando su organización, inicialmente se realizaron diversos llamados a las empresas mineras, a las autoridades ambientales y a algunos diputados, pero sin resultado alguno.

En 1997, las comunidades decidieron ocupar el campamento minero de la anterior concesionaria, la japonesa Mitsubishi. Al tercer día, sin tener respuesta por parte del Estado, decidieron retirar los equipos, procediendo a prender fuego al campamento vacío. Posteriormente, entregaron las herramientas y equipos de la compañía al alcalde de Cotacachi. El Ministerio de Energía y Minas interpuso una denuncia penal contra tres dirigentes comunitarios, acusándolos de terroristas y saqueadores de bienes del Estado. En 1998, por falta de pruebas, las autoridades judiciales otorgaron un sobreseimiento del caso.

La resistencia posterior a la nueva concesionaria culminó el 10 de diciembre de 2005 con la realización de una asamblea en la comunidad de Chalguayacu Bajo, donde participaron cientos de vecinos de decenas de comunidades de la zona de Intag, quienes decidieron desmantelar e incendiar las instalaciones de la empresa minera Ascendant.
Una nueva victoria se ha conseguido en el presente mes de diciembre (ver recuadro), además de paralizar varios intentos de incursión de guardas privados de la minería, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, Yolanda Viteri, declaró el estudio de impacto ambiental presentado por la minería como “no procesable”, lo cual significa que se deberá realizar otro nuevo. Al estudio presentado, los técnicos de la Subsecretaría le encontraron tres inconsistencias: la compañía no consultó a todas las comunidades; no tomaron en consideración procesos de remediación, y no se refiere a la deforestación que se efectuará en la zona.

Represión a las comunidades

Desde el comienzo de las agresiones, la empresa contrató un helicóptero militar para sobrevolar las comunidades, según confirmó la organización de defensa de los derechos humanos CEDHU. Ante la resistencia de las comunidades, la empresa minera desplazó a la zona dos autobuses con personal de varias empresas de seguridad privada. Se estima en unos 200 los “guardas de seguridad” que están destacados en Intag contratados por la empresa Ascendant.

CARLOS ZORRILLA, CAMPESINO DE INTAG Y MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DECOIN

“Mi caso es sólo un ejemplo del estado de terror creado”

F. C. /Ecuador

El allanamiento del hogar de José Zorrilla, un destacado opositor al proyecto de la multinacional Ascendant, y la posterior utilización de pruebas falsas, reflejan una vulneración generalizada de los DD HH en la zona.
Carlos Zorrilla ha tenido que escapar de su municipio por existir una orden de detención contra él, y se encuentra huido desde hace varias semanas. Es un agricultor vecino del valle de Intag y destacado militante de la resistencia de las comunidades contra la minería, en la asociación DECOIN, “una pequeña organización de base creada en 1995 inicialmente como respuesta a la presencia de la empresa Mitsubishi en la zona de Intag”.

DIAGONAL: Hace unos días la policía allanó tu domicilio, ¿sabes el motivo?

CARLOS ZORILLA: Hace dos años y medio la empresa Ascendant adquirió varias concesiones mineras. Hasta la fecha, sin embargo, no ha podido acceder a las concesiones ni siquiera para iniciar actividades de exploración. Esto se debe a la oposición de las poblaciones y la administración cantonal (todas las instancias de las administraciones locales se oponen al proyecto minero). Ascendant culpa a la DECOIN de ser la responsable de crear, organizar, y dirigir la oposición. Esa errónea y absurda interpretación, por supuesto, hace que Ascendant nos sitúe entre sus objetivos. Al ser una de las personas visibles de la organización, y el contacto principal con las entidades que nos apoyan en el resto del mundo, me tienen en el punto de mira. No es casual que nuestra acción internacional denunciando los atropellos cometidos por la empresa le haya costado millones de dólares.

No debe extrañar, por tanto, todo el complot bien financiado que facilitó que 19 policías fuertemente armados y algunos enmascarados aparezcan en mi casa a las seis de la mañana en mi búsqueda con orden de prisión, y que violentamente allanen mi hogar. Al ser advertido unos minutos antes del operativo policial, logré escapar. Sin embargo, los policías aprovecharon el allanamiento para colocar un arma y drogas dentro de mi hogar, por lo cual enfrento dos juicios penales, y posiblemente aumenten a tres en los próximos días.

D.: ¿Eres la única persona denunciada en las comunidades?

C. Z.: No soy el único afectado por denuncias. En total, la empresa ha presentado diez denuncias contra 30 opositores comunitarios. La utilización de los tribunales es sólo uno de los diversos mecanismos que las transnacionales usan en países como el Ecuador.

Pero la infame violación de mis derechos es un pequeño ejemplo de las constantes violaciones y del estado de terror que se vive en la zona de Intag desde que la empresa Ascendant Copper Corporation contaminó, con su presencia, estas hermosas tierras. Sin embargo, después de las últimas luchas de resistencia en Intag no me cabe duda de que los días de vida de este proyecto y de esta empresa están contados.