Reforma de la justicia española: habrá que pagarla y el estado "estudia" poder mantenernos toda la vida en la cárcel

Y tanto que viene. Si quedaba alguna tibia sombra de esa quimera llamada “estado de derecho”, desaparece poco a poco. Si la administración de justicia monopolizada por el estado ya creaba tremendos agravios comparativos (recuerden por ejemplo los habituales indultos a banqueros, políticos y policías, frente a los presos comunes que se pudren en las prisiones) ahora solo estará al alcance de quien pueda pagarla. Eso para recurrir a ella cuando uno es el perjudicado, porque si es el estado el que desea proceder contra nosotros aún lo tendrá más fácil, las penas serán, si cabe, más duras y se nos podrá tener toda una vida entre rejas si prospera la cadena perpetua que dice que va a estudiar Gallardón. Es decir, los ciudadanos solventes que se pueden pagar sus denuncias y recursos financiarán al estado para que éste construya cárceles y pague a carceleros, amén de empresas de mantenimiento que hacen su agosto, para que los ciudadanos pobres molestos para el poder sean recluidos en la prisión cada vez con condenas más largas. Y si esto deja a la gente indiferente es por inconsciencia y porque el totalitarismo que viene se está haciendo ya su hueco de forma silenciosa en tantas y tantas mentes. Nota de Tortuga.

Gallardón plantea el copago de la justicia y una reforma de la ley del aborto

El ministro asegura que quien recurra en segunda instancia deberá hacerse cargo de los gastos.

Invoca el consenso para realizar la reforma anunciada ayer por sorpresa por Santamaría.

El Gobierno estudiará una posible instauración de la cadena perpetua revisable.

Fernando Garea, Madrid

Para recurrir las decisiones judiciales en segunda instancia habrá que tener más recursos económicos, según el nuevo sistema de tasas que ha anunciado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón en su primera intervención ante la Comisión del Congreso. También ha anunciado que el Ejecutivo de Rajoy estudiará una posible instauración de la cadena perpetua revisable, que, según ha dicho, será una pena excepcional para delitos que hayan causado una gran alarma social. En cualquier caso, la medida implicará una nueva reforma del Código Penal.

El ministro de Justicia ha apuntado esta mañana la posibilidad de establecer una especie de sistema de copago de la justicia, de forma que a partir de la segunda instancia, quien recurra, pague. De esta forma, ha afirmado, se pretende mitigar el exceso de litigiosidad.
Si en la segunda instancia, con posterioridad, la justicia le da la razón, se le reintegrará ese depósito, pero tendrá que tener capacidad para anticiparlo, despojarse de esa cantidad mientras se resuelve el recurso y aceptar el riesgo de no obtener satisfacción al recurso.

Gallardón ha excluido solo la jurisdicción penal, por lo que se supone que sí se aplicará, por ejemplo, a la laboral para recurrir sentencias sobre despidos, a la mercantil, a la civil o a la contencioso-administrativo.

Según el ministro, hay un abuso en la interposición de recursos que pone en dificultades la sostenibilidad económica de la justicia y pone en riesgo que quienes de verdad tienen motivo para recurrir lo puedan hacer.

También ha hablado de “uso racional de la justicia” y de "abuso de acceso a órganos judiciales", algo que, dijo, afecta sobre todo a la segunda instancia judicial, que sufre un riesgo de "colapso".
Quedará a salvo, según ha explicado, la justicia gratuita, es decir, las personas que puedan demostrar que carecen de medios para acudir a los tribunales. También en este sentido, el ministro ha anunciado un endurecimiento de los requisitos y controles de esa justicia gratuita.
Gallardón también ha anunciado que se abordará la reforma de la ley del aborto para volver a establecer la obligatoriedad de que los padres tengan que dar su consentimiento para que las menores puedan interrumpir el embarazo.

Gallardón ha dicho que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que estas no aleguen peligro de violencia en el ámbito familiar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.
No ha dicho nada sobre la reforma de la ley de matrimonios homosexuales, de la que no ha hecho ni mención en su intervención inicial.

Gallardón ha anunciado una serie de leyes, incluida la de Enjuiciamiento Criminal comprometida por todos los ministros de Justicia desde los ochenta y con un ligero matiz al rechazo habitual del PP a que los fiscales instruyan. “Se incrementará el papel del fiscal en la instrucción en los procesos de urgencia o en aquellos que supongan una investigación mínima, sin perjuicio de la labor del juez instructor”, ha dicho.

El ministro de Justicia ha anunciado la reforma del Cógipo Penal para perseguir la multirreincidencia, es decir, la comisión de faltas como pequeños hurtos, para que puedan perseguirse como delitos.
En esa línea ha avanzado la reforma de la ley del menor para que se unifique en un solo procedimiento cuando haya implicados mayores y menores de edad en los mismos hechos.

“Vamos a buscar el máximo consenso posible”. Con esa bandera se ha presentado esta mañana el ministro en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Estas declaraciones se producen pocas horas después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciara, también en la Cámara baja, cambios importantes de la justicia.

Eso sí, la número dos del Ejecutivo no dio opción a réplica alguna del resto de los grupos parlamentarios. Los socialistas anunciaron inmediatamente que esa actuación rompía el Pacto por la Justicia. Gallardón ha manifestado su "voluntad de diálogo" como "instrumento" para salvar "discrepancias y diferencias políticas". A lo que ha agregado: "Tenemos muy claro qué España queremos... No recibimos la confianza como cheque en blanco, por eso vamos a abordar las reformas".

Además, el ministro ha anunciado nuevos Códigos mercantil y civil y que despojará de algunas competencias mercantiles y civiles a los jueces para atribuírselas a notarios y registradores.

Duro rechazo de la oposición

El Gobierno del PP tiene mayoría suficiente para sacar adelante todas sus iniciativas y las reformas legales anunciadas por Gallardón, pero el ministro de Justicia ha comprobado en su primera comparecencia en la Comisión que no tendrá fácil cumplir su propósito para aprobarlas con consenso o apoyo de otros grupos.

Solo UPyD apoya de forma expresa la reforma para cambiar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Con distinto grado de dureza, todos los demás grupos han expresado al ministro su rechazo a restringir la elección parlamentaria de sus miembros.

El portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, en un tono muy duro, ha ironizado que el PP, que es el que ha bloqueado las renovación de órganos constitucionales, ahora se plantea la cobertura de las plazas vacantes con celeridad.

El diputado socialista ha pedido al ministro que tenga en cuenta los trabajos ya hechos sobre leyes, por ejemplo, el anteproyecto de Enjuiciamiento Criminal y que no se cambien normas pactadas y consensuadas como la del Código Penal. “Si pide consenso, no destroce los consensos anteriores”, le ha dicho a Gallardón.

Mucho más vehemente ha sido Gaspar Llamazares, de IU, para quien las nuevas tasas tratan de “disuadir a los ciudadanos con una justicia de dos velocidades”. Le ha acusado de “populismo penal”, de quedar reducido al anuncio de cadena perpetua y endurecimiento de leyes. “”Ha traído más involución que regeneracionismo”, ha aseverado.
También Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha rechazado el uso de las tasas para disuadir a los ciudadanos de recurrir las decisiones judiciales.

Las recetas de un ministro que quiere darle la vuelta a la justicia

Plantea un reforma que abarca el copago, la cadena perpetua, el aborto y la eliminación de cuotas.

El País, Madrid

Copago. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado una reforma para racionalizar la Administración judicial y evitar “abusos” planteando una suerte de copago para el recurso de segunda instancia. “Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas". Estarán exentos de pago los que acrediten falta de recursos.

Cadena perpetua. El Ejecutivo de Rajoy estudiará una posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, la cadena perpetua, que sería una pena excepcional en línea con la que existe en otros países europeos y se aplicaría para delitos que hayan causado una gran alarma social. En cualquier caso, la medida implicará una reforma del Código Penal. En España ya existen penas de hasta 40 años para casos en los que el condenado haya cometido dos o más delitos castigados con penas superiores a los 20 años o haya sido condenado por dos o más infracciones de tipo terrorista y una de ellas supere ese mismo límite. Esos castigos son, de facto, prisiones perpetuas, porque implican el cumplimiento efectivo de 32 años como mínimo. Solo transcurrido ese límite, el recluso puede acceder a la libertad condicional, aunque las condiciones exigidas lo hacen prácticamente inviable. La revisión a los 20 años que propone el PP podría, por tanto, convertir la prisión permanente en una pena inferior.
Los presos de ETA. Gallardón ha manifestado hoy respecto a los presos de la banda terrorista ETA que "la amnistía no cabe en nuestra Constitución" y que "mientras los indultos generales están expresamente prohibidos", los individuales están sometidos a requisitos" precisamente por su "naturaleza excepcional".

Aborto. La reforma de la ley del aborto exigirá el consentimiento de los padres y sugiere una revisión a fondo de la norma de 2010, que establece un sistema de plazos en el cual no se obliga a la embarazada a dar una justificación para el aborto hasta la semana 14 de gestación, y que el PP llevó al Constitucional. La ley se aprobó "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos", ha asegurado Gallardón antes de señalar que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

Acceso al abogado de oficio. El ministro de Justicia plantea una revisión a fondo de la situación económica de los ciudadanos que soliciten poder seguir haciendo uso de la justicia gratuita y de los abogados del turno de oficio.

Quitar competencias a los jueces. El Ejecutivo, en un intento de racionalizar la Administración de justicia y reducir la litigiosidad, despojará de algunas competencias a los jueces para atribuírselas a notarios y registradores.

Eliminación de cuotas políticas en el TC y el CGPJ. Se reformará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando "cuotas partidistas". Se actuará también en las competencias del Supremo y del Constitucional, y respecto a este último ha propuesto una superación del "pasado" para reformar a sus miembros de modo que sus nombramientos no respondan a cuotas de partidos ni de grupos parlamentarios.

Reforma de la ley de responsabilidad penal del menor. El Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.