Los Acuerdos de Paz en El Salvador: 15 años después

Antonio Martínez-Uribe
Sociólogo Politólogo
San Salvador, 16 de Enero del 2007

Es necesario hacer un esfuerzo por reconstruir la memoria histórica, es decir aquel escenario internacional y nacional que jamás debemos olvidarlo y que configuraba el problema que pretendidamente se debía resolver con el logro de un acuerdo negociado al constatar que la opción militar ya no tenia viabilidad.

Este análisis político, hecho para el debate y el esclarecimiento, también parte de la premisa de que el punto clave y trascendental de los Acuerdos de Paz fue lograr por medio de una dura negociación con el FMLN, la reforma de las instituciones armadas y muy en particular el papel de los militares en El Salvador. ¿Porqué? Porque se considera que podrían haberse llegado a ponerse de acuerdo en relación a la concepción de otras reformas institucionales, pero el proceso no habría tenido un desenlace de arreglo negociado, si, primero, no se acordaba la reformulación en cuanto al uso de la fuerza y el papel que debe tener en un régimen democrático.

No es por casualidad que el primer punto de la agenda de negociación del Acuerdo de Caracas, del 21 de Mayo del año 1990, los primeros acuerdos políticos colocaron en primer lugar a la Fuerza Armada. Y eso se dio después de la espectacular demostración de capacidad militar del FMLN en Noviembre de 1989, con su Ofensiva Hasta El Tope. De igual manera, el Acuerdo de México, del 27 de Abril del año 1991, de nuevo en el primer apartado se encuentra al problema Fuerza Armada. En esta reunión el FMLN dejó constancia una reserva en la redacción del artículo 211 de la Constitución de 1983, en el punto que define a la Fuerza Armada como institución “permanente”. El capítulo primero del Acuerdo de Paz, firmado en Chapultepec, México, hace 15 años, lleva por título Fuerza Armada. Y, de las 117 actividades programadas por Naciones Unidas en el calendario original de ejecución de los Acuerdos, la inmensa mayoría tienen que ver con el previo cumplimiento de las reformas planteadas a la Fuerza Armada y los Cuerpos de Seguridad. Todo eso se hizo a cambio de la desmovilización de la guerrilla del FMLN, para, solo entonces, convertirse en partido político legal y legítimo.

En la medida, como se ve, al paso del tiempo, cada vez más claro, de que lo más de relevante de los acuerdos fue la reforma militar, también en esa misma medida lo económico y social fue menos importante. El tema económico social fue la parte más limitada de los AdP. En la agenda de Caracas, 21 de Mayo del año 1990, en la que se incluyó este punto en el lugar numero 6, se le definió como Problema Económico-Social, pero en el Acuerdo de Nueva York, de septiembre del año 1991, se le definió como “Tema” Económico Social, es decir ya no se planteó como problema, cambio de gran significación política.

Durante el proceso de negociación, como ya se señaló, el FMLN dejó constancia de que la redacción del Art. 211, en el punto que define a la Fuerza Armada como institución “permanente” no era acorde con su posición sobre el particular en los acuerdos tomados en México en abril de 1991. Sin embargo, planteada la campaña electoral presidencial recién pasada (2004), el FMLN hizo una declaración escrita afirmando que retiraba esta reserva y que además, se comprometía a no volver a plantear tal demanda.

Este tema de “permanente” fue y es un asunto políticamente significativo ya que había sido llevado a rango constitucional en la Constitución de 1983, que en ese momento se hizo con una clara intención contrainsurgente con Roberto D΄Aubuisson como Presidente de la Asamblea Constituyente, para deslegitimar a una guerrilla muy fuerte y actuando por reivindicaciones indiscutiblemente legítimas. Es decir, la guerrilla desapareció sin embargo el vocablo permanente de la FAES se mantuvo.

En esencia los Acuerdos, aunque fueron acompañados de otras reformas y el planteamiento de la creación de nuevas instituciones como la Policía y la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, todas ellas se derivaban como complemento necesario de la reforma militar.

De tal manera que analizar los problemas de la PPDH sin ver las relaciones con el tema de la reforma del uso de la fuerza, por ejemplo, no tiene sentido si no observamos la conducta de quienes explican el porque de su creación.

No se produjeron cambios en la estructura económica oligárquica una de las principales provocadoras de la guerra civil. Se afectó a los protectores de esa oligarquía, es decir a los militares, pero no se afectó, para nada, a quienes estos protegían.

Lo económico y social no se abordó en su magnitud por lo que se priorizó lo militar, se mantuvo prácticamente intacto el poder de la oligarquía que ahora, quince años después, constatamos ha sido y es el verdadero causante de los males de nuestra sociedad.

El FMLN creyó que era la reforma de la fuerza armada lo primordial, pero ahora, aunque tal reforma era de suyo importante, podemos concluir que lo fundamental era también transformar el poder de la oligarquía que ahora se ha convertido en algo más poderoso ya que ha logrado concentrar más riqueza que genera pobreza e inequidad.

¿Se produjo la reforma militar? Sí, en términos cuantitativos pero no en lo cualitativo que era lo sustantivo. No, porque los militares no quisieron, sino que porque actores políticos claves no trabajaron en esa dirección. Por un lado, la derecha oligárquica de ARENA no estaba interesada en hacerlo y el FMLN creyó, quizás ingenuamente, que bastaba con firmar el Acuerdo para que el cumplimiento de los compromisos adquiridos vendrían por el fiel respeto a los mismos y gracias a la lógica y dinámica política del proceso.

Lo preocupante es que si por un lado no se tocó el poder oligárquico y por el otro, no hubo cambios significativos en materia de fuerzas armadas, lo que operó fue una suerte de maquillaje.

Por eso es que parece candido e ingenuo afirmar que, con los Acuerdos, se desmanteló la dictadura militar. El hecho de que la FAES se redujera en su tamaño, se disolvieran los cuerpos de seguridad bajo su control, que perdió funciones que ella tenía con rango constitucional y suprimiera batallones de contrainsurgencia, no tiene nada que ver con desmantelar nada. La raíz de la dictadura salvadoreña no nace sólo de las fuerzas armadas sino del fondo de una oligarquía feroz y sumamente refractaria.

Sobre el informe de la Comisión de la Verdad lo crucial no es que no se cumplieron sus recomendaciones, como se escucha comúnmente, sino que porqué no se cumplieron. Principal razón: porque la FAES rechazó, instantes después de su publicación, frontalmente y de plano tal informe como institución y mucho espíritu de cuerpo. Aquí podemos decir que fue el inicio del fracaso de los Acuerdos. ¿Cómo se iban a cumplir tales recomendaciones si el poder militar, ese actor protagónico, arrogante y decisivo, con complicidad civil, rechazaba vehementemente todo el informe? Y además, sucedió igual y quizás de peor manera, con el informe de la Comisión Ad Hoc que ni tan siquiera fue hecho público.

De tal manera que la amenaza que hoy enfrentamos, es que de nuevo la cúpula militar se convierta en defensora de este régimen oligárquico que no se ha podido cambiar.

Por otra parte señalar que este problema trasciende a El Salvador. La forma de parar la ola de izquierdismo y “populismo” por parte de Estados Unidos es el intento de militarización del continente. Y el militarismo es como la llamada globalización, casi imparable, a no ser que este encuentre gobiernos que busquen liberarse de la excesiva dependencia de USA. Pero la búsqueda de insertarse en este proceso de emancipación que vive América Latina, no es precisamente la actitud de los actuales gobiernos de El Salvador.

En ese proceso de remilitarización El Salvador ocupa el primer lugar como aliado incondicional del Pentágono, actor que jugó un papel de primera línea durante la guerra civil, que hoy más agresivamente actúa con iniciativas privilegiando sus relaciones de ejércitos a ejércitos, tomando así decisiones bilaterales ocultas, ignorando a la institucionalidad civil de Estados y Gobiernos electos democráticamente, no importa el país.

Elías Antonio Saca argumenta que la presencia salvadoreña en Irak es de índole “solidaria” y que constituye “una muestra de gratitud por la ayuda recibida de Estados Unidos durante el conflicto armado en el país, entre 1980 y 1992”. Pero debería precisar que se refiere a la ayuda militar billonaria que el Pentágono entregó a los militares para intentar derrotar a la guerrilla del FMLN.

La reforma militar no se produjo en todo su significado por culpa o sola responsabilidad de los militares, sino por incumplimiento de la misión de la clase política en el contexto de un régimen que pretende ser democrático. Constituye un fracaso en el proceso de construcción de un Estado de Derecho.

A este respecto, hay que registrar un hecho para la memoria y subrayar que, por parte del FMLN, de los diez que firmaron los Acuerdos en su representación, solamente quedaron perseverantes tres: Nidia Diaz, Salvador Sánchez Cerén y Schafik Jorge Handal. El resto permanecieron un período relativamente muy breve para luego abandonar y escapar a formar tienda aparte. Por eso es que “celebrar” el 15 aniversario con los firmantes que ahuecaron no tiene significación para la construcción de la paz. Al renunciar, también renunciaban a su compromiso con los Acuerdos que habían adquirido en representación del FMLN. ¿Ahora en estas pomposas celebraciones a quien representan?

Preocupa que líderes políticos, representantes de organizaciones sociales, no comprenden el sentido del militarismo hoy. No se trata siempre de ver a los militares nombrando presidentes, como ministros o dirigiendo instituciones autónomas, reprimiendo abiertamente al movimiento popular, o dando golpes de Estado. Militarismo es el modo de pensar de aquellos que propugnan por el uso de la fuerza para enfrentar la conflictividad. No existe “dictadura civil” como se dice, o cualquier tipo de dictadura, sin el firme respaldo de los aparatos armados del estado.

Ya a mediados del siglo XIX, tanto el socialista Louis Blanc como el anarquista Pierre Joseph Proudhon, veían la amenaza de los gobiernos autoritarios que recurrían al ejército no sólo para defenderse de alguna amenaza externa, sino para protegerse y reprimir al “enemigo interno”: la grave conflictividad social alimentada por el descontento de las clases desposeídas, por sus necesidades básicas insatisfechas, de la propia nación.

Preocupa ver al ejército más y más involucrado en seguridad pública desde el año 1993, las políticas de manos duras y súper manos duras, leyes antiterroristas, el permanente cambio para endurecer la ley penal y leyes de defensa nacional y proyectos de ley de seguridad nacional, que priorizan la represión y con ello la vieja concepción de defensa del Estado y no la defensa de los derechos humanos.

Inquieta la grave crisis de seguridad ciudadana que atravesamos en El Salvador lo cual indica, después de quince años, una desgracia, el fracaso en la construcción de un Estado de Derecho.

Todo esto fortalece la creencia de que la clase dominante y USA acaricia de nuevo la tentación totalitaria y que el régimen salvadoreño tiende a descansar cada vez más en las fuerzas armadas. Un gobierno apoyado en el ejército y la policía, que es lo que los Acuerdos quisieron cambiar para siempre, esto es en la Fuerza y no en el Derecho, es antítesis de una sociedad justa y libre, democrática.