Las pistolas taser: Contra los ciudadanos y la policía y a favor del gobierno

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) pide 25.000 armas taser "para hacer frente a un episodio violento, de acuerdo con los principios básicos de actuación de proporcionalidad, oportunidad y congruencia”.

Quizás esta petición esté de acuerdo con los pomposos ‘principios establecidos en el Ordenamiento Jurídico’, pero desde luego no dentro del sentido común, así que con 25 mil o con 25 es hora de echarse a temblar una vez más.

En la prensa de 2017 se lee que "según datos proporcionados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria a preguntas del diputado socialista Antonio Trevín, desde 2011, primer año sin actividad asesina de la banda, han muerto en el transcurso de su labor policial 13 agentes."

(todos los entrecomillados son de: https://www.elconfidencial.com/espa...)

"En concreto, en ese primer 2011 no hubo ningún funcionario del cuerpo fallecido en acto de servicio; en 2012, cuatro; en 2013, cero; en 2014, tres; en 2015, cinco, y en 2016, uno. De los cuatro que perdieron la vida en 2012, tres se ahogaron al intentar recatar a un hombre en el mar".

Sin embargo, "en los mismos años, entre 2011 y 2016, se suicidaron 55 miembros de la Policía Nacional (cuatro veces más de muertes que las citadas anteriormente). Los dos últimos años fueron los más tristes, con 11 y 10 funcionarios que decidieron quitarse la vida, según refleja también una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a otra pregunta del mencionado diputado Trevín."

Curiosamente no resulta fácil leer sobre los agentes heridos, ¿cuántos, qué tipo de lesiones, su gravedad, la causa? Uno es mucho, no debería haber ninguno, tampoco entre los manifestantes.

Es bastante raro que no se publique esta información con detalle, especialmente cuando se alaban las taser como armas para prevenir agresiones, pero no asesinatos, atentados y crímenes muy violentos.

Es como poco sospechoso que hagan falta al menos 25 mil pistolas taser para proteger a los policías de los manifestantes -¿acaso hay otros destinatarios?- en un país con bajos índices de violencia y que, por evidentes razones, no conoce apenas huelgas ni salvajes ni domesticadas, donde la mayoría de las manifestaciones son ‘convocadas’ por la Cadena Estar y por los diferentes poderes (locales y nacionales) y casi todas consisten en desfiles de drag queens por las zonas más comerciales del centro de las ciudades, carreras por los parques y fiestas callejeras con puestos de chorizo a la plancha y cerveza de bote organizadas por adolescentes de 16 años que viven a 5.000 kms. de nuestras oficinas de empleo, perdón, de las ‘Agencias de Promoción Económica y Empleo’.

Por otro lado es sabido que los agentes denuncian ‘de oficio’ agresiones de los manifestantes para cubrirse en un juicio en el caso de una denuncia por parte de éstos cuando son agredidos por aquellos.

¿Qué es lo que realmente necesitan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad para disminuir sus cifras de fallecidos: más instrumentos de represión contra sus compatriotas?

¡Qué extraño!, sobre esto no se lee en el ‘ordenamiento jurídico’. ¿Se trata entonces de la nueva carne de cañón en tiempos de paz? ¿en el siglo XXI? ¿en una democracia modélica, bla bla bla? ¿para proteger a quién y qué valores superiores de la democracia?

A cualquiera con sentido común se le ocurre otra medida política antes que gastar en pistolas taser que podría disminuir más eficaz y democráticamente esas cifras:
Para empezar más formación en Derechos Humanos Universales y en la Constitución, especialmente en los capítulos de derechos fundamentales. En todas las instituciones, desde los centros educativos hasta la Moncloa y desde luego donde se forman y trabajan los encargados por la Constitución de proteger aquellos.

Esto está en línea con ese ordenamiento, pero por una razón que salta a la vista el poder está más interesado en invertir en defensas para los defensores de la democracia, que en promover ésta y por eso se dedica a advertir, amenazar y reprimir a la ciudadanía que se aventure a decir lo que piensa de sus problemas y del gobierno en voz alta en la calle.

La letra con sangre entra se decía en tiempos más felices (para algunos, ni siquiera había taser, había la ley de fugas).

Como el poder se pasa ese ordenamiento por ahí (la autoridad es inversamente proporcional a aquél, no necesita de aquél ni de sus métodos), el SUP podría dar una lección de democracia a ese poder -a coste cero, algo acorde con los tiempos- declarando que no necesita las pistolas taser porque su misión, según se lee en el artículo 104 de la Constitución, dice:

Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

No es difícil comprender que una acción policial rigurosamente ajustada al artículo 104, ajena al abuso de poder, a la provocación, a la trampa de los infiltrados, la incitación a la violencia y trucos similares, es el mejor arma para que los agentes de policía se ganen el respeto que esperan de los ciudadanos e incluso consigan su aprecio siempre, no sólo cuando salvan a personas en acciones heroicas. Ahí reside su seguridad, no en miles de pistolas.

El objetivo de la protesta política y social ciudadana no es agredir a la policía; en este país no se ataca a la policía por la calle, ni se hacen emboscadas, ni se la provoca ni agrede de ninguna forma, aunque algunos reaccionan para defenderse cuando es reprimida, a veces salvajemente, como recuerdan las imágenes de muchas manifestaciones, en particular las recientes en Catalunya.

El objetivo de la gente que protesta es presionar a la casta, aunque ésta se haga la loca y en vez de atender las reivindicaciones responda enviando a los policías a la calle para explicar a porrazos a los manifestantes el significado verdadero de la democracia que en opinión de aquélla se merecen los de abajo.

No son delincuentes ni tan siquiera son peligrosos, son personas estafadas en sus derechos, heridas en su dignidad y expulsadas de la política, con las que el poder sólo cuenta a la hora de votar, es decir, cinco o diez minutos de actividad ‘política’ cada vez que tiene a bien convocarlas, mientras que durante 364 días al año las torea con pases como la reforma del artículo 135, con la interminable corrupción, con el incumplimiento diario de sus promesas, tirando al cesto de la basura las iniciativas populares…

La suerte que tiene la casta es poder usar alegremente el dinero de esas personas, los contribuyentes, para pagar unos incentivos a los policías a fin de que la protejan de la justa ira de los ciudadanos, así que venga tasers, venga porras y venga medallas, que ya se acerca la declaración de la renta de los idiotas.

La formación en más democracia, en lugar de formación en más represión, probablemente ayudaría a que la cifra de suicidios también disminuyese.
Resulta extraño leer declaraciones como ésta:

“Desde el año 2000, como aparece en la misma contestación del Ejecutivo en el Congreso, 140 policías se han suicidado, tres más de los que anunció El Confidencial hace seis meses. El problema es abordado con enorme discreción dentro de la institución, que no habla públicamente del asunto, al entender que eso puede generar un efecto llamada y provocar más sucesos desagradables. Algunos sindicatos, sin embargo, piensan lo contrario y consideran que es necesario coger el toro por los cuernos, abrir el debate, buscar las causas y publicitar abiertamente herramientas que la Dirección General de la Policía ponga a disposición de las personas en riesgo de cometer estos actos.

Extraño porque el Gobierno y la prensa dan ‘explicaciones’ sobre la necesidad de aumentar la represión, pero ninguna sobre las causas de la cifra de suicidios.

Queda patente la preocupación del gobierno (del PP y PSOE, que como en casi todo están de acuerdo en lo que les mantiene en el poder) y de algún sindicato policial en la cuestión de la defensa de la labor represora de la policía en comparación con la defensa de la vida de los policías.

Lo normal en un Estado social y de derecho sería atacar las causas de los suicidios en la policía, que claro que se conocen aunque no se publiquen. Hay estudios realizados por la propia policía y por investigadores universitarios.

La “Primera Jornada de Prevención del Suicidio en el Ámbito Policial” se celebró el 16 de abril de 2018 en Valencia.

www.sup.es/sites/default/files//zon...

En su informe se dice que “el índice de suicidios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es notablemente superior a la media en el resto de la población, el triple en el caso de la Guardia Civil y el doble en la Policía Nacional.” (página 3)

También que “el 71% (de los agentes que se suicidaron) utilizaron el arma de fuego para materializar su suicidio. El 94% pertenecían a las escalas básicas (policías o guardias).” (p. 3)

Además, “el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los policías en activo, mucho mayor que el fallecimiento en intervenciones profesionales.” (p. 3)

El problema no es la exposición de los datos, es su explicación de las causas. Las que se relacionan en el informe no parece la definitiva:

“el suicidio se lleva a cabo por el cúmulo de una serie de factores diversos (laborales, personales, familiares, sociales, individuales, etc…) que van produciendo en el agente ansiedad, estrés y/o depresión que le llevan –ante un episodio detonante- a materializar la intención suicida.” (p. 4)

No se dice por qué ese cúmulo de factores afecta dos y hasta tres veces más a los policías y guardias civiles que a los bomberos, el personal de urgencias, los controladores aéreos, los parados de larga duración, los ciclistas que reparten comida contrarreloj entre el denso tráfico, pilotos de avión, agentes de bolsa, etc.

La siguiente razón ‘profesional’ no es exclusiva de la policía:

“Debido a su profesión, el trabajador de la seguridad pública se ve abocado a participar activamente en vivencias que muestran el lado más desolador de la experiencia humana: asesinatos, agresiones, accidentes con heridos, violaciones, pederastia, terrorismo, catástrofes, etc… que necesariamente dejan una huella en la psique del agente.” (p. 4)

Es razonable pensar que esas vivencias afectan a muchas otras personas como familiares directos, otros parientes, amigos, vecinos, testigos, lectores de noticias, por no hablar de otros profesionales como los de la sanidad, etc.

¿Cabe pensar que algunas acciones dentro del desempeño laboral en el límite legal y más allá, la reacción íntima ante el ejercicio de la represión, la violencia planificada o alentada, la impunidad (y hasta el premio en medallas, promociones y monetario) puede tener más que ver con el suicidio que las razones citadas anteriormente?

En la página 5 del informe se lee que “el sentimiento de aislamiento social o la convicción de resultar una carga para otras personas o para la sociedad son también circunstancias que influyen en la decisión de suicidarse.”

¿Por qué habrían de sentirse aisladas aquellas personas que son felicitadas públicamente a menudo, que son vitoreadas por la gente con motivo de algún salvamento o acción valerosa?

¿Por qué ha de sentirse una carga para la sociedad o la familia un funcionario que se gana la vida como servidor público y tiene trabajo y pensión garantizados?

Es preciso buscar más intensamente en otro sitio si se quiere solucionar el problema.

Sin embargo sería mejor eliminar éste: fuera taser, fuera represión, fuera trucos ilegales; a cambio potenciar al máximo el artículo 104 en la policía y en la sociedad.
De todos modos lo mejor sería cambiar el gobierno que compra las pistolas taser y promueve la represión, es probable que éstas tengan más relación con el problema.

Para eso se necesita la conciencia de clase en una masa crítica de trabajadores, policías incluidos. El gobierno puede estar tranquilo, aún sobran muchos tasers para tan poca conciencia, no hace falta que compren más de momento.