La abogada Patricia Moreno Arrarás explica la situación de las prisiones venezolanas

Velando por una mejor ley penitenciaria

La abogada Patricia Moreno visitó la Penitenciaria General de Venezuela, en la que viven entre 300 y 400 reclusos. Los agentes de la Guardia Nacional, "armados hasta los dientes no se atrevían a entrar", comentó y ella lo hizo acompañada por el capellán de la cárcel, que casualmente era catalán, y dos funcionarios de prisiones que por primera vez traspasaban ese umbral. El panorama, según Moreno, era "espeluznante": "El interior es como el de una nave industrial, pero se encuentra arrasada porque absolutamente todo lo han destrozado los presos; no hay iluminación, ni se puede identificar dónde están las celdas y dónde no, hay un nivel de suciedad impresionante y el equipamiento es nulo", relató. En este sentido, la letrada explicó que con las puertas y camas los presos han construido "parapetos" a modo de trincheras, los cuales presentan impactos de bala, que utilizan para separar las zonas controladas por los distintos grupos. "No se ve rastro de ningún funcionario" porque "nadie quiere entrar dentro", señaló y agregó que la única labor de vigilancia se realiza desde el exterior: "La Guardia Nacional custodia el perímetro, de tal modo que si sale alguno le pega cuatro tiros y se acabó".

El proyecto de la nueva ley penitenciaria

EL Gobierno de Hugo Chávez se fijó como objetivo en los últimos meses de su anterior legislatura dotar a Venezuela de una Administración penitenciaria totalmente nueva ya que su sistema actual, según la abogada Patricia Moreno, "se ciñe a meter al preso dentro y, si hay suerte y sobrevive, cuando acaba la condena sale". Por ello, decidió refundir la normativa existente sobre esta materia en un nuevo Código Orgánico Penitenciario. Para su elaboración, requirió los servicios de asesoramiento de expertos en derecho penitenciario, entre ellos, de Moreno, que ha participado en la elaboración de "una ley que facilite al operador jurídico su trabajo".

El viaje de Moreno a Venezuela vino enmarcado dentro del convenio suscrito entre el Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP), con sede en Valencia, y el titular en ese momento del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia venezolano, Yesi Chacón. Como dicha fundación carecía de especialistas en esta materia, se puso en contacto con Margarita Martínez Camilla, profesora de Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Complutense de Madrid, y los abogados pamploneses Mikel Armendáriz y Patricia Moreno.

Cuando Moreno llegó a Venezuela, después de que hubieran estado trabajando durante quince días sus dos compañeros, se reunió con el viceministro de Interior, Yuri Pimentel, quien le comunicó que "lo prioritario, el buque insignia, era el Plan de Humanización". Éste es un proyecto "de reforma integral de todo el sistema penitenciario que consiste en sustituir la totalidad de las prisiones que existen por otras nuevas, así como reemplazar al personal que trabaja en ellas", explicó Moreno.

Según la letrada, la razón de esta radical postura es el "espectacular" deterioro que sufren las infraestructuras y el "enorme" nivel de corrupción de sus trabajadores. Tanto es así, que "la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso ha perdido el control de las prisiones, de tal manera que los funcionarios prácticamente no entran", manifestó Moreno.

En este sentido, argumentó que está "asumido que en las cárceles había y sigue habiendo armas de fuego, armas blancas e incluso granadas, así como que hay continuas guerras entre los grupos de poder por el control del recinto, y que éstas ocasionan decenas de muertos". No es de extrañar, ante esta realidad que el primer objetivo sea "garantizar la vida", como indicó Moreno.

Sin embargo, Moreno se centró en el asesoramiento legal. El primer problema al que tuvo que enfrentarse fue la escasa formación, voluntad y capacidad de los miembros que formaban parte del equipo codificador. Este grupo presentó ante la Asamblea Nacional un primer proyecto, en el que tanto Moreno como Armendáriz y Martínez pudieron intervenir muy poco y que tenía "artículos repetidos, se saltaba otros, era más conservador...", relató la experta.

Tras conversar con Pimentel sobre las carencias existentes y crear un equipo codificador más competente, Moreno se dispuso a trabajar en el nuevo proyecto con la "intención de no retroceder respecto del anterior, del año 2.000, que fuese coherente, que se entendiera, que no hubiera contradicciones con respecto al Plan de Humanización y que, ya que estábamos, se introdujeran mejoras progresistas". Todo ello, en menos de dos meses, ya que al Gobierno de Chávez le urgía aprobarlo antes de las elecciones del 3 de diciembre.

Novedades

Con respecto a la legislación anterior, el equipo codificador introdujo una serie de novedades que Moreno enumeró: los permisos de salida ordinarios; un sistema de mediación para la resolución de conflictivos que "no sea a tiros"; la posibilidad de que se hicieran departamentos mixtos, ya que es muy habitual que haya parejas y familias en prisión; la reducción de las sanciones de aislamientos; que existiera un procedimiento disciplinario en el que el preso tuviera la posibilidad de defenderse antes de que se le imponga una sanción; fomentar las fórmulas alternativas de cumplimiento; así como establecer procedimientos más claros para que los jueces tuviesen plazos más concretos a la hora de resolver. Y así evitar otro de los problemas judiciales que, según esta abogada, existen: el retardo procesal. De hecho, más de la mitad de la población reclusa se encuentra de modo preventivo, sin una condena.

La letrada en un momento de su explicación

Moreno hizo especial hincapié en que no acabó "nada contenta" con el resultado del proyecto que se presentó a la Asamblea Nacional, ya que "nos metieron mucha prisa" por la "oportunidad política" que representaba aprobarlo antes de los comicios, a pesar de que con un mes más lo "hubiésemos hecho bien".

Tanta prisa para que ahora, relató Moreno, "el proyecto esté durmiendo el sueño de los justos. No se sabe qué va a pasar con él" porque después de las elecciones Chávez cambió a los titulares de todos los ministerios, incluido el de Interior y Justicia, responsable de esta parcela, y, además, desde el pasado 1 de febrero entró en vigor la Ley Habilitante, que autoriza al poder ejecutivo, Chávez, a legislar en los temas vinculados a la Administración penitenciaria.

Qué pasará

La abogada mostró su escepticismo ante la incógnita que supone no saber "quién va a armar el difícil puzzle dentro de la Asamblea Nacional, si es que se mantiene el proyecto. Ni tenemos claro que respeten el proyecto que presentamos, del cual no estamos orgullosos".

Moreno, quien no se mostró afín a Hugo Chávez, afirmó que "esta crítica feroz a las cárceles venezolanas" no se dirige a la Administración actual, la única que, con mayor o menor éxito y voluntad, ha intentado atajar el problema de burocratización y corrupción que heredó.

A pesar de todo, Moreno constató que el principal problema no es la cárcel, sino "la pobreza, la marginalidad que hay detrás de las personas presas". Una situación que se agudiza en Venezuela, donde la población se ha duplicado en veinte años y donde ha caído el bienestar tras las fluctuaciones en el precio del petróleo, de modo que un elevado porcentaje de la población vive en la calle, desasistido o en condiciones infrahumanas, según Moreno. Por ello, estimó que "no hay ningún proyecto penitenciario, ni nada, que solvente una realidad social desestructurada o tan violenta como la de este país".

Patricia Moreno viajó a Venezuela con la intención de transmitir su filosofía: "Que las cárceles sean instituciones más abiertas en las que se garantice por lo menos la vida y que el problema del delito no se soluciona ni muchísimo menos con el derecho penal, ni con medidas privativas de libertad. Es indudable que tiene una raíz de desigualdad y marginalidad enorme".

Comparación
Países
La población penitenciaria venezolana suma 20.000 reclusos, mientras que en el España hay 65.000 (150 presos por 100.000 habitantes, el doble que en Venezuela). En cuanto a las cifras anuales de homicidios, oscilan entre 9.000, según datos oficiales, y 16.000, cuando en España se registran 1.200.

La cifra
400 muertos. 400 personas mueren al año en las cárceles venezolanas.

La frase
"El principal problema no es la cárcel, sino la pobreza, la marginalidad que hay detrás"
Patricia Moreno. Abogada especializada en Dcho. Penitenciario

Diario de Noticias de Navarra