La Izquierda colombiana en ascenso

Este artículo constituye el Anexo II del importante trabajo “Colombia, un país formal y otro real” publicado en esta misma web gracias a la Fundación CEPS.
Es importante acudir al trabajo citado y descargar el documento adjunto (que contiene la totalidad del estudio) si se desean consultar las notas a pie de página que contiene este artículo.

La apabullante reelección de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales del 28 de mayo de 2006, precedida de la victoria por mayoría absoluta de los partidos de la derecha de tendencia uribista en las legislativas de marzo, pareciera consolidar en Colombia un escenario político conservador ajeno al giro a la izquierda que se ha experimentado en Latinoamérica en la última década (Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile) como rechazo al fracaso de las políticas económicas y sociales impuestas por el consenso de Washington. Sin embargo, al mismo tiempo, las fuerzas progresistas viven un ascenso paulatino que arrancó en los comicios locales de octubre de 2003, con la conquista de las alcaldías de Bogotá y Medellín y la Gobernación del Valle del Cauca, y avanzó contundentemente en las últimas presidenciales: Carlos Gaviria Díaz, al frente de la amplia coalición del Polo Democrático Alternativo (PDA), obtuvo 2.609.412 votos, el 22,04% del total, el mejor resultado alcanzado por la izquierda colombiana en toda su historia. Esta supuesta paradoja obedece a razones múltiples y diversas que hay que buscarlas no sólo en las singulares características de la historia de este país sino también en las peculiaridades de su estructura política y de sus procesos electorales.

Colombia ha sido, desde sus orígenes como República, un país dominado por unas elites tradicionales, articuladas en torno a los liberales y conservadores, que han ejercido un férreo control del poder político, económico y social sin tener que compartirlo con las minorías y los sectores populares, marginados en la toma de decisiones sobre el modelo de Estado. La herramienta para mantener este poder absoluto y excluyente ha sido la violencia, que desde finales de la década de los 80 del siglo pasado se ha recrudecido por influencia del narcotráfico, fuente de financiación de todos los actores del conflicto armado, social y político que vive el país. A pesar de la violencia que ha instigado, la oligarquía colombiana se caracteriza formalmente por su tradición civilista reacia a la instauración de regímenes militares aunque el militarismo y el autoritarismo están dentro y fuera de las Fuerzas Armadas y son el elemento cohesionador de quienes ostentan del poder. Por eso, a diferencia de la cultura antiautoritaria predominante en los países latinoamericanos que han sufrido las dictaduras militares, la sociedad colombiana no tiene la memoria histórica ni los mecanismos adecuados para reaccionar frente a la irrupción de proyectos autoritarios como el de Uribe Vélez.

Hasta 1991, especialmente durante la vigencia del Frente Nacional , los partidos tradicionales Liberal y Conservador dominaron el panorama político colombiano. La promulgación de la nueva Constitución en 1991 produjo una serie de transformaciones importantes en el ámbito político y electoral, como fueron la implantación de una circunscripción nacional para el Senado (antes Senado y Cámara de Representantes, las dos instituciones que forman el Congreso, eran de representación territorial) y la flexibilización de las normas para la creación de partidos políticos. Todo ello complementado con una serie de mecanismos que buscaban quitarle fuerza al caciquismo que se había apoderado del sistema político tales como la ampliación de inhabilidades e incompatibilidades, o la exclusión de figuras nefastas para la calidad de la democracia colombiana como los auxilios parlamentarios y los carruseles de curules (escaños) .

Estos esfuerzos de modernización institucional promovidos para transformar el sistema bipartidista liberal-conservador en un sistema pluripartidista armónico y fuerte permitieron el ingreso al panorama electoral colombiano de un gran número de partidos y movimientos minoritarios provenientes de la izquierda recién desmovilizada y de los grupos étnicos, quienes por primera vez tuvieron una participación en la política nacional relativamente acorde con su importancia demográfica y cultural. Pero, a la vez, se desencadenó una atomización incontrolable de las fuerzas políticas y la fragmentación de los partidos tradicionales . Para tratar de evitar o mitigar la desaparición de los partidos, en 2003 se promulgó una nueva ley de partidos políticos. Esta norma establece que los partidos deben presentar una lista única que puede ser cerrada simple, lo que fortalece la disciplina partidaria, o cerrada con voto preferente, que permite a los electores dar prioridad dentro de la lista a un candidato específico. Además, los partidos, al igual que ocurre en los regímenes parlamentarios, deben organizarse en bancadas unitarias y podrán aplicar mecanismos disciplinarios sobre los congresistas que se desvíen de la línea política marcada por la dirección. Para contar con personería jurídica los partidos deben obtener por lo menos el 2% del total de los votos emitidos.

Del canibalismo a la unidad

Las organizaciones de izquierda democrática, a pesar de los esfuerzos de las élites por bloquear cualquier manifestación de oposición, han cumplido un papel destacado en la política colombiana extraparlamentaria que les ha permitido estar presentes en la vida sindical y en la mayoría de las luchas populares del pueblo colombiano. A raíz de la expedición de la Constitución de 1991, esa presencia política se extendió al ámbito electoral obteniendo una representación en las distintas corporaciones públicas de elección popular relativamente importante. Sin embargo, hasta ahora su crecimiento no ha sido acorde con su potencial electoral -los sectores más pobres y marginados del país, donde se dan los más altos índices de abstención - debido a varios factores, tanto internos como externos a la propia izquierda, entre los que se pueden destacar: su tradicional canibalismo y dogmatismo que la han mantenido generalmente dividida, confundida y dispersa; la guerra sucia desatada en su contra que le golpea directamente (genocidio Unión Patriótica) o indirectamente vinculándola con la violencia guerrillera que para la sociedad colombiana, en términos generales y por efecto de la persuasión del Estado, es la causa del subdesarrollo del país; la falta de una condena clara a la lucha armada que ha impedido a la izquierda consolidarse en la mentalidad del colombiano corriente como una alternativa real; y las diversas modalidades de fraude electoral (compra de votos, manipulaciones en el censo, presiones de los grupos armados, etc.).

A todos estos elementos se podría añadir la alta abstención, pero ésta ha sido una constante en los procesos electorales en Colombia tanto cuando la izquierda ha quedado fuera del mapa político como en las pasadas presidenciales en que se convirtió en la segunda fuerza del país; por eso, más que una causa de que hasta ahora las fuerzas progresistas no se hayan consolidado, la elevada abstención es la evidencia del fracaso de un modelo del que se desentienden la mayoría de las y los colombianos y es responsabilidad de todos los actores políticos implicados, incluida la propia izquierda.

En las tres primeras décadas del siglo pasado, el auge de las ideas socialistas impulsado por la revolución rusa fue respondido desde el Estado con una dura represión que provocó incontables muertos (masacre de las bananeras) y el encarcelamiento de los dirigentes obreros y campesinos. En 1930 se constituyó el Partido Comunista, que mantuvo alianzas con los liberales para llevar a cabo reformas sociales y cambios constitucionales. El asesinato de Gaitán en 1948 desencadenó una oleada de violencia entre liberales y conservadores en la que los muertos los pusieron los sectores populares. El golpe militar del general Rojas Pinilla en 1953 (que declaró ilegal el PC) y la vigencia del Frente Nacional sacó fuera del escenario electoral a la izquierda, que durante años se limitó a dar su apoyo a los candidatos liberales más progresistas. En 1970, la izquierda respaldó la candidatura a la Presidencia del ex dictador Rojas Pinilla, al frente de la Alianza Nacional Popular (Anapo); todo apunta a que el fraude impidió su triunfo y trajo como consecuencia que los sectores más izquierdistas de su partido formaran años después la guerrilla del M-19, que se sumó a los otros grupos insurgentes que ya existían desde mediados de la década de los 60, como las FARC y el ELN.

En 1972 se crea la Unión Nacional de Oposición (UNO), posiblemente el primer proyecto sólido de coalición de fuerzas de la izquierda, que aglutinó al Movimiento Amplio Colombiano, al PC y al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR). En las elecciones de 1974 sólo logró el 2,6% de los votos y ganó Alfonso López, el candidato oficial de los liberales que a principios de los 60 fue apoyado por los sectores populares. En las legislativas de 1978 el resultado no fue mucho mejor (4,4%) y la abstención alcanzó el 55%. La izquierda.concurrió unida en torno a la candidatura de Gerardo Molina a las presidenciales de 1982, pero retrocedió en resultados (1,5%). Cuatro años más tarde, las esperanzas se depositaron en la Unión Patriótica, el joven movimiento surgido en 1985 como consecuencia del alto el fuego alcanzado entre las FARC y el Gobierno, que agrupó no sólo a formaciones de la izquierda sino también a independientes y a liberales y conservadores disidentes. Su candidato, el magistrado Jaime Pardo Leal, marcó el techo electoral de la izquierda hasta esa fecha: 328.752 votos, el 4,5% del total. Un año más tarde fue asesinado Pardo Leal y la violencia contra la UP, que se ejerció casi desde su fundación, se intensificó hasta hacerla casi desaparecer del escenario político .

Un nuevo proceso de negociación con algunas fuerzas insurgentes propició que el desmovilizado M-19, en coalición con otras fuerzas (Alianza Democrática-M-19), lograra casi un tercio de la votación para elegir los 72 miembros de la Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución de 1991. En ese contexto, el ex comandante guerrillero Carlos Pizarro partía en una buena posición para las presidenciales de 1990. En marzo fue asesinado; días antes también cayó bajo las balas el candidato de la UP, Bernardo Jaramillo, y el año anterior había sido acribillado Luis Carlos Galán, dirigente liberal con más posibilidades de ser elegido candidato presidencial por su partido. Antonio Navarro Wolf reemplazó a Pizarro como candidato y consiguió triplicar la votación de la izquierda: el 12,8%. Sin embargo, las elecciones posteriores de 1991 para conformar el nuevo Congreso y las elecciones para alcaldes de 1992, ubican a las fuerzas de izquierda en un modesto tercer lugar con apenas un 10% del electorado, frente a la suma del 83% del bipartidismo, el cual vuelve a afianzarse en el escenario político colombiano. En los comicios de 1994 y 1998, los votos por los candidatos de la izquierda cayeron nuevamente a cifras cercanas a los 200.000, lo que relativamente significo 3,8% y 1,6% del total, respectivamente. Entre tanto, la abstención de 1994 fue de las más altas en el siglo XX: 65%; en 1998 bajó a 42%.

En 1999 comenzó a fraguarse una nueva coalición de izquierdas para presentar candidaturas en las elecciones locales de 2000 y en las legislativas y presidenciales de 2002. El Frente Social y Político lo formaron el Partido Comunista Colombiano, la Unión Patriótica, Presentes por el Socialismo, Dignidad Obrera, Colectivo Sindical Guillermo Marín, el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo y algunas organizaciones sociales y sindicales. El Frente hizo que el ex presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz, tuviera un escaño en el Senado, obteniendo la quinta mayor votación del país, y que, uniéndose a otras fuerzas progresistas, el ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Eduardo Garzón, quedara en tercer lugar (680.245 votos, el 6,1%) en las presidenciales, superando a otros candidatos consolidados como Noemí Sanín. Representantes de las fuerzas de izquierda que salieron elegidos para formar parte del Congreso constituyeron el Polo Democrático Independiente (PDI) en nombre del cual obtuvo la alcaldía de Bogotá Luis Eduardo Garzón en octubre de 2003.

Este triunfo en Bogotá, el segundo cargo electo en importancia del país, sumado a los 268 concejales, 16 alcaldes, 10 diputados y las gobernaciones de Valle y Nariño (en compañía del movimiento Convergencia Popular Cívica), y la necesidad legal de obtener un mínimo del 2% de los votos propició un clima de entendimiento y acercamiento entre las formaciones de izquierda de cara a la contienda electoral de 2006 con el objetivo común de evitar la reelección de Uribe o de otro candidato de la derecha si finalmente se impedía constitucionalmente que el Presidente se volviera a presentar.

Candidato único de la izquierda

Un mes después de las elecciones de 2003, una nueva confluencia de sectores de la izquierda que no se habían integrado en el PDI apareció en la vida política colombiana. El 27 de noviembre se constituyó Alternativa Democrática (AD) en la que se aglutinaron el Frente Social y Político, MOIR, Unidad Democrática, Movimiento Ciudadano, Autoridades Indígenas de Colombia y Partido Comunitario Opción 7. En junio de 2004, AD lanzó la precandidatura presidencial de su coordinador nacional, Carlos Gaviria. El 8-2-05, el PDI mandó una carta a Gaviria en la que expresaba: “Hemos seguido con mucho interés el proceso que se está desarrollando en torno a su precandidatura a la Presidencia de la República, y en particular a su reiterada convocatoria a la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas. Coincidimos plenamente en que tanto por los intentos reeleccionistas del presidente Uribe como por el creciente clamor de amplios sectores de la sociedad colombiana por una alternativa de izquierda democrática, estamos obligados a hacer todo lo posible por unirnos”.
El 14 de febrero AD respondió al PDI manifestándole que aceptaba iniciar conversaciones para llegar a acuerdos integrales no sólo en torno a un programa común y un candidato único a la Presidencia sino también sobre organización conjunta y listas únicas. En dicha respuesta, Carlos Gaviria señaló que el acuerdo entre ambas fuerzas tendría que ser “un punto de partida para convocar a otros sectores políticos y de opinión, con propósitos afines a los nuestros”. El coordinador de AD explicó que desde el momento en que lanzó su nombre a la consideración de los colombianos, se empeñó “en convocar a todos los sectores de la izquierda democrática colombiana, de diversos orígenes y matices, a un proceso de unidad” y celebró que el PDI hubiera percibido “en su auténtica dimensión” su precandidatura. Gaviria cifró en cuatro breves puntos la propuesta al PDI: “1. Unidad programática. 2. Unidad organizativa. 3. Selección de un candidato único de nuestras fuerzas a la Presidencia de la República. 4. Conformación de listas únicas”. Y concluyó: “Como pueden ustedes apreciar, lo que les proponemos es una unidad total, que para ser sólida y estable requiere un diálogo cuidadoso sobre cada uno de los ítems, que debería comenzar en el término más breve posible”. El 28 de febrero, Carlos Gaviria y Carlos Naranjo, por AD, y Samuel Moreno Rojas y Daniel García-Peña, por el PDI, instalaron oficialmente la mesa de negociaciones, cuyos trabajos se iniciaron el 8 de marzo sobre el punto de unidad programática.

Nueve meses de intensas y en ocasiones tensas conversaciones dieron a luz el Polo Democrático Alternativo (PDA), la nueva fuerza de consenso de la izquierda colombiana cuyo objetivo es “la búsqueda de una Colombia en la que se ejerzan a cabalidad la democracia y la soberanía nacional” convocando “a todas las fuerzas progresistas, democráticas e independientes del país, para que se integren y participen activamente en este proceso, con el propósito de instaurar una verdadera República Democrática en Colombia” . El ideario de unidad del nuevo partido, base del futuro programa electoral, incluía, entre otros puntos, la lucha contra el proyecto reeleccionista y neoliberal de Uribe Vélez; la consecución de la paz por vías civilizadas y el acuerdo humanitario; la defensa de los interés de las clases trabajadoras; mayor inversión en sectores sociales y la resistencia ante la ola privatizadora gubernamental. El acuerdo estableció la constitución de la Mesa de Unidad, integrada por representantes de las dos formaciones y de otras fuerzas políticas, personalidades y aliados que se adhirieran al proceso, cuya función principal era conducir la elaboración de candidaturas conjuntas a las elecciones legislativas de 2006 y convocar la consulta interna para elegir al candidato único presidencial entre Antonio Navarro Wolf y Carlos Gaviria Díaz .

A partir del momento en que se produjo la unidad, el PDA adelantó un fuerte debate interno para definir su orientación programática. Por una parte, la opción defendida por el antiguo PDI de convertirse en una fuerza de centroizquierda con vocación de poder y gobernabilidad donde puedan aglutinarse amplios sectores sin vinculación necesaria a la izquierda tradicional y, por otra, los representantes de la antigua AD que mantienen las reivindicaciones clásicas de la izquierda: defensa de los trabajadores y del trabajo de calidad; mejoramiento de la calidad de vida; defensa de un modelo de desarrollo endógeno con protección a la industria y a la agricultura nacionales; fortalecimiento de la democracia participativa y de la Constitución de 1991 y el rechazo absoluto al TLC.

Estas diferencias se evidenciaron a la hora de conformar listas conjuntas que representaran a todos los sectores. La mayor crisis se dio por la cabeza de la lista única al Senado, que se disputaban el congresista Gustavo Petro , como candidato de AD, y la ex ministra y ex embajadora en España, María Emma Mejía, quien era postulada por el alcalde Luis Eduardo Garzón. A Garzón se le acusó desde las filas de AD de imponer a una paracaidista que nunca había militado en la izquierda. Petro ganó por la abstención de dos representantes indígenas de la dirección del PDA y Mejía retiró su nombre de la lista. Para evitar la ruptura, Petro ofreció el primer puesto a un tercer candidato de consenso, pero Mejía y Garzón desestimaron la propuesta y plantearon que el problema era la radicalización del PDA de la mano de Petro quien estaba bloqueando las propuestas de centro izquierda. Para resolver la crisis, Antonio Navarro anunció que renunciaba a su precandidatura y, cuando Gaviria aceptó la candidatura única, Navarro dijo que volvía a concurrir a la consulta interna.

Aunque los problemas de fondo quedaron pendientes de resolver, el PDA obtuvo un respaldo significativo en las legislativas del 12 de marzo que le otorgó 18 congresistas (900.000 votos frente a los 700.000 de 2002), convirtiéndose en la quinta fuerza parlamentaria a bastante distancia por detrás de los partidos uribistas que consiguieron el control de las dos cámaras del Congreso; la abstención, de casi el 60%, fue de las más altas registradas en la historia. Pero la gran sorpresa de las votaciones de ese día, fue el triunfo en la consulta interna del PDA de Gaviria (53,4%) frente a Navarro (46%). A partir de ahí hubo que limar las diferencias internas para articularse en torno al candidato único que, como muestra de sus intenciones conciliadores, nombró jefe de debate (de campaña) a Antonio Navarro. El masivo respaldo popular que recibió Gaviria desde los primeros actos públicos de la campaña facilitó el proceso de convergencia, al menos durante el periodo electoral, de todos los sectores del PDA.

Guerra electoral de baja intensidad

Un estudio de la Fundación Seguridad y Democracia afirma que el proceso electoral que vivió Colombia en 2006 fue el menos violento de los últimos nueve años. No obstante, hubo 37 asesinatos y 7 secuestros políticos de julio de 2005 a abril de 2006 . Si se le da credibilidad a estas cifras, se añade que el Estado proporcionó financiación a los partidos opositores y que Álvaro Uribe Vélez superó en más de 40 puntos porcentuales a Carlos Gaviria, su más inmediato competidor, parecería que el país avanza firmemente por la senda democrática y renovó ampliamente su confianza en el Presidente que lo ha dirigido en los pasados cuatro años. Sin embargo, si se observa con atención lo ocurrido en la campaña el panorama es distinto y lo que aparentó ser un proceso no exento de dificultades, pero equiparable a los de los países con instituciones sólidas, realmente fue una guerra electoral de baja intensidad contra la oposición en la que el candidato-presidente partió con todas las armas a su disposición y no dudó en utlizarlas para ganarla. Los niveles de violencia física pudieron haber disminuido, pero se sucedieron las agresiones políticas contra los opositores, los escándalos de corrupción y las denuncias sobre fraudes electorales.

Incluso el propio proceso para aprobar la reelección presidencial estuvo plagado de irregularidades. El argumento de los defensores de la reelección fue la supuesta voluntad mayoritaria del pueblo colombiano de extender el mandato de Uribe sin tener en cuenta los criterios por los que la Constitución de 1991 prohibió esta posibilidad: inmunizar al país contra la instauración de dictaduras personalistas o la prolongación inconveniente del mandato democrático, permitir y facilitar .mayor participación y rotación de las diferentes fuerzas políticas en el ejercicio del poder y evitar que.el cáncer del clientelismo siga haciendo estragos a través de las expectativas de reelección . Una vez anunciada la intención, funcionarios del Gobierno se dedicaron a convencer de la bondad de su propuesta a los congresistas. Para ello no tituberaon a la hora de ofrecer un sinnúmero de prebendas y puestos diplomáticos a los parlamentarios que se comprometieran con el proyecto de reforma constitucional .

Los casos más nombrados fueron los de los representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Ambos habían manifestado su decisión de hundir el proyecto de reelección en la Comisión Primera de la Cámara, pero después de recibir las visitas de varios ministros cambiaron su posición: Medina apoyó el proyecto con su voto y Avendaño no asistió a la votación. La revista Semana se refirió al mentado cambio de posición de los representantes con las siguientes palabras: “Las trasnochadas en Palacio no fueron en vano: en esa última cena hubo dos Judas. Yidis Medina, quien justificó su cambio de voto a favor del proyecto diciendo que `Dios la había iluminado’ en una especie de acto de revelación divina. Y Teodolindo Avendaño, representante conservador del Valle del Cauca, quien misteriosamente desapareció el día de la votación. A algún uribista se le oyó decir `lo mandamos pa’Cali’” . Así, comprando voluntades, retrasando la tramitación de otros proyectos y restringiendo la amplitud de los debates, el Congreso aprobó en diciembre de 2004 la reelección inmediata del Presidente de la República.

Durante la campaña todas los candidaturas sufrieron presiones , pero quien más ataques padeció fue la de Carlos Gaviria probablemente porque es la que mayor peligro representa para los intereses de las clases que dominan Colombia y que apoyan sin fisuras a Uribe Vélez. La candidatura de Gaviria no sólo logró aglutinar a la veintena de formaciones que integran el PDA -desde socialdemócratas a comunistas- sino que consiguió ilusionar a parte de las mayorías excluidas y a los desengañados del uribismo con el mensaje contundente de que la solución a los problemas de Colombia no pasa por la lucha armada sino por reconocer que ésta tiene unas causas sociales que hay que combatir radicalmente mediante la implantación de un auténtico Estado Social de Derecho. “Si la democracia es el gobierno de las mayorías y representa el triunfo del interés general, ¿cómo es posible que esas mayorías hayan decretado el infortunio en que se encuentran? ¿Cómo es posible entonces que pueda hacer parte del interés general el que en Colombia haya pobres, haya miserables y que la riqueza esté tan mal distribuida?”, se preguntaba ante los miles de simpatizantes que se congregaron en los mítines realizados en las principales ciudades del país durante la campaña.

Bajo el aspecto bonachón de un Papá Noel, Carlos Gaviria no tuvo reparos en definirse a sí mismo como un radical: “Soy radical en la defensa de la autonomía personal, en la defensa de la igualdad, en la defensa de la justicia”. No prometió cambios inmediatos a una población ávida de transformaciones profundas que les permita salir de la pobreza. Tampoco lanzó soflamas para tratar de desacreditar a sus adversarios. Tan sólo propuso construir democracia sin desigualdad. Y, paralelamente a su ascenso en popularidad, arreciaron los ataques en su contra.

Además de las presiones ejercidas por los grupos paramilitares contra su candidatura y en beneficio de la de Uribe (detalladas en el apartado 1.7 Elecciones 2006: paramilitares en campaña), desde el Gobierno y la campaña de Uribe, que en muchas ocasiones fueron una misma cosa, se desató la guerra sucia para descalificar a los aliados políticos de Gaviria y al propio candidato, que día a día se convertía en el referente de la honestidad. En una cuña publicitaria de la campaña de Uribe aparecía un supuesto miembro de la Unión Patriótica afirmando que su partido mató a gente indiscriminadamente y que ahora apoyaba al Presidente porque los estaba combatiendo; unos aparentes desertores de las FARC afirmaron en televisión que en la universidad reclutaban milicianos a través del Partido Comunista Colombiano. Contra Carlos Gaviria también abundaron los ejemplos: en un noticiero de televisión y en hora de máxima audiencia se afirmó que Gaviria cobra la pensión más alta del seguro social colombiano (unos 7.500 euros) y días después el mismo noticiero reconoció que había sido víctima de una información falsa “proveniente de la campaña de Uribe”; un destacado uribista le acusó en el principal periódico del país de estar apoyado por la izquierda “que no ha querido romper del todo con la violencia terrorista y mafiosa de las FARC”. Inclusó se difundió que había sido interceptado un vehículo en la frontera con Venezuela cargado de millones de dólares que el presidente Hugo Chávez había mandado a Gaviria. La guinda a toda esta campaña de desprestigio la puso el propio Álvaro Uribe Vélez cuando dijo en un acto público: “El país va a tener que escoger ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la seguridad democrática como camino a la paz o vamos a retroceder para que con el comunismo disfrazado le entregue la patria a la FARC” .

De esta forma se pretendió matar dos pájaros de un tiro: deslegitimar a la oposición y neutralizar los numerosos escándalos que han salpicado al Gobierno. Dos responsables de la campaña de Uribe tuvieron que renunciar al descubrirse sus vínculos con narcotraficantes y paramilitares y un ex funcionario del servicio secreto denunció que desde esta institución se facilitaron a los paramilitares nombres de opositores que fueron asesinados y se fraguó un fraude electoral que permitió a Uribe ganar en primera vuelta la Presidencia en 2002 .

Prácticas fraudulentas y victoria relativa de Uribe

Las misiones de observación electoral del Parlamento Europeo y de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se hicieron eco de la guerra sucia contra la oposición sino que afirmaron que “los electores pudieron votar en condiciones de transparencia y de seguridad, a pesar de las dificultades que afronta el país”. Sólo el eurodiputado Willy Meyer, de Izquierda Unitaria Europea, dijo que el nivel de abstencionismo registrado “es malo para la democracia” del país y reclamó una reforma estructural en materia electoral que permita actualizar el censo de votantes .

La conclusión general de este proceso electoral es que la amplia diferencia con la que ganó Uribe no permite cuestionar su victoria, pero aunque no existió un fraude generalizado que hiciera cambiar sustancialmente los resultados finales sí existieron prácticas fraudulentas que en otra circunstancias hubieran podido variar el resultado final . Además de la fragilidad técnica del sistema electoral que permite manipulaciones informáticas, se presentaron denuncias sobre el traslado de mesas y votantes, demora en la entrega de las cédulas nuevas, la clonación masiva de cédulas, la inflación arbitraria del registro electoral y las maniobras para evitar que los partidos de la oposición tuvieran jurados en las mesas y testigos en los escrutinios. Hubo un desplazamiento de mesas de votación en sectores rurales de las zonas donde mayor apoyo tenía la oposición para impedir el voto de muchos ciudadanos y se produjeron hostigamientos de las fuerzas militares y de policía a los simpatizantes de la oposición . Se detectó además la expedición masiva de cédulas falsas (clonación de cédulas) a nombre de abstencionistas tradicionales que fueron utilizadas en lugares de influencia paramilitar. También se pudo comprobar que muchas personas fueron cambiadas de lugar de votación para impedirles el voto.

En cuanto a la entrega de las cédulas (único documento legal que permitía votar), mientras a los ciudadanos que manifestaban su intención de votar por Uribe les agilizaban extraordinariamente los trámites para la expedición de su nueva cédula aquellos que manifestaban preferencia por los candidatos de la oposición eran sujetos a incontables maniobras dilatorias. En este contexto, a pesar de que los casos están debidamente documentados y que se estima que Uribe obtuvo a través de estos métodos irregulares unos 500.000 mil votos, su significación en relación con el total de la votación no es suficientemente importante para denunciar la ilegitimidad de su triunfo por lo que los partidos de la oposición han optado por no denunciar públicamente estos hechos para no ser acusados de ser malos perdedores.

Pero ni la guerra sucia ni las maniobras fraudulentas impìdieron que los resultados del 28 de mayo convirtieran al PDA en la segunda fuerza política del país con opción real de poder, relegando al Partido Liberal al tercer puesto (11,8), y, aunque Uribe logró un millón y medio de votos más que en 2002, hay que analizar diversos elementos que relativizan su triunfo. Si se toma en cuenta que en las elecciones la participación apenas llegó al 45,1%, el optimismo fulgurante de los medios de comunicación y de analistas cercanos al régimen se convierte inmediatamente en motivo de preocupación dado que con una abstención del 54,9% la legitimidad y la gobernabilidad de cualquier gobierno reputado democrático se pone en entredicho. Ni Uribe, con toda su popularidad, ha conseguido contener la abstención histórica en Colombia y aunque logró el 62% de los votos, realmente sólo le respalda el 27% de la población colombiana. Sobre esa base, los resultados prueban que los estrategas de los partidos siguieron menospreciando el problema de la abstención y por ello la lucha electoral se estructuró sobre la base de movilizar políticamente a la minoría de ciudadanos que ejercen sus derechos políticos de manera regular, dejando al margen a la mayoría abstencionista de la población.
Un segundo elemento que surge al analizar los resultados desde la óptica del nivel de participación/abstención es el comportamiento de la abstención a nivel regional. En efecto si el análisis de la abstención se desplaza al plano regional, las alarmas sobre las consecuencias de la abstención se hacen mucho mas visibles pues los resultados del 28 de mayo muestran de manera inequívoca que a medida que nos acercamos la periferia geográfica del país la desafección ciudadana manifestada en la abstención crece exponencialmente hasta el punto de que en algunas regiones fronterizas superó ampliamente el 70%, lo cual prueba que en las zonas mas alejadas la vinculación de los ciudadanos con el Estado, las instituciones y sus representantes es tan precaria que en algunos casos prácticamente ni existe. En ese sentido, el triunfo incontestable y la legitimidad democrática que los analistas más cercanos al régimen enarbolan refiriéndose a Álvaro Uribe debe relativizarse, no solamente porque, como se acaba de ver, un porcentaje mayoritario de la población se sigue sintiendo desvinculado de las instituciones del Estado sino porque en términos territoriales esta legitimidad va perdiendo intensidad en proporción directa al alejamiento de los centros de decisión política del país, déficit de legitimidad que es más evidente y preocupante en aquellos lugares donde la política de seguridad democrática ha sido aplicada con mayor énfasis en estos pasados cuatro años.
Un elemento destacado de los resultados electorales del 28 de mayo pasado fue el papel jugado por los medios de comunicación en dichos resultados y en la valoración general sobre la efectividad y corrección de las encuestas. En relación con la actitud de los medios es necesario resaltar que aunque la cobertura a la oposición y especialmente al candidato del PDA fue significativamente mayor en relación con anteriores campañas y otros candidatos, las ventajas de Uribe en términos del tiempo y el manejo de la información fueron sustanciales y esa mayor visibilidad pública se vio claramente reflejada en los resultados finales de las elecciones, donde los candidatos que tuvieron mayor presencia mediática consiguieron los mejores resultados. Ese hecho demostraría la importancia que tienen los medios de comunicación en relación con la formación de la opinión pública y la cultura política en las sociedades contemporáneas, influencia que en el caso de Colombia se ve potenciada por el hecho de la existencia de un monopolio en el manejo de los medios de comunicación.
En el caso de Uribe la capacidad de gestión de los medios de comunicación cercanos al uribismo fue determinante en su éxito, pues además de las posibilidades comunes a todos los candidatos dadas por la ley de garantías electorales, el candidato-presidente tenía las ventajas adicionales que conlleva el ejercicio de su cargo, ventajas que Uribe utilizó con amplitud como ocurrió en la semana anterior a las elecciones cuando copó los medios de comunicación con el pretexto de dar la visión gubernamental en el caso de los policías masacrados por una patrulla del Ejercito al servicio de un capo del narcotráfico. La Misión de Observación Electoral de las organizaciones sociales colombianas denunció en el informe preliminar sobre las elecciones que el candidato-presidente recibió trato de privilegio por parte de los medios de comunicación, especialmente en los actos de cierre de campaña.
Esa sobre exposición mediática fue especialmente eficaz en el extranjero donde las informaciones sobre la situación colombiana se limitan a los medios oficiales y se vio ampliamente reflejada en las votaciones de los colombianos que viven en el exterior quienes apoyaron masivamente y sin ningún nivel de crítica las propuestas del candidato-presidente . Esta situación fue clara y significativa en países con importante presencia de colombianos como Estados Unidos, España o Venezuela , pero también en países como Suiza o Suecia donde la emigración no tiene en principio un origen económico sino que está en relación mucho mas directa con las causas del conflicto social y armado colombiano, lo que demostraría que con independencia de las circunstancias personales y las causas de la diáspora la cultura política colombiana es muy precaria y está estrechamente vinculada y dependiente de los medios masivos de comunicación y especialmente de la televisión.

Otro elemento crucial que permite explicar el éxito electoral de Uribe fue el manejo que los encuestadores le dieron a la intención de voto de los colombianos. La comparación de los resultados finales con las encuestas demuestran que éstas mas que medir la posición del electorado en relación con los candidatos o las propuestas fueron el instrumento más eficaz para generar y manipular una matriz de opinión favorable a la reelección de Uribe y de ahí el éxito alcanzado en las predicciones. En efecto, la generación artificial de esa matriz de opinión desmovilizadora puede comprobarse al estudiar la evolución en la intención de voto de los candidatos y especialmente de Uribe quien en todos los sondeos previos a la elección se mantuvo relativamente consistente en la intención de voto anunciado por las encuestas.
Traslado de votos y expectativas del PDA

Uribe Vélez, además de consolidar su base electoral a través de los métodos explicados anteriormente (guerra sucia, prácticas fraudulentas, control de los medios, etc.) y de su persuasiva propaganda (percepción de que hay más seguridad, de que la economía va bien, de que existe un Presidente con don de mando y muy trabajador, etc.), logró superar su techo gracias al descalabro del Partido Liberal. Uribe se llevó la mayoría de los votos de los liberales desencantados con el candidato Horacio Serpa y sus veleidades socialdemócratas e izquierdistas. Buena parte de ese millón y medio de votos adicionales para Uribe provinieron del liberalismo oficialista que cuestionaron el giro hacia el centroizquierda que fue adquiriendo Serpa durante la campaña electoral, contrario a las posiciones de centroderecha que ha mantenido el partido desde 1940.

Pero el desplazamiento de votantes liberales hacia el uribismo no sería permanente pues simplemente es la expresión del mandato claro de la mayoría liberal a los políticos profesionales de su partido en el sentido de abandonar los planteamientos de Serpa y retomar los fueros históricos del partido. Así lo han expresado importantes políticos liberales como Sámper y Rodrigo Rivera para quienes el reto es reconstruir una opción de centro, capaz de recuperar la competitividad electoral, con la única condición de excluir a Serpa. Por lo tanto la derrota liberal en estas elecciones podría no ser definitiva y, consecuentemente, el despegue de Uribe también puede ser momentáneo.

Al mismo tiempo, hay que plantearse las causas del histórico ascenso de la izquierda representada por el PDA. Es un hecho incuestionable que el Polo, aunque sólo ganó en dos departamentos, se ha transformado en estos últimos cuatro años en la segunda fuerza política del país desplazando a los liberales. Así, estos resultados indicarían a primera vista que se ha producido una transformación radical del mapa político que, por una parte, significaría la muerte del bipartidismo liberal-conservador y, por otra, la consolidación de un nuevo sistema de partidos estructurado sobre la base de la existencia de dos fuerzas contrapuestas: la derecha y ultraderecha representadas en los partidos y movimientos que apoyan a Uribe y la izquierda configurada por los partidos que forman el PDA, es decir, que Colombia habría saltado o estaría en ciernes de saltar a un modelo político de corte europeo.

Sin embargo, este escenario podría no ser tan sólido como aparenta porque, además de las posibilidades de recuperación de los liberales, algunos analistas atribuyen el éxito del PDA al gancho de su candidato, que fue capaz de conectar con el sentimiento antiuribista de una buena parte de las y los colombianos, más que a un apoyo directo a la nueva formación e históricamente la izquierda en Colombia ha logrado avances electorales importantes pero pasajeros. Gaviria supo expresar de forma convincente el deseo de la mayoría de la población de establecer una solución negociada al conflicto -más del 60%, según las encuestas- y de darle mayor relevancia a las políticas sociales; de hecho, Uribe, poco después de acceder a su segundo mandato, ha establecido como prioridades de su acción propagandística el anuncio de que está dispuesto a dialogar con las FARC y su intención de realizar reformas sociales.

El reto para el PDA ahora es mantener la votación alcanzada y consolidar la unión entre las fuerzas que lo integran. En este sentido, es trascendental el Congreso de Unidad que celebrará el PDA los días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. Se trata del primer congreso que realiza desde su fundación y está previsto que acudan casi 2.500 delegados de todo el país y de los colombianos en el exterior para elegir autoridades y definir el carácter de la organización, su programa de gobierno y de oposición y la estrategia de la campaña electoral de 2007. En este encuentro también se abordarán los mecanismos para contrarrestar el hecho de que la representatividad alcanzada por el PDA en las presidenciales no se refleja en el Congreso, donde existe mayoría uribista; la dirección del PDA apuesta por mantener una presencia activa en las calles, impulsando las movilizaciones sociales, y por crear una red de medios de comunicación propios que difundan lo que los medios convencionales silencian o distorsionan.

En esta fase de consolidación de la alternativa real de poder de la izquierda, el PDA se va a enfrentar a problemas externos e internos. Aunque a Uribe y sus seguidores les conviene que públicamente el PDA se mantenga porque transmite la imagen de que existen garantías democráticas en el país, previsiblemente continuarán la guerra sucia y las agresiones directas cometidas por los aliados del Presidente contra lo que represente opciones de izquierda . En octubre, los senadores del PDA denunciaron que se había puesto en marcha un “plan de extermino e intimidación” contra el partido y los movimientos sociales en el departamento del Valle del Cauca, donde, desde agosto, han sido asesinados tres militantes, uno está desaparecido y otro resultó herido . Además, el crecimiento del PDA le puede restar base social a la guerrilla y la respuesta, especialmente de las FARC, también puede ser violenta; de hecho, Carlos Gaviria y Antonio Navarro firmaron el pasado 2 de octubre un comunicado de condena del asesinato, a manos de las FARC, de Juan Daniel Guerra, dirigente social y líder del PDA en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

En el interior, la amenaza a la unidad del PDA reside en las diferencias ideológicas entre los distintos sectores y en las aspiraciones personales de algunos dirigentes que perviven desde la fundación del partido. A tenor de lo publicado en los medios de comunicación en los últimos meses, el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, estaría preparando su candidatura a las presidenciales de 2010 al margen del PDA. Durante la campaña presidencial, a raíz de la huelga realizada en el transporte de Bogotá, el alcalde arremetió contra el PDA del que dijo que “institucionalmente, ni me está apoyando ni me ha apoyado”, destacó el respaldo que había tenido de Uribe y otros destacados dirigentes de la derecha y definió cuál es su concepción de la izquierda: “La lucha hoy de la izquierda no es la lucha por el socialismo, la lucha en Colombia, y en mi opinión, es la lucha por la democracia y eso no lo ha entendido más de uno” .

Tras las elecciones, Luis Eduardo Garzón comenzó a buscar aliados fuera del PDA. La revista Cambio publicó en septiembre que Garzón está participando en una alianza con el Partido Liberal y con varios dirigentes de formaciones uribistas para ser reeemplazado en la alcaldía por un candidato liberal; de esta forma, Garzón va ganando apoyos en su carrera hacia la Presidencia. El propio Garzón declaró a la prensa que aspira a que se logre “una convergencia con más sectores, no alrededor del Polo, sino siendo el Polo uno más de una gran convergencia” y que ese proyecto sea “no de izquierda, de centroizquierda; no de la izquierda, hacia el centro porque aquí el orden de factores sí altera el producto” . Carlos Gaviria le recordó a Garzón que un principio básico del Polo Democrático Alternativo es actuar sin sectarismos, pero también sin ambigüedades, por lo que no se puede aceptar a todo el que llegue, independientemente de cual sea el propósito que lo guíe, “no creo que un programa como el que el país necesita pueda ser portado con una montonera sino por una organización política sólida; por eso le estoy jugando a la unidad del Polo” .

El sector que representa Luis Eduardo Garzón y su candidatura para 2010 estarían siendo respaldados por formaciones socialdemócratas europeas que aspiran a que las transformaciones que necesariamente se tendrán que hacer en el posuribismo no tengan un carácter estructural y, sobre todo, que no se siga el modelo de otras experiencias latinoamericanas como Venezuela y Bolivia; en el caso español, se conocen las buenas relaciones entre Garzón y Felipe González y la amistad que une a María Emma Mejía, desde la época en que la aliada de Garzón fue embajadora en España, con Trinidad Jiménez, ex responsdable de política exterior del PSOE y actual secretaria de Estado para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores.