El pueblo sudanés no quiere compartir el poder con sus opresores militares

Por Muzan Alneel
Fuentes: Jacobin Mag [Foto: Unas mujeres en una manifestación en Jartum para exigir la vuelta al gobierno el 21 de noviembre de 2021 (AFP / Getty Images)]

Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Después de un golpe de Estado en octubre que se encontró con una fuerte resistencia popular, el ejército de Sudán ha llegado a un acuerdo con los políticos civiles que deja intacto su poder. Pero los comités de resistencia que han liderado la lucha por la democracia no aceptan esta traición.

Los diplomáticos internacionales y los gobiernos que tienen relaciones con Sudán han estado repitiendo el mismo mensaje acerca de la necesidad de “restaurar un gobierno dirigido por civiles” desde el golpe militar del 25 de octubre, un mensaje que actualmente provoca en el pueblo sudanés las maldiciones y bromas contra los mediadores internacionales.

Una nación que habitualmente está obsesionada con comportase lo mejor posible ante extraños y con mantener la imagen del sudanés correcto está recurriendo al sarcasmo y vulgaridad respecto a los tweets de esos diplomáticos. La reacción ante el acuerdo anunciado el 21 de noviembre entre el primer ministro civil, Abdalla Hamdok, y los líderes del golpe fue similar, ya que quienes habían estado protestando en las calles contra el golpe condenaron la voluntad de Hadok de negociar con sus instigadores.

Las cosas han cambiado mucho en Sudán en las pocas semanas transcurridas desde el golpe, aunque ha sido la culminación de un viaje de tres años. El último intento de contener la lucha por la democracia y la justicia se va a encontrar con una fuerte resistencia del pueblo sudanés, que ya ha demostrado su capacidad para organizarse en circunstancias difíciles y peligrosas.

De la Revolución al golpe

La mañana del 25 de octubre el pueblo sudanés amaneció con un apagón total de Internet. Las emisoras internacionales de radio estaban interferidas mientras circulaba el rumor que se había detenido a los miembros del gobierno civil.

Estos acontecimientos suponían el fin de un acuerdo de reparto de poder que había durado dos años entre altos cargos del aparato militar y de seguridad del expresidente de Sudán Omar al-Bashir y los líderes de la oposición, después de que una revolución popular derrocara la dictadura de tres décadas de Al-Bashir. Actores regionales e internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos apoyaron este frágil acuerdo y lo elogiaron. Quienes lo defendían lo promovieron como la mejor solución a las reivindicaciones de la Revolución sudanesa de diciembre de 2018, esto es, libertad, paz y justicia.

En diciembre de 2018 el pueblo sudanés había empezado a protestar por el aumento del precio del pan y la pésima situación económica bajo una corrupta dictadura militar. Las protestas duraron al menos cuatro meses alimentadas por las dificultades económicas, las injusticias históricas y una ira renovada contra la violenta respuesta del Estado ante esas protestas. Para abril de 2019 las protestas habían aumentado hasta convertirse en sentadas simultáneas al rededor de los cuarteles militares de catorce ciudades sudanesas, incluida Jartum, su capital.

Los días 28 y 29 de mayo de 2019 los trabajadores emprendieron una huelga general en todo el país contra el régimen militar para exigir un gobierno civil. La fuerza y persistencia de los revolucionarios en aquellos días era clara e innegable. Las amenazas de los militares no les hacían mella.

Uno de los ejemplos más claros de esa fuerza fueron las pancartas en las que estaba escrito “Despídeme” que aparecieron por todo Jartum en respuesta al discurso de Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), jefe de la milicia Rapid Support Forces [Fuerzas de Apoyo Rápido], que había amenazado con despedir a cualquier persona que hiciera huelga y sustituirla con sus soldados. El vigor revolucionario aumentó a medida que esas amenazas se hacían realidad. Tras la detención de trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés), la asociación de trabajadores de la NEC emitió un comunicado en el que amenazaba con cortar el suministro de electricidad a todos los edificios e instituciones militares. Sus compañeros fueron puestos en libertad inmediatamente.

Ante esta fuerza revolucionaria los militares recurrieron a una violencia extrema. La masacre del 3 de junio de 2019 acabó con las catorce sentadas. El ejército mató a más de cien personas y los cadáveres de muchas víctimas fueron arrojados al Nilo tras lastrados con ladrillos. Hubo decenas de violaciones. A día de hoy todavía hay cientos de personas desaparecidas.

Con todo, menos de un mes después de la masacre y en unas condiciones de apagón total de Internet hubo una manifestación de un millón de personas contra los militares que demostró que el pueblo sudanés seguía decidido a acabar con el régimen militar.

Una transición fallida

Sin embargo, dos meses después de la masacre de junio de 2019 los líderes de la oposición firmaron un acuerdo de reparto de poder con los militares. Este giro de los acontecimientos había sido urdido por las potencias regionales e internacionales que recompensaron a los asesinos con su participación en el gobierno. También fue obra de unos líderes de la oposición organizados en una coalición llamada Forces for Freedom and Change (FFC, Fuerzas por la Libertad y el Cambio), formada sobre todo por partidos políticos.

La FFC fomentó la idea “realista” de que solo se podría detener el derramamiento de sangre estableciendo una asociación con los asesinos. Semejante asociación no podría cumplir las reivindicaciones de la revolución de libertad, paz y justicia. Para conseguirlo habría sido necesario reducir al mínimo la autoridad de los militares, juzgar a sus líderes por sus crímenes y poner fin al control militar sobre los recursos nacionales sudaneses y sobre un gran complejo industrial no regulado por el Ministerio de Finanzas.

Los civiles que participaron en el gobierno, que fueron incapaces de cumplir las promesas que habían hecho a los manifestantes, dependían del apoyo y legitimidad de la autodenominada comunidad internacional. El Fondo Monetario Internacional y el Club de París de los países ricos acreedores ofrecieron un alivio de la deuda y una modesta cantidad de ayuda, pero también exigieron que se aplicaran políticas de liberalización económica, incluido la devaluación de la moneda, la supresión de las subvenciones de los productos básicos y privatizaciones.

Así pues, las políticas económicas del nuevo gobierno no fueron diferentes de las de su antecesor Sin embargo, quienes las apoyaban denunciaron entonces que las protestas contra estas políticas debilitaba la “transición a la democracia”. Los gobiernos occidentales estaba satisfechos con la imagen tecnocrática del nuevo primer ministro, Abdalla Hamdok, que antes había trabajado para la ONU y ahora implementaba sus políticas preferidas y preparaba el camino a las inversiones.

Estas políticas llevaron a un nivel aterrador de inflación y a un aumento del coste de la vida que superó el 300% solo el año pasado. Los líderes del reciente golpe de Estado utilizaron esta situación económica y el fracaso de los dirigentes “civiles” para justificar su golpe. Puede que los militares y sus aliados de la milicia consideraran que el nivel de frustración de la población respecto a la situación del país era un indicio de que su golpe tenía posibilidades de triunfar.

Resistir al golpe

Pero se equivocaban. El pueblo de Sudán se manifestó en las calles ya a las 6 de la mañana del día del golpe para exigir la vuelta a la revolución o reanudar “la batalla postergada», como afirmaban muchas personas en Sudán. Las masas, dirigidas por los comités de resistencia, levantaron barricadas. Cuando se produjo el golpe varios sindicatos estaban preparados para emprender la huelga, encabezada por los empleado de la banca.

El pueblo sudanés estaba preparado para el golpe que se avecinaba. El gobierno de Estados Unidos, en cambio, afirmó no haber recibido “aviso alguno de los militares”, a pesar de que el enviado especial de Estados Unidos, Jeffrey Feltman, se había marchado de Sudán solo unas horas antes del golpe.

Sudán continúa protestando bajo el liderazgo de los comités de resistencia de los barrios y a pesar del apagón de Internet en todo el país desde hace semanas. A principios de 2019 la Sudanese Professionals Association (SPA, Asociación de Profesionales de Sudán) promovió la idea de estos comités de resistencia como una herramienta para frenar la violencia estatal por medio de protestas descentralizadas. Desde entonces los comités se han convertido en la voz de las calles y han hecho frente a la falta de voluntad del gobierno de transición de crear las herramientas de participación democrática en la toma de decisiones política.

En este momento los comités lideran el movimiento de protesta en Sudán y han ocupado la posición que ocupaba la SPA hace dos años. Los comités están más conectados que la SPA con su base popular en los barrios, por lo que están más comprometidos con mejorar las condiciones materiales de sus bases que con las alianzas políticas o los donantes internacionales. Reflejo de ello son las tácticas que han elegido, lo mismo que su negativa rotunda a establecer compromisos con los militares y a negociar a puerta cerrada con el club político de Sudán.

La naturaleza geográfica de los comités será una debilidad en las futuras batallas que requieren un marco ideológico más claro. Estas batallas solo las podrá ganar un partido político revolucionario, algo que no son los comités. No obstante, estas organizaciones del movimiento popular han devuelto la política a la realidad popular y fuera de reuniones a las que el pueblo no tiene acceso. Esto ha significado basar la respuesta al golpe en el impacto que este tiene sobre el avance de la justicia para el pueblo, tanto penal como económica, al margen de la reacción de la comunidad internacional.

Los comités de resistencia han seguido utilizando barricadas, huelgas y desobediencia civil contra la violencia de los militares, que en las últimas cuatro semanas han asesinado una cantidad confirmada de cuarenta y dos civiles, y herido a más de 500 personas. Se ha detenido de forma arbitraria a cientos de activistas y ha habido ataques indiscriminados contra personas jóvenes en las calles, que han sido detenidas y golpeadas, y a las que los militares han afeitado la cabeza para humillarlas.

La violencia llegó incluso al extremo de que las fuerzas de seguridad invadieron y asediaron hospitales, lo que impidió que ofrecieran la atención médica necesaria a las personas heridas y provocó unas muertes que se podrían haber evitado.

Los tres “no”

Los actores internacionales y regionales que pretenden que el país vuelva a la fallida asociación de 2019 han ignorado estos crímenes. Los diplomáticos estadounidenses han calificado de no realista la exigencia de un gobierno totalmente civil. El embajador británico fomentó otro llamamiento al diálogo con los asesinos. Los diplomáticos han repetido las palabras “dirigido por civiles” para tratar de engañar a los manifestantes y atenuar su rechazo de cualquier injerencia militar.

Los mediadores externos reciclan sus herramientas del acuerdo de 2019, y tienden la mano a líderes de la oposición y a figuras públicas respetadas para domeñar las calles, al tiempo que fomentan negociaciones a puerta cerrada y el diálogo con los asesinos militares como la única manera de evitar el baño de sangre. Pero el pueblo sudanés no se deja engañar.

Los comités de resistencia que lideran las protestas están profundamente unidos a sus comunidades. Representan a una población que durante dos años ha sufrido directamente cómo los gobiernos occidentales elogiaban “la asociación de sangre” (como la llaman los manifestantes) a cambio de “estabilidad” y de la “reintegración” de Sudán en la comunidad internacional, a costa de ignorar tanto la justicia penal para los mártires de la revolución como la justicia económica para las personas que están vivas.

Por lo tanto, no es de extrañar que los comités de resistencia rechazaran las invitaciones tanto del entonces detenido primer ministro, Abdalla Hamdok, como del representante especial del secretario general de la ONU, Volker Perthes. Las declaraciones de respuesta a la invitación rechazaron la idea de mantener negociaciones al margen del escrutinio público y confirmaron la consigna de los “tres no”: no a las negociaciones, no a la asociación y no a dar legitimidad a los militares. Los comités se comprometieron a organizar reuniones para el primer ministro en las calles si quería hablar con el pueblo.

Esta valentía y determinación ante una máquina de matar militar y un frente contrarrevolucionario internacional cambiará para siempre la historia política de Sudán. Al negarse a quitar a los manifestantes de la ecuación, los comités de resistencia de Sudán redefinen la estabilidad como una situación en la que el pueblo está satisfecho y los asesinos están bajo control, y no al contrario.

Rechazo del acuerdo

Cuando el 21 de noviembre se anunció el acuerdo entre el primer ministro y los militares golpistas había cientos de miles de sudaneses en las calles en una manifestación que los comités de resistencia habían convocado previamente como parte de su programa semanal de protestas. Los manifestantes habían empezado coreando el nombre del primer ministro, pero rápidamente corearon consignas maldicéndolo, lo que dejaba claro el rechazo de la vieja lógica de priorizar la lealtad a las marcas políticas y a los individuos por encima del compromiso con los objetivos de la revolución.

El nuevo acuerdo tenía mucho en común con los planes del líder del golpe, el general Abdel Fattah al-Burhan, anunciados en una rueda de prensa al día siguiente del golpe. Destituyó al gobierno civil que había antes del golpe, volvió a nombrar a Abdalla Hamdok primer ministro y le encargó nombrar un nuevo “gobierno tecnocrático”, al tiempo que mantenía a los generales como miembros del consejo de gobierno. Se trata de un montaje que legitima el golpe de Estado, elimina cualquier posibilidad de que los líderes militares comparezcan ante la justicia por sus crímenes y aumenta su poder en el proceso político en Sudán.

La revolución sudanesa rechazó el acuerdo y en ese momento aumentó su fuerza. No obstante, el frente contrarrevolucionario internacional sigue siendo un enemigo tenaz. Solo puede detenerlo un frente revolucionario internacional de personas que rechazan estas acciones de sus gobiernos. Los comités de resistencia necesitan el apoyo de los compañeros revolucionarios de todo el mundo. Como corean los manifestantes en todo Sudán: “El pueblo es más fuerte, la retirada es imposible”.

Muzan Alneel es cofundadora de Innovation, Science and Technology Think Tank for People-Centered Development (ITSinaD) — Sudan y profesora no residente en el Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), que se centra en un enfoque orientado al pueblo de la economía, la industria y el medio ambiente en Sudán.

Fuente: https://www.jacobinmag.com/2021/11/...

Tomado de: https://rebelion.org/el-pueblo-suda...