El Constitucional cuestiona al magistrado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional porque vulnera sistemáticamente los derechos de los presos

Recordemos que la función para la que están los jueces de vigilancia penitenciaria teóricamente es la de defender los derechos de las personas presas. Nota de Tortuga.

El Constitucional declara ’insumiso’ al juez que vigila a los presos de ETA

Denuncia que hace oídos sordos a su doctrina y no razona las respuestas a las quejas de los reclusos

MELCHOR SÁIZ-PARDO | MADRID.

El Constitucional ha dicho basta. La corte ha abierto un conflicto institucional nada menos que con el magistrado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que supervisa el cumplimiento de penas de todos los terroristas, grandes narcotraficantes y menores. Sin paños calientes, acusa por escrito de insumisión al juez José Luis Castro Antonio, quien desde hace cinco años -asegura el tribunal- se niega por sistema a seguir sus órdenes para que razone y argumente sus respuestas, siempre negativas, a las quejas de los reclusos terroristas, que invocan la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

La actitud de Castro Antonio ha provocado ya una riada de fallos del Constitucional, que otorgan el amparo a miembros de ETA en prisión que habían interpuesto quejas por recibir sanciones penitenciarias. Entre ellos figuran José Antonio López, ’Kubati, Iñaki Pujana o José Luis Álvarez Santacristina. El hartazgo de la corte es tal que la Sala Primera abronca en una reciente sentencia al juez, al que acusa de «incurrir en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional» y le insta a aceptarlo. Este llamamiento, explican fuentes judiciales, es un ultimátum porque varios magistrados ya piden llevar la rebeldía de Castro ante el Consejo General del Poder Judicial.

Hasta en otras siete ocasiones el alto tribunal ha reprendido a Castro por su poco interés en responder cuando los terroristas recurren a su juzgado para quejarse por castigos disciplinarios. Según el Constitucional, el juez utiliza desde 2006 la misma «respuesta estereotipada» a los recursos: «Las alegaciones contenidas en el escrito del recurrente no aportan hechos, razones o argumentos distintos a los ya expuestos en el recurso de alzada, sino que contienen una interpretación subjetiva y diferente de los hechos o la valoración jurídica que se hacen en el auto recurrido, por lo que procede su desestimación».

El magistrado, insiste el tribunal, viene «vulnerando» de manera «reiterada» derechos fundamentales de los etarras, a pesar de los llamamientos del Constitucional, que hace hincapié «en el carácter especialmente lesivo del derecho a la tutela judicial que implica el uso de formularios estereotipados cuando en ellos no se da respuesta a las pretensiones de las partes». «Esa práctica -agrega el Constitucional- es especialmente condenable» para un juzgado de vigilancia penitenciaria, «ya que implica una dejación de funciones en la salvaguarda de los derechos fundamentales de los presos». El tribunal afirma que ni las «deficiencias estructurales u organizativas» o «el abrumador trabajo» no pueden ser excusa para que se produzca de manera reiterada una «lesión constitucional».

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