Ecuador: Correa y los movimientos sociales

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DAVID SUÁREZ Y JAVIER CALDERÓN, Investigadores y activistas ecuatorianos

Tema del debate: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA. El panorama político en Latinoamérica ha variado profundamente: en muchos países están en el poder gobiernos nacionalistas, progresistas o socialistas. Esta situación altera el escenario de confrontación dibujado por los movimientos sociales transformadores. ¿Cómo han de moverse éstos en el nuevo escenario?

Tras cuatro victorias electorales consecutivas, el presidente Correa goza de una cuota de popularidad que supera el 80% de aceptación. Ese consenso, en torno a la figura del actual presidente, es producto de la asunción de un discurso que recoge las principales demandas de los movimientos sociales durante los últimos 17 años. Correa recupera el discurso de movimientos de mujeres, movimientos de derechos humanos, movimientos indígenas, ecologistas...

La Constituyente

La última victoria electoral de Correa es la más aplastante de los últimos 25 años de régimen político, además constituye una derrota histórica para la derecha que diseñó y controló el moribundo sistema político vigente. La llamada partidocracia desaparece de la escena política y su derrota implica la derrota de todo el sistema político instaurado desde el año 1979 tras el retorno al constitucionalismo. La importancia de la Constituyente, en un país cuya institucionalidad está completamente deslegitimada, ha sido la gran bandera de Correa en las elecciones.

El movimiento del presidente, Alianza País, consiguió el 75% de los escaños de la nueva Asamblea Constituyente que se instaló a finales de este noviembre en Montecristi (ciudad de marcada importancia simbólica por ser cuna del revolucionario liberal Eloy Alfaro). Los 133 asambleístas, con plenos poderes, dotarán a Ecuador de una nueva Constitución a mediados del próximo año.

El actual presidente ecuatoriano ocupa un vacío de poder producido por el desgaste de 20 años de implacables reformas neoliberales que contribuyeron a agravar la histórica marginalidad y exclusión de amplios sectores de la población. Correa, un economista sin vinculación conocida a partidos o movimientos u organizaciones políticas, inició un ascenso meteórico en su carrera política gracias a su retórica antineoliberal y la crítica a un sistema político completamente deslegitimado. Correa ataca a un ineficaz sistema político que se había convertido en un defensor corporativo de las alianzas del capital transnacional y las oligarquías tradicionales.

Fundamentado en un movimiento estrictamente electoral, Alianza País, donde encontramos un abanico de sectores que van desde la derecha reciclada hasta representantes de sectores escindidos de partidos históricos de izquierda, organizaciones campesinas, parte de las organizaciones indígenas, reconocidas figuras de la farándula ecuatoriana... pero como movimiento con una orientación ideológica no definida, Alianza País no existe, se trata de una maquinaria electoral donde los sectores que están representados se disputan espacios de poder. Correa no ha ofrecido la posibilidad de un amplio frente de movimientos sociales, sino la inclusión subordinada... lo que les ha quedado a los movimientos es o aislarse políticamente o subordinarse.

Ambigüedad

Es un momento donde la vieja forma de dominación ha llegado a un punto de inflexión y se está gestando una nueva fórmula de gobernabilidad, que parece residir en la figura carismática de su líder y las ideas difusas de la revolución ciudadana y el socialismo del siglo XXI. El talante del Gobierno resulta ambiguo, existe una retórica antisistema y decididamente antineoliberal, la misma que cuestiona la desaparición del Estado como garante de derechos sociales y conductor estratégico de la economía. Ha sido beligerante con respecto a la oligarquía tradicional, sobre todo con el sector financiero.

Pero la retórica no va siempre acompañada de acciones efectivas; por un lado ha habido reformas importantes y beneficiosas para el país como la disposición que revierte al Estado el 99% de las ganancias extraordinarias por venta de crudo, y por otro lado se han licitado nuevos campos marginales y, en lo que llevamos de legistura, sobre un total de 4.406 concesiones mineras, el Gobierno ha aprobado unas 400 nuevas concesiones. Es importante comprender que las concesiones han sido aprobadas bajo la antigua ley de régimen minero que contiene disposiciones perjudiciales en cuanto a las garantías ambientales para las comunidades locales.

Coherencia ecológica

Una señal inequívoca de la brecha que separa la retórica gubernamental y la realidad es el emblemático caso del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo y hogar de pueblos indígenas no contactados. Si bien el Gobierno presentó una propuesta a la comunidad internacional para represar el crudo en tierra y evitar la expansión de la frontera petrolera, acaba de firmar el permiso ambiental para las operaciones de Petrobrás que expandirán la frontera petrolera, en el bloque 31, en el corazón del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. De este modo, no sólo se demuestra una ausencia real de voluntad política para superar el modelo extractivo, sino que se produce un espaldarazo a la política energética de Brasil. Esta decisión cobra relevancia en la medida en que el bloque 31 linda con el último yacimiento sin explotar del Yasuní, el ITT que representan las mayores reservas del país. El Gobierno de Venezuela, otro interesado en las reservas del ITT, que generosamente ofreció financiar una refinería en Ecuador, debe encontrarse analizando el significado de tal decisión para sus aspiraciones.

Peligros

El caso del Yasuní resulta paradigmático para comprender la relación Gobierno-movimientos sociales. Por un lado, se abren espacios para las propuestas de los movimientos pero, por otro lado, se subordinan a la lógica del Estado social- desarrollista. El hecho de que figuras emblemáticas del movimiento ecologista formen parte de Alianza País ha hecho que la respuesta ante la firma de la licencia ambiental a Petrobrás no haya ido acompañada de protestas y movilizaciones. Ante cualquier otro Gobierno, la reacción virulenta no se hubiese hecho esperar. En los lugares donde existen planes de inversión estatal ligados a la minería y al petróleo la situación de represión policial y militar no ha variado. En muchos lugares esas situaciones permanecieron en stand by y el Gobierno va demostrando paulatinamente cuáles son sus intereses prioritarios.

Los hechos antes explicados no podrían comprenderse sin señalar que asistimos a una nueva relación entre ciudadanos y Estado. Progresivamente un nuevo bloque hegemónico se dibuja y la correlación de fuerzas no es favorable para los movimientos sociales históricos. El peligro es que se consolide una tendencia donde no haya espacio para la crítica. En la medida en que el Gobierno sigue la lógica petrolera veremos conflictos socioambientales muy serios. A Ecuador le quedan 25 años de reservas petroleras y el modelo postpetrolero será el minero.