De la objeción de conciencia a la insumisión: España cumple 20 años sin soldados forzosos

La profesionalización de la carrera militar acordada por el Gobierno español en 1996 que culminó en 2001 con un decreto consignando la supresión de la ’mili’, fue producto de un intenso debate iniciado desde finales de los años 70 e impulsado después por objetores de conciencia, insumisos y antimilitaristas en un contexto de amplio rechazo social.

El 31 de diciembre se cumplen 20 años desde que los últimos reclutas de reemplazo llamados a filas de manera obligatoria culminaron el servicio militar. Con posterioridad a ellos, ya no hubo ningún conscripto forzoso en España. La mili, como era conocida popularmente, llegó a marcar la vida de buena parte de la población masculina del país, pues interrumpía su normal desarrollo en favor de los intereses castrenses y de una forma no contributiva de financiar un aspecto de la defensa del Estado.

El último sorteo para determinar qué jóvenes de 18 años integrarían el cupo de quintos que serían llamados a filas tuvo lugar en 2000. Un año después, el 9 de marzo, el Gobierno presidido por José María Aznar suspendía mediante decreto el cumplimiento obligatorio del servicio militar a partir de diciembre. La medida respondía a un acuerdo suscrito en 1996 con los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU), quienes, entre otras condiciones, impusieron tal iniciativa a cambio de apoyar la investidura de Aznar.

Pero la condición de CiU era en realidad el reflejo de un sentimiento extendido en toda la sociedad del país y amplificado de manera espectacular por el impacto del creciente número de objetores de conciencia, insumisos y antimilitaristas, así como de la acción informativa de quienes abogaban por la profesionalización del Ejército.
De esta forma, los últimos quintos –que deben tal nombre a la obligación impuesta durante el reinado de Juan II de Castilla (1406-1454) por la que uno de cada cinco varones debía servir en el ejército–que hicieron la mili, la acabaron el 31 de diciembre de 2001. Las tres décadas anteriores se habían distinguido por la lucha en crescendo de objetores e insumisos, que sufrieron penas de reclusión carcelaria para miles de ellos.

Los primeros objetores

Durante la dictadura franquista, la mili en España llegó a durar dos años. A partir de 1968 se redujo a 18 meses, en 1984 a solo 12 y en 1991 quedó limitada a nueve. Los sorteos podían asignar destinos en cuarteles lejanos, como Canarias, Melilla o incluso el Sáhara Occidental, si bien en los años 80 ya se tuvo en cuenta el factor de proximidad con el domicilio familiar.

La estancia prolongada en el Ejército por obligación suponía una quiebra del proyecto de vida de los quintos, por lo que objetores e insumisos no tardaron en definir la mili como "secuestro legal". Ya en la década de los 50 hubo algunos casos aislados de objeción de conciencia entre los creyentes de la rama cristiana de los Testigos de Jehová, pero no fue hasta 1971 cuando Pepe Baunza se erigió en el primer objetor por motivos políticos. Su actitud le costó un consejo de guerra y casi cuatro años de cárcel. Era un tribunal militar el que juzgaba a un civil.

De la actitud del Ejército ante estos primeros casos da cuenta el economista Fernando Luengo, quien entre 1976 y 1977 estuvo encerrado en una cárcel militar ocho meses junto a otros reclutas acusados de formar parte de la Unión Democrática de Soldados (USD), organización que buscaba concienciar políticamente a las Fuerzas Armadas en favor de la democracia ante el nuevo horizonte que se abría tras el fin de la dictadura. "En nuestro calabozo también entró, por razones distintas, Manuel Escariz Magariños, que objetó ya dentro del Ejército y se vistió de paisano en el cuartel, le procesaron", cuenta a Sputnik. El caso de Magariños, que se declaró en huelga de hambre, fue célebre.

"Yo tuve un consejo de guerra por incitación a la rebelión, luego salimos en libertad todos juntos con la Ley de Amnistía en 1977. Pero a Magariños, que además se dejó la barba y el pelo largo, los militares le odiaban, tenía varios consejos de guerra".

Es en esta época cuando la objeción de conciencia arranca, con timidez. "Cuando yo lo viví, el sentimiento de objeción me parecía bastante minoritario", explica Luengo, de cuyo encarcelamiento informó la revista Blanco y Negro. "Era poca gente, la objeción no estaba regulada y se penalizaba con una dureza enorme", subraya, añadiendo que al término de su cautiverio él y sus compañeros aún tuvieron que cumplir en el cuartel los dos meses que les restaban de servicio militar.
El momento histórico, el inicio de la violenta Transición y los frecuentes atentados de ETA y GRAPO, pesaba en contra. "Cuando el secuestro de Oriol y Villaescusa, me interrogaron un montón de veces, pretendiendo una vinculación", asegura Luengo, aludiendo al rapto perpetrado del teniente general Emilio Villaescusa y del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol. "Los objetores eran más bien un rechazo individual, todavía no eran un colectivo, y lo nuestro era un trabajo político, los cuarteles eran golpistas", concluye.

El auge objetor

En 1977 se creó el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), muy activo en el País Vasco, Cataluña, Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía. El intento de golpe de Estado en 1981, las movilizaciones de 1982 en contra del ingreso a la OTAN y el triunfo del PSOE en las elecciones generales de aquel año jalonaron un contexto donde a finales de 1984 se aprobó una ley que regulaba la objeción de conciencia. A la par, se crearon en todo el país una serie de colectivos agrupados bajo el nombre de Mili KK.

Avanzada la década de los ochenta, al impulso de los objetores se unió el de los insumisos, que rechazaban la prestación social sustitutoria (PSS) que preveía la ley, un trabajo forzado de mayor duración que el propio servicio militar. Los insumisos, ya muy numerosos, empezaron a pasar por prisión. Para 1994, el número de los aún no enjuiciados ascendía a unos 10.800. No había espacio en las cárceles para todos ellos. Las cifras de insumisión y objeción en el País Vasco y Navarra, en comparación con el resto del Estado, se dispararon. En 1992, el 19,87% del contingente de quintos en toda España se declaró objetor, pero en el País Vasco la cifra había llegado al 50% el año anterior. Solo en Navarra se celebraban la mitad de los juicios por insumisión de todo el país.

"La presión popular era enorme, España fue el país donde la cuestión del servicio militar obligatorio fue objeto de debate social con mucha mayor intensidad que en ningún otro país de Europa", declara a Sputnik Juan Antonio Herrero, autor en 1987 de Informe Crítico sobre el Servicio Militar e integrante en la Comisión mixta Congreso-Senado para la plena profesionalización de las FFAA y supresión del servicio militar obligatorio, en tanto que experto civil.

Herrero explica que la cuestión en 1989 estaba ya tan candente, que la campaña electoral de las elecciones generales de ese mismo año también estuvo dominada por este debate. "Pasaron a la historia como las elecciones de la mili", asegura, subrayando que el Gobierno del PSOE "pudo dar el paso", pero que no lo hizo "por la oposición personal de Felipe González". "El tenía el llamado Plan 2000, pactado con el PP, que preveía la profesionalización del 50% de las FFAA, lo cual era un uso engañoso del término profesionalización". Pero la oposición del PP en este aspecto era "blanda", recuerda Herrero, porque en su seno " había elementos, como Alberto Ruíz Gallardón o Ignacio Cosidó, abiertamente partidarios de la profesionalización".
"Durante unas jornadas en la Universidad de Verano en El Escorial organizadas por el Ministerio de Defensa se me acercó Santiago López Valdivieso (futuro director general de la Guardia Civil) y me dijo que mi libro le había convencido. También había militares partidarios de la profesionalización, como el teniente general Cano Hevia".

El móvil económico

Actual docente en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, Juan A. Herrero fue profesor de Ética y Política Pública durante 20 años en la Universidad del Estado de California, donde investigó el proceso que desembocó en la eliminación del servicio militar obligatorio en EEUU y también estudió el caso español.
Y llegó a una conclusión: se obtenía un servicio público sin que el contribuyente pagara impuestos, pues a los reclutas no les pagaban sueldos de mercado, sino un exiguo estipendio. "Este impuesto es brutalmente desproporcionado y además regresivo, es un impuesto en especie que se carga a un grupo concreto de población (hombres de una determinada edad) que sostiene un servicio público para que el resto de la población no tenga que pagarlo. Esto es inconstitucional en EEUU y en España, lo publiqué y el mensaje acabó calando", señala.

Otra de las cifras aportadas en su momento por Juan A. Herrero y que favoreció la toma de conciencia sobre la necesidad de suprimir la mili en España fue la anormal mortalidad por accidentes durante el servicio militar y la escandalosa tasa de suicidios entre los soldados forzosos en comparación con hombres del mismo grupo de edad en la sociedad civil. La de los primeros casi triplicaba la de los segundos.

Insumisos cruciales

A mediados de los 90 la situación en España era ya insostenible. En 1994 los objetores de conciencia representaban el 37% del contingente llamado a filas. Y para 1995 unos 200.000 de ellos se hallaban sin PSS asignada. Muy pocos la terminaban cumpliendo.

Aunque la mayor parte de la población española no era antimilitarista, no se mostraba favorable al servicio militar obligatorio, explica Herrero. "Y el MOC era radicalmente antimilitarista, no querían tener un ejército. Pero utilizaba esas cifras para dar a entender que el antimilitarismo tenía un gran poder, y no lo tenía, se nutría de una política inflacionaria".

"La objeción de conciencia no movió el asunto hacia la eliminación de la ’mili’, es un error muy extendido. El MOC abogaba por eliminar el Ejército y se oponía a la PSS. Eran muy radicales, ahí diferí con ellos".

"El MOC, donde no había jerarquías, acabó dominado por los insumisos. Pero como estaban todos juntos, en los estamentos oficiales creían que solo pedían que la mili fuera voluntaria. Pues no, lo que pasa es confluyeron ambas cosas. Pero los insumisos fueron un factor crucial, toda la información que yo di, por ejemplo, no habría servido para nada sin su presión", admite Juan A. Herrero. "Fue la argumentación lo que ayudó a dar el paso, ayudó a que esto fuera digerible. Pero sin los insumisos los argumentos habrían sido obviados y se habría tardado otros 10 ó 15 años en dar el paso".

España fue el tercer país de Europa occidental en profesionalizar a sus Fuerzas Armadas. Holanda fue el primero en 1991 y Bélgica la siguió al año siguiente. "Pero cuando Holanda dio el paso, lo que estaba pasando en España era noticia por toda Europa. España estremeció a todo el continente, envalentonó a los insumisos en Italia y Alemania, que pocos años después también suprimieron la mili obligatoria. Después hubo un efecto dominó", concluye Juan A. Herrero.

Los que se libraron

La exención de cumplir el servicio militar obligatorio atendía a varios supuestos; sufrir taras físicas o psíquicas, responsabilidades familiares, etcétera. También era posible dilatar la entrada al cuartel mediante prórrogas por estudios. En cualquier caso, la edad de 30 años era el límite para ser llamado a filas.

Las revisiones médicas en los hospitales militares certificaban la talla y la aptitud física y psíquica de los reclutas. A quien no pasaba la revisión se le declaraba "inútil para el servicio". Por experiencia propia, en los 80, una miopía superior a 3,5 dioptrías valía para recibir tal exención. El yerno del rey emérito de España, Iñaki Urdangarín, actualmente caído en desgracia, alegó en 1995 una sordera para esquivar la mili. Y algunos facultativos incluso señalaban a los jóvenes los problemas físicos que podían alegar para lograr su exención.

"Jugando al rugby me dieron un golpe en la espalda y como pasadas dos semanas me seguía doliendo, fui al médico de cabecera del equipo. No vio nada en la radiografía, excepto una leve desviación de la columna vertebral. ’Aprovecha, que te podrás librar de la mili’, me dijo. Fue un gran consejo", explica a Sputnik Sergio Carpintero, finalmente declarado "inútil total" durante la ulterior revisión médica en el hospital militar de La Coruña a finales de los años 80.

"Yo me libré al cumplir los 30 años", confiesa a Sputnik Adolfo De la Fuente, quien fue agotando las prórrogas por estudios "hasta que me hice objetor". "Me tocó la PSS en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en la ventanilla de información. Estuve el primer día y ya no volví más. En su lugar presenté un informe médico sobre mi rodilla, donde decía que sufría fuertes dolores y que no podía permanecer más de 20 minutos de pie. Como no lo admitieron, me llegó una citación judicial, pero era para febrero de 2001, cuando ya cumplía 30 años, por lo que la citación quedaba automáticamente anulada. Pero llegué a solicitar un abogado de oficio", cuenta De la Fuente, quien explica que logró estirar todo el proceso en el tiempo porque "siempre enviaba los documentos el último día disponible en plazo".

Los últimos reemplazos de quintos correspondieron a los nacidos en 1982 y 1983. Es una generación que ya no vivió con tensión la llamada a filas. "Yo todavía fui a tallarme y pasar la revisión médica, pero estaba estudiando y tenía prórroga de estudios, que coincidió ya con la supresión de la mili", cuenta a Sputnik Rubén Cejudo. "Los de mi generación, con solo seguir estudiando un año más o repetir curso en el instituto de Secundaria, ya nos libramos. Conozco muy poca gente de mi generación que haya hecho la mili, solo a una persona. Y la hizo porque quería hacerla. Los del 82 no necesitamos hacer objeción", concluye.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/20211...