Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad. Colombia: ¿"Seguridad Democrática" o Terrorismo de Estado?

El Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, representando a su
presidente, Álvaro Uribe en la Cumbre Internacional sobre Democracia,
Terrorismo y Seguridad de Madrid desvía la atención sobre la masacre
perpetuada por el ejercito colombiano hace tres semanas.

Organizaciones de Derechos Humanos denuncian al Estado colombiano de
promover una política de guerra e impunidad y estar vinculado a los grupos
paramilitares que cometen a diario crímenes y amenazan a miembros de la
oposición y las organizaciones sociales y de DDHH.

Mientras el ex presidente colombiano, Andrés Pastrana, centró su análisis
sobre Colombia, durante la Cumbre convocada por el Club de Madrid, en la
necesidad de "desenmascarar y perseguir" al narcoterrorismo - que en su
opinión es la fuente de la violencia en Colombia y único responsable de la
guerra - el actual Vicepresidente, Francisco Santos programó una visita
protocolaria con la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados. Ayer a ultima hora se canceló esta visita. Interpretamos que
Santos evitó así tener que enfrentarse a posibles preguntas de algunos
grupos parlamentarios sobre las violaciones permanentes de los DDHH, los
crímenes de lesa humanidad y la impunidad en este país andino.

El gobierno colombiano utiliza la Cumbre de Madrid (y el dolor que causaron
los atentados del 11-M) para vender una vez más su política de "seguridad
democrática", su "mano dura" y la "negociación con los paramilitares" como
solución al "terrorismo". Mientras tanto su Fuerza Pública está acusada de
matar y amenazar impunemente a la población civil.

Así el pasado 21 de febrero miembros de la Brigada XI del Ejército Nacional
masacraron a siete campesinos, entre ellos niños de dos, seis y once años,
de la Comunidad de Paz San José de Apartadó. Las víctimas fueron amenazadas
de muerte, detenidas arbitrariamente, torturadas y asesinadas, y luego
enterradas en dos fosas. Este pasado fin de semana otra persona de las
Comunidades de Paz y Resistencia, de Dabeiba, fue detenida, torturada y
asesinada. Su cuerpo apareció el domingo con señales de violencia sexual
cerca de una base paramilitar. Ella era testigo de las criminales acciones
de paramilitares y fuerzas oficiales del Estado colombiano.

Las organizaciones comprometidas con los DDHH hemos condenado enérgicamente
éstas masacres,, como lo hicimos con incontables crímenes en pasados años.
Nos preguntamos: ¿Qué ha hecho el gobierno español -que dice estar
comprometido con los DDHH y la paz en el mundo- después del masacre en San
José de Apartadó para exigir al gobierno Uribe el esclarecimiento ante la
responsabilidad de sus tropas por los hechos? José Luis Rodríguez Zapatero
visitará pronto Colombia, lo que debería implicar que el gobierno español
aclare su posición sobre los DDHH en éste país. Y si los crímenes del
Ejército colombiano son o no terrorismo. Las víctimas son población civil
indefensa como las víctimas del 11-M.

Y a los participantes en la Cumbre de Madrid dirigimos la pregunta: ¿Qué más
tiene que pasar para que Comunidad Internacional censure al Estado
colombiano por sus crímenes? El gobierno de Uribe está utilizando la llamada
"lucha internacional contra el Terrorismo" que convoca a la Cumbre de
Madrid, para encubrir y justificar las violaciones sistemáticas a los DDHH.
Pero no es ni "democrático" ni da "seguridad" a la población. En la nueva
masacre de San José de Apartadó se percibe la tragedia de este país, la
implementación de una política de seguridad que no tiene límites. No hay
distinción, no hay regulación, no hay garantías, no hay protección, solo
terror.

"El Derecho Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad son
imprescriptibles; que no son indultables ni amnistiables", manifestó
recientemente el defensor colombiano de DDHH e investigador del CINEP, el
padre jesuita Javier Giraldo. El y la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria
Cuartas, han acusado al Ejercito de la masacre en San José de Apartadó. El
Ministerio de Defensa colombiano acusa injustamente a Giraldo y Cuartas,
mientras ella ha recibido amenazas de muerte.

El Gobierno del Señor Rodríguez Zapatero tiene una excepcional y única
oportunidad para dar muestra de coherencia, preguntando al Gobierno
colombiano por estas masacres y si sus autores en las filas del ejército
han sido investigados y juzgados. ¿O qué más tiene que pasar para que el
Gobierno español censure al Estado colombiano por sus prácticas de
terrorismo?

Más informaciones:
Carlos Ruiz (69 66 39 902) y Tom Kucharz (687 07 82 36)

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