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Cuatro miembros del Grup Antimilitarista Tortuga juzgados hoy en Alacant reivindican que el ejército español y la OTAN abandonen la Serra d’Aitana

Lunes.16 de febrero de 2015 1493 visitas - 10 comentario(s)
La fiscalía da alas a la denuncia militar manteniendo su petición que suma alrededor de 15.000 euros de multa. #TITRE

Se celebró hoy en los alicantinos juzgados de Benalúa -en el mismo edificio que, como prisión, vio morir a Miguel Hernández- el juicio a cuatro integrantes del Grup Antimilitarista Tortuga, quienes en 2008 tuvieron el atrevimiento de colocar una bandera de la paz en el pilón (vértice geodésico) de la Serra d’Aitana, el punto más alto de la provincia y vedado a excursionistas y público en general por encontrarse dentro de un recinto militar.

Esta acción se enmarcó en el “Día Europeo contra las Infraestructuras Militares” y con ella, como se recalcó en el juicio de hoy, se pretendió denunciar tanto la imposibilidad de disfrutar de la Serra d’Aitana por parte de las personas no militares, como la agresión medioambiental que la sierra sufre con las nocivas instalaciones y construcciones que coronan su parte más alta, así como la propia instalación del radar militar y su acuartelamiento, utilizado por la OTAN para el control de un amplio sector del mediterráneo y para garantizar la navegación aérea desde las bases OTAN del Estrecho hacia las cruentas guerras de Oriente Medio y Norte de África. El acto de colocar la bandera fue una Acción Directa Noviolenta de Tortuga en la que no nos escondimos en absoluto y en la que se colgó abundante información gráfica de la misma en nuestra web. El ejército aprovechó esta circunstancia para denunciar a las personas activistas que fueron reconocidas, seguramente, al figurar en los archivos de la Guardia Civil, institución que, cabe recordar, forma parte de las fuerzas armadas.

Se da el caso de que en un primer momento el ejército trató de que las personas reconocidas por la Guardia Civil fueran juzgadas en consejo de guerra por delito de allanamiento de instalación militar. Sin embargo la fiscalía militar central de Madrid desestimó tal cosa, entendemos, al recibir órdenes superiores que desaconsejaban tal acto judicial el cual podría suponer una erosión para la imagen que el ejército pretende transmitir de sí mismo como institución democrática y al servicio de la sociedad. Es debido a esta circunstancia cuando el tema se redirige a una cuestión de delito de daños. De forma, entendemos, mezquina y poco honorable, la institución militar trata de minimizar su coste de imagen al tiempo que persigue que los activistas sean “crujidos” con una buena multa. Lo que se puede entender como represión silenciosa. Así surge la cuestión del presunto daño a la valla de la base militar y los chapuceros presupuestos y peritajes de encargo para que el supuesto daño constituya delito y no falta, lo cual aumenta exponencialmente la posible multa. En el juicio de hoy nuestra letrada, quien ha llevado el tema con un enorme interés y profesionalidad, desmontó uno a uno esos presupuestos y el peritaje judicial, realizados todos ellos de oídas, sin visitar el supuesto lugar dañado -el cual continúa roto- y siguiendo instrucciones militares que ya a priori evaluaban el posible coste de la reparación. Incluso se evidenciaron las lagunas en la actuación del que en su día era el comandante en jefe de la base, el cual declaró por videoconferencia desde Torrejón de Ardoz.

El peritaje que aportó nuestra defensora realizado recientemente in situ y con abundante documentación fotográfica aclaró, pensamos, lo deliberadamente inflado de los anteriores presupuestos. Circunstancia que incluso la fiscal reconoció en sus conclusiones, a pesar de mantener su petición inicial. Por su parte las personas juzgadas se negaron a entrar en el debate hacia el que el ejército ha tratado de reconducir el cuestionamiento de la necesidad y eticidad de esa base militar, respondiendo únicamente a las preguntas alusivas un simple “se accedió a la instalación militar de la forma y por el lugar que aportaba mayores porcentajes de seguridad tanto para nuestras propias personas como para las de quienes custodiaban -armadas- la base militar”. En sus conclusiones, nuestra letrada pidió la libre absolución de las cuatro personas procesadas. Circunstancia que entendemos que es la justa y la correcta puesto que no ha de ser callada ni reprimida la voz de quienes con medios pacíficos reivindican una sociedad noviolenta.

Reseñar también que el juez que dirigió la vista se comportó en todo momento con corrección y amabilidad hacia todas las partes y personas implicadas en el proceso, lo cual es de agradecer, porque no siempre sucede.

En el exterior de los juzgados hubo una concentración de apoyo, que fielmente se mantuvo durante las tres horas que, entre esperas y la propia complejidad de la causa, duró el juicio, con pancartas reivindicativas de una sociedad desmilitarizada. Volvimos a contar con la presencia del grupo teatral Brocólicos, que improvisaron una representación alusiva al secuestro y represión de la libertad.

La lucha continúa.

Grup Antimilitarista Tortuga.

Ver también en Tortuga:

Manifiesto de la acción

Noviembre 2008: Antilimilitaristas alicantinos entran a la Base de Radares de Aitana y plantan la Bandera de la Paz

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