Cuando la guerra se roba la inocencia en la Colombia olvidada

Por Javier alexander macías y ricardo monsalve gaviria

Hay alarma entre las autoridades del país por el continúo reclutamiento de menores de edad por parte de los actores armados. Este flagelo causa un impacto irreparable en la sociedad.

Jorge Armando* es un niño de ocho años y ha sido ajeno a la escuela, al estudio. Las veces que intentó llegar a las clases tuvo que devolverse porque en el camino hallaba casquillos de balas que recogía y luego entregaba a sus padres, asustado. El último intento frustrado por llegar a un salón estudiantil fue el 30 de octubre pasado. Iba disfrazado de payaso, lo habían invitado a la fiesta de Halloween de la escuela a la que soñaba entrar el próximo año a cursar primero de primaria.

“No pudo llegar, porque cuando iba en la curva del colegio, antes del cementerio, se encontró con hombres armados que rondan el monte. Dijeron que si se quería ir con ellos, que lo ayudaban a estudiar”, cuenta el padre del menor, un campesino que vive en zona rural de Tarazá, donde el Eln ha recurrido a estas prácticas para nutrir sus ejércitos, menguados por las acciones de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Lo mandamos a dónde una tía a Medellín, en el barrio Santo Domingo. Aunque allá tampoco ha podido estudiar porque el año ya se acabó y piden papeles que todavía no tenemos. Tampoco tenemos plata para viajar”, dice su mamá María Elvira.

En la zona rural de Tarazá ser niño se ha convertido en un problema. El asedio de los grupos armados ilegales les está robando sus ilusiones, y los juegos infantiles los hacen entre letreros de combates y minas antipersonal que han vuelto a poblar sus campos.

Pero no solo la zona rural de Tarazá se ha convertido en un territorio hostil para los sueños pueriles. En sus periplos por el país, la Defensoría del Pueblo ha identificado que entre las zonas con más riesgo para que los menores de edad puedan ser reclutados o usados por los grupos armados está el Bajo Cauca y Nudo del Paramillo en Antioquia, la Costa Pacífica nariñense, Llanos del Yarí (Meta), Norte del Cauca, las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan en Chocó, la zona cordillera en Nariño y Catatumbo en Norte de Santander.

Explica la Defensoría que el fenómeno ha venido creciendo en zonas donde antes hubo presencia de las Farc, y con su salida, tras la dejación de armas, entraron en disputa grupos como el Eln, el Epl, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, las disidencias de las Farc como el frente 1, el 7 y otros.

“Hemos emitido más de 140 alertas tempranas con más de 84 recomendaciones para evitar el reclutamiento. Esto es una situación muy grave que se presenta en la Colombia profunda y pasa en Orocué, Casanare, Vichada, Meta, Caquetá, Putumayo, pero también pasa en las comunas de Bogotá, Medellín, Cali y Bello”, explicó Carlos Negret, defensor del Pueblo.

El funcionario hizo un llamado a los grupos ilegales para que dejen de usar los niños “porque deben estar con los cuadernos y no con las armas en las manos. Los hemos visto uniformados en Chocó entregando secuestrados, pero también los usan para extorsiones, para el alquiler y venta de armas, para avisar si ven las autoridades o en la venta de drogas”, enfatizó Negret.

Un impacto mucho mayor

En la última semana de noviembre se realizó en Medellín un encuentro por la verdad de la Comisión de la Verdad. Con este evento se buscaba generar conciencia sobre el reclutamiento como uno de los crímenes que se cometen contra los niños en medio del conflicto armado en Colombia, más ahora cuando las alarmas están prendidas por el incremento de menores llevados a las filas de los armados, pero también buscaba el reconocimiento de excombatientes que desarrollaron esta práctica.

“Lo estamos viviendo y constatando. Los niños son vinculados de diversas maneras: como fuerza armada, pues el menor no tiene ese sentido por la vida, entonces infortunadamente son los más arrojados al momento de disparar y eso lo saben los grupos; también son utilizados como raspachines y ahí ganan plata, entonces dejan de estudiar “, expresó el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión.

Desde la institucionalidad hay conciencia de la actual situación. Si bien los esfuerzos para evitar el reclutamiento llevan años en las agendas estatales, en los últimos tres años se ha intensificado la lucha contra este flagelo. Solo en lo que va de 2019 el Ejército Nacional ha recuperado a 152 menores de edad reclutados por grupos armados organizados y delincuencia organizada.

“Una de las prioridades del Ejército es proteger a los niños, niñas y adolescentes del reclutamiento forzado. Para esto se realizan campañas de prevención a través de las emisoras del Ejército y con el componente de Acción Integral”, explica el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional.

Estos menores han sido entregados al ICBF para restaurarles los derechos perdidos y los sueños arrebatados por la guerra. “Tenemos una gran tarea pendiente, en los últimos meses y cada vez con más urgencia y gravedad, se están encendiendo las alarmas de la guerra en los entornos en los que transcurre la vida de los niños niñas y adolescentes y el Gobierno Nacional no les va a fallar”, afirmó la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi.

Pungiluppi asevera que el ICBF ha brindado atención a 6.748 menores de edad desvinculados de la guerra en los últimos 20 años y que toda la información que se tienen de esos casos, será aportada como evidencia a los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz para contribuirle a la verdad.

“Debemos entender que cuando un niño o niña es reclutado se le vulnera su derecho a tener una familia a la vez que se le vulneran otros derechos como la salud, educación y hasta identidad”, añadió la directora del ICBF.

Según el Registro Único de Víctimas, de las 8.8 millones de víctimas del conflicto armado, 2.3 millones son niños, niñas y adolescentes. Entre 1960 hasta 2016, el Centro Nacional de Memoria Histórica, tiene un registro de 17 mil menores víctimas de reclutamiento y hasta el año 2018, más de 41 mil menores de edad fueron desaparecidos forzadamente.

Reclutamiento a la sombra

El 18 de noviembre del 2000 tronaron sin descanso los fusiles del Ejército contra las Farc. La ofensiva se dio en el cerro Berlín, en zona rural de Surata, Santander, donde 362 guerrilleros que integraban la columna móvil Arturo Ruiz esperaban agazapados la hora de atacar. Lo que poco se conoce es que casi la mitad de esa unidad subversiva estaba compuesta por menores de edad reclutados. Eran en total 150 y en el cerro Berlín, murieron 74 de ellos.

Elkin Prada* tenía 12 años cuando las Farc le arrebataron el resto de su infancia y se lo llevaron para el Meta. “Allí en la Macarena recibí instrucción militar y me di cuenta que no era el único niño, éramos casi la mitad de todo el grupo”, recuerda.

Haberle disparado a un helicóptero del Ejército en el que iba un general fue, para Elkin, el peor error. “Justo después de que casi derribamos ese aparato, el Ejército nos rodeó. Nos tocó resistir en un hueco el combate. A mi lado caían muertos muchos de mis compañeros, niños. Otros que decidieron entregarse fueron acribillados por los soldados. Para el Ejército fue un éxito, para quienes sobrevivimos, la crueldad más grande de nuestras vidas, no solo porque la guerrilla nos reclutó, también por el Ejército que nos acribilló”, asegura.

Este hecho que marcó el resto de su vida fue narrado por Elkin en el encuentro por la verdad, su reclutamiento generó un impacto mayor que se extendió a su familia y entorno. Esta persona tiene la fortuna de narrar lo ocurrido, contar su experiencia y hacerle un llamado al Estado para que su historia no se repita en otros menores.

“Yo actualmente tengo una familia, hemos sabido afrontar esto. Del grupo que éramos, actualmente no habemos (sic) sino 20 porque el Estado nos dio la espalda, nunca nos ayudó siendo menores de edad, gente que veníamos del campo, que no sabíamos afrontar una ciudad. Hubieron gentes (sic) que reincidió en grupos paramilitares o elenos por falta de apoyo”, añadió.

El relato de Elkin muestra la poca información que hay frente al reclutamiento. Muchos de los combatientes murieron siendo niños, otros, como pasó en la desmovilización de los paramilitares, fueron enviados a sus casas sin ni siquiera pasar por un registro, porque hacerlo sería endilgarles a los comandantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario que les representarían penas en prisión más altas.

Alejandra Miller, comisionada de la verdad, aseguró que hay un profundo subregistro de lo que ha ocurrido en el conflicto colombiano. “La estadística, aunque importante, solo da un significado mínimo de lo que significa el dolor profundo de lo que vivieron estos jóvenes”, afirmó.

Ángela Salazar, también comisionada, recalcó que las cifras son importantes, “pero lo es más el impacto que dejó el conflicto en los menores de edad, sus familias y comunidades. No es lo mismo lo que ocurre con un niño en área metropolitana a lo que le ocurre a un niño en zona rural”.

A las tragedias de Elkin y Jorge Armando las separa la distancia y los años pero las une el mismo hecho: el reclutamiento infantil a ambos les robó los sueños. Uno los perdió en la guerra, el otro huyo de ellos y se refugió en una de las comunas de Medellín.

*Nombres cambiados
por seguridad..

No existe ninguna justificación posible para reclutar a un niño o niña menor de 18 años. Nuestra ley lo establece a partir de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre participación de niños y niñas en conflictos armados con la Ley 833 de 2003, que bajo ninguna circunstancia las fuerzas armadas, ni los grupos armados diferentes a las fuerzas armadas de un país, deben reclutar o utilizar a menores de 18 años durante hostilidades.

Los niños y niñas reclutados o usados en el marco del conflicto armado son “victima”, y el reclutamiento o uso no debe usarse bajo la justificación de que con ello se está protegiendo a los niños o niñas o se les está brindando oportunidades, porque esto es un delito. El reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años, es un delito de lesa humanidad y además una clara violación a los derechos de la niñez y a los tratados y protocolos internacionales en la materia de niñez y no puede disfrazarse detrás de intereses supuestamente altruistas o de ayuda. Ningún niño debe estar vinculado a los conflictos en ninguna manera y por ello el Estado, la familia y la sociedad debemos garantizar su protección.

Fuente: https://www.elcolombiano.com/colomb...