Crónica de la corrupción de un solo día: un presidente autonómico, una jueza y el chófer de un alto cargo

Todos los casos de corrupción que aparecen en los medios de comunicación no son más que la punta del iceberg de una práctica generalizada. Y no crean son casos puntuales, casualidades o personas concretas con la moral muy laxa. Es el propio sistema de delegación de autoridad el que provoca estas inercias que son inherentes a su propia esencia. Nota de Tortuga.

El chófer de un alto cargo de Andalucía declara que él y su jefe desviaron casi un millón de euros de subvenciones y se lo gastaron, entre otras cosas, en coca y fiestas

Un exchófer de la Junta declara que usó subvenciones para cocaína y fiestas

El exempleado del director de Empleo recibió 900.000 euros públicos para dos empresas

El conductor afirma que uso los fondos para un solar, un piso, ropa, teléfonos y drogas

La juez de los ERE reclama la investigación del testimonio del antiguo amigo de Guerrero

El País, Sevilla, 9 ENE 2012

La declaración ante la policía de Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fue director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008, Francisco Javier Guerrero, implicado en el supuesto fraude con las ayudas públicas para expedientes de regulación de empleo (ERE), ha añadido aspectos inéditos en la investigación de este caso, que dirige la juez Mercedes Alaya. Parte de una ayuda se usó para "cocaína y fiestas", según manifestó Trujillo el pasado día 15 ante los agentes de Andújar (Jaén).

El testimonio se ha producido a raíz de una investigación abierta por la Agencia Tributaria en 2010 en Andújar. Alaya ha pedido de inmediato asumir la instrucción al entender que tiene relación directa con la trama de los ERE fraudulentos que ella investiga.
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Según el testimonio, Trujillo creó dos empresas (Iniciativas Turísticas Sierra Morena, SL, y Lógica Estatégica Empresarial para crear un alojamiento rural y una factoría de muebles. Para estas entidades, Guerrero, siempre según el documento de la declaración, le concedió en 2004 dos subvenciones que sumaron un total de 900.000 euros y que, en vez de ir destinadas a la viabilidad de los mencionados negocios, se destinaron a la compra de un terreno, un piso en la calle San Luis de Sevilla, material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros”. Entre este capítulo de otros, el exconductor incluye “comprar cocaína para su jefe y para él” así como “ir de fiestas y copas”.

El conductor, que fue despedido de la Junta en 2009, después de 20 años trabajando para la Administración, ha dicho también que fue el propio Guerrero quien le dio las indicaciones de qué tenía que hacer para beneficiarse de las ayudas. De acuerdo al atestado, entabló amistad con el exdirector general, quien le afirmó tener “potestad” para “conceder de forma indiscriminada subvenciones sin necesidad de justificar nada”, por lo que le conminó a crear dos empresas y pedir las ayudas.

Fue así como surgieron, según Trujillo, sus dos sociedades y las ayudas, cuyo expediente elaboró él mismo sobre dos folios, siempre según el testimonio del extrabajador.

La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, ha dicho esta mañana que esta declaración no va acompañada de pruebas y que es "tan brutal" y "sumamente irreal" que le hace pensar que "no es verdad". "Cuando lo demuestre podremos hablar", ha señalado Elena Valenciano.

La juez Cillán puso 18.000 euros de sueldo a "un amigo"

El Poder Judicial le ha abierto un expediente por tres faltas muy graves

JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid - 09/01/2012

El informe de la Inspección del Consejo del Poder Judicial sobre la juez Coro Cillán que ha dado lugar a que se le abriera un expediente disciplinario por tres faltas muy graves y una grave describe serias irregularidades supuestamente cometidas por la magistrada en relación con la firma Moma 56, SL. Entre ellas, adoptar decisiones judiciales que implicarían un trato de favor de Cillán hacia amigos suyos (uno de ellos, "íntimo"). El trato de favor habría sido otorgar la gestión y administración de tres locales de ocio de Madrid a sus amistades con la intención de forzar posteriormente su venta por 900.000 euros. La Fiscalía de Madrid investiga además, a petición del Consejo, si lo acontecido con esta discoteca en el juzgado de Cillán, el 43 de Madrid, constituye prevaricación.

El denunciado dice que Cillán otorgó un trato de favor al denunciante
En las minuciosas diligencias hechas por el Poder Judicial constan testimonios sobre almuerzos y reuniones extraprocesales de la juez con una de las partes del proceso para gestar supuestamente el precinto y cambio de administradores del local en favor de sus amistades. Existían diferencias entre los socios de estos establecimientos y, antes de la intervención de Cillán, el Juzgado 38 de Madrid había archivado una denuncia entre ellos. La juez, en escritos al Consejo, niega haber mantenido tales reuniones y las relaciones de amistad que se le atribuyen con una de las partes. Los hechos que describe la Inspección del Consejo en su informe, al que ha tenido acceso este periódico, arrancan el pasado 21 de septiembre. Cillán -la juez que en la actualidad investiga si hubo encubrimiento y falso testimonio en los atentados del 11-M- estaba ese día de guardia. Y acogió una denuncia "por administración desleal" interpuesta por Alberto Vos en representación de Moma 56, SL. El denunciado era Fernando Robes Ibarra, que en ese momento administraba Moma 56, que abarca una discoteca, un restaurante y una sala de fiestas. Vos creyó disponer de hechos nuevos y se fue al juzgado de guardia de Cillán. Como medida cautelar, pidió el precinto del local y de las oficinas, argumentando que Robes podía estar destruyendo cuentas.

La fiscal de guardia Soledad García se opuso al precinto. Sostuvo que, antes de adoptar una medida así, había que ver si era verdad lo que se decía en la denuncia. Cillán no le hizo caso y "sin audiencia de la parte denunciada, acordó el precinto del local y de las oficinas". Henry Joseph Feltenstein, abogado del denunciado, se presentó en el juzgado para pedir a Cillán que revocase la orden y explicarle que el asunto ya había sido resuelto por el juzgado 38. La juez citó al día siguiente a todas las partes, menos a la fiscal, para interrogarles.

Las normas de reparto de los juzgados de Madrid permiten al juez de guardia adoptar medidas cautelares (por ejemplo, un precinto). Si bien, hecho esto, debe remitir forzosamente el asunto "al Juzgado Decano para su reparto". Cillán no lo hizo. Se quedó con las diligencias. Fue una "decisión explícita" suya, dicen los inspectores. Tras precintar el local, nombró "administrador judicial íntegro de Moma 56 a Pedro Rodríguez Fernández", con el que mantiene "una relación de amistad" y al que puso un sueldo mensual "en concepto de honorarios de 18.000 euros". Según los inspectores, lo hizo de "manera absolutamente inmotivada". Días después, designó a otros dos administradores más, Juan Antonio Flores y Francisco Javier Caballero Dotres, también "sin motivación". Finalmente, dejó solo como administrador "a Caballero Dotres", con un sueldo de "2.500 euros mensuales". Los inspectores sostienen que Dotres es "amigo o amigo íntimo" de la juez.

Además, añaden que las diligencias desarrolladas en este asunto por Cillán son "una sucesión de escritos, documentos y comparecencias, sin resolución efectiva de las cuestiones planteadas (...), que reflejan el escaso rigor en la instrucción". Y consideran "anómalo" que mantuviera en su poder la causa en contra "de lo que disponen las normas de reparto" del Decanato y pese a que el asunto le había correspondido con anterioridad al Juzgado 38. También le reprochan que obviara en el proceso al fiscal, que se opuso al precinto del local.

El fiscal pide 8 años para Matas por patrocinar a su periodista de cámara

El columnista escribía sus discursos y los ensalzaba después en ’El Mundo’

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 09/01/2012

El por dos veces expresidente de Baleares y exministro de Medio Ambiente con el PP, Jaume Matas, se sienta hoy en el banquillo en el primero de los juicios del caso Palma Arena, y por el que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años y medio de cárcel, por haber gastado casi medio millón "de manera fraudulenta" y "arbitraria" en pagar a un periodista de cámara, Antonio Alemany, que le redactaba sus discursos y que, además, le ensalzaba desde las páginas de El Mundo.

Matas está acusado de malversación, prevaricación, falsedad, fraude a la Administración y tráfico de influencias por contratos "amañados" sin concurrencia, con documentación y facturas falsas. El supuesto desfalco alcanza los 483.000 euros. Están encausados, junto al expresidente, el periodista Alemany, tres ex altos cargos de Matas y un empresario. Tres de ellos, dos de los excargos del PP y el empresario, han decidido cooperar con la fiscalía.

Matas, investigado desde 2008 por supuesta gestión corrupta en la Presidencia y enriquecimiento ilegal, evitó entrar en prisión preventiva en 2010 porque depositó una fianza de tres millones. El 25 de enero, durante el juicio, un juzgado subastará su palacete de Palma, por impago de la millonaria hipoteca que logró para afrontar la caución carcelaria.

Matas contrató entre 2003 y 2007 a Alemany de Consultores de Información, a través de una empresa pantalla, para elaborar sus discursos y subvencionó a sus medios: la web Libertad Balear y la Agencia Balear de Noticias. El ministerio público cree que Matas buscó "la creación de un clima de opinión favorable al presidente, algo que no podía ser recogido en un contrato administrativo transparente".
Matas invirtió 483.000 euros públicos en el entramado de Alemany -"gastos totalmente innecesarios", dice el fiscal- para pagar los escritos e iniciativas periodísticas pro PP realizadas por Alemany, que a la vez era columnista de El Mundo y que ya fue su amanuense cuando era ministro.

El fiscal acusa a Matas de saltarse "los cauces legales (para) retribuir a Alemany de manera oculta", a través de una agencia de publicidad y agrega "que le financiaba y posibilitaba el que este realizara una campaña (aparentemente externa) para ensalzar la (su) actividad política". Alemany, al tiempo que cobraba de Matas a través de una empresa interpuesta por un contrato con otro objeto, se dedicaba aplaudir la política del expresidente y los textos que el mismo redactaba. El escrito de acusación incorpora las citas. En El Mundo, Alemany glosaba "la distancia sideral que hay entre los conceptos manejados por Matas y sus adversarios" o le atribuía "la razón política, la razón jurídica y la razón moral" (ver recuadro adjunto).
El primer pago gubernamental a Alemany, en 2003, se concertó antes de acceder Matas a la presidencia, por el discurso de investidura. Se han documentado cobros de 11.500 euros por entrevistas y reportajes que se suponen ficticios.

Alemany, con Matas en la presidencia, montó con fondos públicos el periódico digital Libertad balear y la Agencia Balear de Noticias. Subvenciones que no podría haber recibido en el caso de que sus vínculos contractuales con el Presidente se hubieran conocido, dice la acusación.

El periodista se enfrenta a una petición de cinco años y medio de cárcel por los delitos de malversación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, prevaricación y fraude a la administración.

Con Matas y Alemany está imputado Miguel Romero, publicista de la agencia Nimbus, "tapadera" de los contratos de Matas a Alemany -porque éste quería ocultar su vínculo con él- y que se encargó de parte de la campaña electoral del PP en las autonómicas y locales de 2007. Al tiempo, Nimbus logró dos millones de contratos del Gobierno de Matas. Para Romero la fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel; está además imputado en otras piezas del caso Palma Arena, entre ellas la del pago con fondos b de facturas de la campaña de Matas.

Tres altos cargos políticos en Presidencia con Matas irán a juicio por su relación en los trámites y encargos a Alemany: la ex jefe del Gabinete, María Umbert; la ex secretaria general técnica, Dulce Linares, y el ex director general de Comunicación, Juan Martorell, las dos primeras con una petición que no supera el año y medio de cárcel.
El periodista Martorell recibe un trato especial, por su confesión judicial tras un pacto con la Fiscalía para colaborar y por reparación, al depositar parte del montante de fondos defraudados. Con Martorell cooperarán con las tesis del fiscal Dulce Linares y el publicista Miguel Romero. La versión de autodefensa de esos imputados perjudica a Matas y Alemany.

Los piropos y auto-piropos del redactor de discursos

 Entre 2003 y 2007, Antonio Alemany escribió en El Mundo / El día de Baleares varios artículos ensalzando los discursos del presidente balear Jaume Matas, discursos que él mismo había redactado para Matas previamente (y cobrado por ello), según la Fiscalía Anticorrupción. Estos son algunos de los párrafos que el fiscal ha extractado de los artículos de Alemany.

 Sobre el discurso de investidura de Matas (25 de junio de 2003). " (...) Lo tenía muy fácil y por eso pudo permitirse el lujo de desconcertar a sus adversarios con un discurso que, en lugar de constituir un rosario tedioso de proyectos y compromisos reiteradamente expuestos y sabidos, explicó el armazón ideológico, conceptual y formal que subyacía a sus propuestas programáticas..."

 Sobre el mismo discurso de investidura: "La distancia sideral que hay entre los conceptos manejados por Matas y sus adversarios rebecos la tenemos en que, en su discurso, el candidato anticipaba y se adelantaba a estas reacciones. Les llamaba, con irónico sentido del humor, ’los hermeneutas del día siguiente’...".

 Sobre el discurso en el debate del estado de la autonomía (5 de octubre de 2004). "Jaume Matas tenía la razón política, la razón jurídica y la razón moral en el planteamiento que hizo sobre bilingüismo y demás libertades en torno a la educación (...) Ni siquiera la ’ikastolización’, en afortunada y exacta frase de Matas, está consiguiendo ni el uso social ni el prestigio..."

 Sobre el mismo discurso de octubre de 2004: "Vi a un señor muy tranquilo que explicaba lo que había hecho en el último año (...) y a un neocomunista desbarrando..."

El País