Acusan al Ayuntamiento de Orihuela de quedarse con parte del sobrecoste de una obra pública para financiar al PP

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García Ortuño declara al juez que el PP se financió con parte del sobrecoste de la Glorieta oriolana

El concejal afirma que las obras se licitaron por 1,2 millones, costaron según el Colegio Oficial de Ingenieros 3,4 y el Ayuntamiento abonó 7,2.

D. P.

Francisco García Ortuño, en el acceso al juzgado, junto a las ediles Fuensanta Durante y Virtudes Sanchís

«Alguno se puede poner a temblar»

El concejal del grupo municipal socialista oriolano, Francisco García Ortuño, aseguró ayer en su declaración ante la juez que investiga el presunto sobrecoste de la reforma de la Glorieta Gabriel Miró, que una parte del margen entre los 3,4 millones de euros que costaron las obras, según un informe técnico, y los 7,2 que finalmente abonó el Ayuntamiento a la empresa adjudicataria Doalco, «tienen como destino aportación económica al Partido Popular». Sobre este asunto también acudieron a testificar ayer el concejal de Los Verdes, Monserrate Guillén y el ex interventor municipal, José Manuel Espinosa Fenoll.

En su declaración ante la magistrada del Juzgado Número 3 de Orihuela, Teresa Martínez Soto, y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, explicó García Ortuño que «Doalco era contratada de forma habitual para obras del Ayuntamiento y de la Conselleria por designación directa y privilegios para esta empresa», y que ese sobrecoste de las obras también iban a parar a «beneficios de la empresa».

El regidor del grupo municipal socialista explicó que solicitó un informe del Colegio Oficial de Ingenieros de Obras Públicas para que se emitiera un estudio pericial sobre el coste real de las obras de la Glorieta. Según el citado informe las obras, licitadas en 1,2 millones, cuestan realmente 3,4 millones de dinero público, mientras que el Ayuntamiento abonó por ellas 7,2 millones. Un documento que el regidor aportó ayer al juzgado para sumarlo a las actuaciones.

García Ortuño dijo a la juez, magistrada que asumió las preguntas del fiscal Briones, que el ex interventor José Manuel Espinosa Fenoll le dijo que las certificaciones de obra eran firmadas por el ingeniero y el arquitecto municipal, pero que lo hacían sobre decisiones previas del arquitecto y el ingeniero de la mercantil Doalco. A pesar del presunto sobrecoste, la empresa reclamaba al Ayuntamiento intereses de demora por los pagos no satisfechos a tiempo.

Francisco García Ortuño aseguró ayer que Espinosa reconoció haber cometido errores como interventor del Ayuntamiento de Orihuela para proteger al alcalde José Manuel Medina. De hecho, aclaró el edil, cuando todavía era interventor, el 21 de julio de 2003, «maquilló un informe de intervención para justificar ante la Fiscalía el archivo de una denuncia previa realizada por Centro Liberal sobre este mismo sobrecoste». Según la declaración de Ortuño, el ex interventor realizó esto por «presiones del alcalde ya que ocupaba su puesto de interventor de forma accidental desde 1979», dependiendo de renovaciones anuales.

Por su parte, José Manuel Espinosa Fenoll explicó al periódico que la denuncia del sobrecoste de La Glorieta la inició en su día el Centro Liberal, y después fue archiva y reabierta tras los indicios de irregularidades denunciados por él y los ediles de la oposición ante el fiscal.

Según el abogado de Espinosa Fenoll, José Luis Bernabé, el ex interventor en su testimonio dijo ayer que alertó en 2002 de la falta de consignación presupuestaria para cubrir el gasto que estaba generando la reforma de La Glorieta Sin embargo, el Ayuntamiento aceptó abonar las certificaciones de estos gastos en 2003, con hechos consumados, cuando el Ayuntamiento ya había inaugurado este espacio público, el más popular y céntrico de Orihuela, en diciembre de 2002, meses antes de la última cita electoral municipal.

Grave irregularidad

Por su parte, el concejal Monserrate Guillén, que tan solo acudió a declarar citado sobre el sobrecoste de La Glorieta y no por la investigación de la liquidación de conciertos, se ratificó en su declaración ante el fiscal el 27 de septiembre de 2005 basada en las declaraciones del ex interventor Espinosa Fenoll en la conversación grabada por la oposición.

En esa reunión, Espinosa dijo que las obras inauguradas en diciembre de 2002, tuvieron un sobrecoste de más del 80 por ciento, de lo inicialmente presupuestado.

Guillén aclaró a la juez y el fiscal que consideraba que las modificaciones de obra hubieran obligado legalmente a adjudicar un nuevo proyecto «lo que supone una irregularidad grave por falta de aprobación de las cantidades no asignadas además de indicar que los sobrecostes son de carácter ficticio».

Aunque el concejal aclaró que no había tenido acceso a la documentación para justificar en parte este asunto, puesto que no han sido aprobadas las cuentas del ejercicio. Incluso aseguró en su declaración que desconoce si se ha pagado el importe total.

Jesús Ferrández no acudió al Palacio de Justicia a testificar como se había apuntado en los últimos días puesto que no ha sido llamado por el fiscal.

Tomado del Diario Información de Alacant