TTIP: La última frontera de la globalización

El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido por sus siglas en inglés TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) o por la traducción Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) es un acuerdo en negociación al máximo nivel entre la Comisión Europea y el gobierno estadounidense, que lleva en negociaciones desde julio de 2013 y pretende establecer un área de libre comercio entre Estados Unidos y Europa a través de la bajada o eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias, y de la adaptación de regulaciones.

Tanto la bajada de aranceles como el cambio de regulaciones internas de cada actor -la llamada ‘armonización regulatoria’- plantean una multitud de riesgos a nivel agrario, medioambiental, sanitario o laboral que están siendo señalados por una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales europeas. Su trabajo es el que ha permitido que poco a poco haya caído la barrera de silencio que desde las instituciones del Viejo Continente se había instaurado al iniciar las conversaciones. De hecho, fue a partir de una investigación de la Defensora del Pueblo Europeo, la británica Emily O’Reilly, cuando se liberó el mandato negociador otorgado por la Comisión a los representantes europeos en las comisiones del TTIP, un grupo encabezado por el español Ignacio García Bercero.

Si una cosa queda claro en este documento que debe guiar la negociación europea es que el acuerdo busca “obtener la liberalización recíproca del comercio en bienes y servicios, así como en las normas relacionadas con el comercio, con un nivel de ambición que supere los acuerdos existentes en la Organización Mundial del Comercio”. Esto es lo que dice el preámbulo del mandato, en el que se habla de la naturaleza y el objetivo de la negociación.

García Bercero: “Si no conseguimos llegar a un acuerdo con EEUU, el riesgo es que la UE quede marginada en el comercio internacional”

Liberalizar el comercio entre Estados Unidos y Europa es el objetivo primordial sobre los papeles, pero este acuerdo también busca establecer una dirección geoestratégica europea en cuanto al comercio: potenciar el eje occidental ante un contexto de crecimiento de los países asiáticos como productores y consumidores. Así lo explica a Mayhem Revista y El Salmón Contracorriente el negociador jefe de la UE, Ignacio García Bercero.

“El centro del comercio internacional inevitablemente está desplazándose hacia el este, hacia el Pacífico, donde yo creo que a la UE le interesa estar muy presente, pero también tenemos un interés estratégico en asegurarnos de que a nivel transatlántico siga habiendo un papel importante por parte de la UE y EE.UU. en todo lo que se refiere al desarrollo de las normas para el comercio internacional, ya que esto iría en favor de nuestra capacidad de influencia en la zona. Por el contrario, si no consiguiésemos llegar a un acuerdo con Estados Unidos, el riesgo inevitable es que la Unión Europea quedase más marginada en el comercio internacional”, admite García Bercero.

El componente estratégico y relacionado con la globalización cobra aún más fuerza al conocer el resto de acuerdos de libre comercio o de liberalización de servicios que están en marcha, no solo con la Unión Europea como protagonista. Un caso es el CETA (Comprehensive Trade and Economic Agreement), el tratado de libre comercio de la UE con Canadá que ha sido recientemente negociado y está en fase de estudio jurídico por la UE y los Estados miembros. También es conocido el acuerdo sobre servicios TISA (Trade in Services Agreement), en cuya negociación están incluidos países asiáticos y latinoamericanos. Ambos ejemplos, unidos al TTIP permiten entrever una estrategia global que va más allá de las negociaciones euroamericanas.

Dan Mullaney e Ignacio García Bercero, jefes de las delegaciones de negociación estadounidense y europea sobre el TTIP, durante una de las rondas de negociación en Bruselas (Foto: Comisión Europea)

Dan Mullaney e Ignacio García Bercero, jefes de las delegaciones de negociación estadounidense y europea sobre el TTIP, durante una de las rondas de negociación en Bruselas (Foto: Comisión Europea)

Algunos de los observadores más críticos con este acuerdo, como Cuca Hernández de la plataforma No al TTIP, destacan que el TTIP podría ser un modelo para futuros acuerdos de liberalización del comercio internacional.

“El TTIP quizá es en el que nos estamos fijando más porque podría ser el modelo para los futuros tratados. Es la estrategia política que tienen en estos momentos las multinacionales y el capitalismo neoliberal para crear un nuevo modelo de economía. Si en los años ochenta se buscaba un estado débil con el argumento de que el estado no era eficaz y era el sector privado el capaz de hacer funcionar la economía, ahora les interesa un estado fuerte, pero para que proteja sus inversiones”, explica Hernández en una entrevista con M* y El Salmón Contracorriente.

Desde el punto de vista de los actores más favorables al tratado, también este es un punto clave. Que el TTIP pueda marcar la pauta de las grandes relaciones de libre comercio es uno de los puntos favorables que ven a esta negociación los representantes empresariales, no solo de las grandes compañías –cuya expansión euroamericana ya es un hecho- sino de algunas compañías europeas de tamaño pequeño y mediano, según asegura Daniel Wennick, portavoz radicado en Bruselas de la Confederación Empresarial Sueca, que agrupa a un 98% de pymes del país escandinavo.

“El TTIP es una oportunidad de simplificar las reglas a ambos lados del Atlántico para poder importar y exportar productos más fácilmente entre la UE y EEUU, que es el socio comercial más importante para la Unión Europea. Es una manera, para nosotros, de decidir los estándares en todo el mundo. Yo espero que, después de este tratado, los estándares que decidamos aquí sean la base para un tratado global. Un tratado con todos los miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio”, apunta.

Los argumentos de oposición al acuerdo pasan, no solo por quienes discuten el modelo de liberalización comercial o por quienes temen un relajamiento de la regulación en materias sensibles para la población. También en muchos casos se aluden a posibles pérdidas de soberanía nacional, especialmente en cuanto a temas muy controvertidos como las cláusulas de protección de inversiones entre inversor y Estado (las llamadas cláusulas ISDS, que veremos más adelante) o las entidades de cooperación regulatoria.

“Un tratado de libre comercio como sería el TTIP, por la estructura que tiene, se sitúa justo por debajo de la constitución de cada uno de los países. Por lo tanto, tiene dos implicaciones fundamentalmente. Por un lado, las leyes que ese estado quiera incluir a posteriori de la aprobación de este tratado no se pueden contraponer a los acuerdos establecidos en el tratado de libre comercio. Por otro lado, su implantación orientará la política interna de ese país. Es decir, las decisiones que, posteriormente, tome el estado donde se apruebe ese tratado de libre comercio”, argumenta Lucía Vicent, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y FUHEM Ecosocial.

Dos años de negociación y transparencia a marchas forzadas

Aunque no ha estado sobre la mesa de la opinión pública en España hasta los últimos meses, son prácticamente dos años los que cumplen las negociaciones oficiales y nueve rondas desde el primer encuentro entre ambos comités, que tuvo lugar en Washington entre el 7 y el 12 de julio de 2013. Antes, en marzo de ese mismo año, ya se dio el pistoletazo de salida a las conversaciones con una comparecencia del antiguo comisario europeo de Comercio, el belga Karel De Gucht; posteriormente a un encuentro entre el presidente estadounidense Barack Obama, el entonces presidente de la Comisión, el portugués José Manuel Durao Barroso; y el anterior presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy.

Desde entonces se han completado nueve sesiones de negociación, que han alternado los escenarios entre Bruselas y distintas localidades norteamericanas; la última entre el 20 y el 24 de abril de este año 2015, con sede en Nueva York.

Florent Marcellesi: “La Comisión siempre ha ido a remolque en la información sobre el TTIP y ha negociado a espaldas de la ciudadanía”

Sin embargo, otros observadores interpretan el TTIP como el desencadenante de un proceso de negociación mucho más amplio, de incluso décadas.

“El principal antecedente tiene lugar en 1995 con el Diálogo de Comercio Transatlántico. De ese diálogo forman parte grandes corporaciones multinacionales de EE.UU y Europa, la Cámara de Comercio estadounidense y el Comité Europeo de Comercio. Tras años de idas y venidas, en 2007 se crea el Consejo Económico Transatlántico, que supondría un avance en las conversaciones. Después, en 2011 se crean los Grupos de Alto Nivel de EE.UU. y la UE sobre empleo y crecimiento, cuya principal misión sería estudiar las potenciales que podría tener un Tratado de libre comercio entre las dos áreas. Y ya en julio de 2013 se comienza la ronda de negociaciones”, explica Lucía Vicent, investigadora de la UCM y FUHEM-Ecosocial.

Con los documentos para prensa disponibles en la página de la Comisión de Comercio se pueden seguir los comunicados que se fueron elaborando a la conclusión de cada ronda, en los cuales se encuentran previsiones tan curiosas como una de marzo de 2013 –mencionada en la segunda ronda de negociación, en noviembre de 2013- que, citando fuentes del Centre for Economic Policy Research de Londres, aseguran que el tratado podría permitir beneficios para la UE de 119.000 millones de euros, que este centro de estudios cifra en un ingreso de 545 euros de renta disponible adicional al año por cada familia de cuatro habitantes.

Algunas de las rondas han tenido temas monográficos, como la situación de las pequeñas y medianas empresas, como fue el caso del cuarto encuentro realizado en Bruselas entre el 10 y el 14 de marzo de 2014. En la mayoría de los comunicados de prensa se destacan esos encuentros con patronales de las pequeñas compañías europeas; pero las indicaciones sobre las negociaciones y el estado son ciertamente vagas.

Uno de los documentos post-negociación más interesantes es el de la séptima ronda (del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, leer en PDF) en el que se detallan productos debatidos (productos químicos, farmacéuticos, médicos, automóviles, cosméticos, pesticidas, energía, materias primas) aunque tan solo se incluyen referencias a estudios regulatorios o peticiones de información entre partes. Tras la octava ronda también se emitió un reporte similar (aquí en PDF) en el que se tratan también asuntos tan controvertidos como las condiciones sanitarias y fitosanitarias, en el que se habla de “quitar barreras innecesarias” al tiempo que se asegura que no se van a disminuir los estándares regulatorios de cada parte.

Sin embargo, la documentación sobre el tratado ha tardado mucho en hacerse pública. De hecho, el mandato negociador no lo fue hasta octubre de 2014 (año y medio después del arranque de las negociaciones) y tuvo que serlo tras una actuación de la Defensora del Pueblo Europeo. Posteriormente, en diciembre de 2014, una iniciativa ciudadana europea presentó un millón de firmas contra el TTIP.

“La Comisión Europea siempre va a remolque de la información que sacamos otros grupos sobre el TTIP. Ha negociado a espaldas de la ciudadanía, a espaldas de los partidos políticos que estamos pidiendo información. Solo para tener el mandato de la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos tuvimos que filtrar los Verdes Europeos ese mandato en marzo del año pasado. Y seis meses más tarde vino la Comisión Europea diciendo ‘voy a hacer un ejercicio estupendo de transparencia’, cuando el mandato ya estaba en Internet filtrado”, explicó a Mayhem y El Salmón Contracorriente Florent Marcellesi, representante del partido ecologista Equo en el Parlamento Europeo (con un escaño compartido con Jordi Sebastià de Compromis, ya que entraron juntos en el Europarlamento con la coalición Primavera Europea junto a otros partidos).

“En cuanto al tema de la transparencia, evidentemente siempre se puede pensar que tendríamos que haber hecho ciertas cosas antes, pero lo que sí creo que es importante señalar es que en el momento actual no hay ninguna negociación bilateral en la cual haya un mayor nivel de transparencia por parte europea que en la negociación con los Estados Unidos”, repone García Bercero, que achaca la tardanza en la publicidad del mandato negociador europeo a las reticencias de los estados miembros de la UE.

Sánchez-Mato: “Esta actitud de confidencialidad de la UE muestra una suerte de despotismo ilustrado”

Otro de los aspectos más criticados ha sido la dificultad de acceso a los materiales de negociación que han tenido los propios eurodiputados. Dispuestos en unas salas de lectura y bajo unas condiciones muy altas de confidencialidad, representantes españoles ante la UE como Marina Albiol (La Izquierda Plural) o Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verds) han denunciado las condiciones en las que se revisan estos documentos, como explica Urtasun en este artículo de eldiario.es (http://www.eldiario.es/economia/eur...).

En opinión de Carlos Sánchez-Mato, presidente de ATTAC Madrid (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), esta actitud de confidencialidad muestra una suerte de “despotismo ilustrado”. “El argumento de pensar que todas estas negociaciones se mantienen en una cierta oscuridad en interés de las personas que vamos a ser beneficiarias es algo vergonzoso, parecido a lo que históricamente fue una etapa en España que se denominó despotismo ilustrado. Parece muy claro que quieren tanto nuestro bien que no nos lo quieren ni contar”, apunta.

García Bercero, representante máximo de la UE en la negociación, asegura que todos los miembros del Parlamento Europeo tienen acceso a los documentos que se utilizan en la negociación e incluso pueden proponer modificaciones en las posturas del equipo negociador, a través de una comisión de seguimiento de las negociaciones del TTIP establecida por la comisión de Comercio Internacional del Europarlamento, que preside el eurodiputado socialista alemán Bernd Lange, quien en una breve entrevista en el sitio oficial del Parlamento Europeo reconocida que había habido una “falta de transparencia” en el tratamiento de documentos (http://www.europarl.europa.eu/news/...) en proceso negociador que calificaba de “un barco en aguas agitadas”.

El Mandato

Un documento escueto relativo a temas generales y de apenas 18 páginas: así es el mandato negociador del Consejo Europeo al equipo negociador del TTIP, elaborado el 17 de junio de 2013 y desclasificado el 9 de octubre de 2014. Se trata de las líneas generales de salida que las instituciones europeas encomiendan a los negociadores para que sean defendidas durante las conversaciones del TTIP.

Este documento señala tres componentes principales del tratado: el acceso al mercado, las regulaciones y las barreras no arancelarias (non-tariff barriers) y las normas. Incluye entre sus objetivos el desarrollo sostenible, los derechos laborales y medioambientales e incluso señala que el acuerdo resultante debe “reconocer que las partes no buscarán desarrollar el comercio o la inversión exterior bajando los estándares medioambientales, laborales o sanitarios domésticos”.

El texto incluye las cláusulas de excepciones del acuerdo aduanero GATT de 1947, antecedente de la actual Organización Mundial de Comercio. Estas cláusulas, referidas a los artículos XX y XXI de este acuerdo, permiten que los Estados impongan excepciones al libre comercio para elaborar medidas políticas de protección medioambiental o sanitaria, además de en casos relativos a la seguridad.

Según el mandato negociador europeo, el objetivo es equiparar las condiciones de empresas estadounidenses y europeas en ambos territorios

El mandato agrega un epígrafe que llama a “tener en cuenta las denominaciones de origen”, uno de los puntos que más peligra ante Estados Unidos, que no reconoce la mayoría de las denominaciones de origen de productos alimentarios europeos. Además, se pide que se incluya una cláusula ‘anti-dumping’ (competencia desleal de precios), y hay una cláusula que permite quitar condiciones preferenciales cuando el incremento de importaciones de un producto amenace a la industria doméstica.

Pese a todas esas precauciones preliminares, el texto también deja claro en determinados ámbitos que su objetivo es equiparar las condiciones de las empresas de ambas áreas en los dos grandes conglomerados económicos. “Las partes deben comprometerse a garantizar un tratamiento no menos favorable para el establecimiento en su territorio de compañías, subsidiarias o marcas de la otra Parte que lo que haya acordado para sus propias compañías, subsidiarias o marcas, teniendo en cuenta la naturaleza sensible de determinados sectores”, indica el punto 16 del documento.

Aunque tenga unas condiciones de partida para la negociación que pueden entenderse como garantistas, para observadores del proceso como Cuca Hernández el desarrollo de la negociación está tomando otro cariz.

“En el mandato de la Comisión Europea se habla de los derechos fundamentales de la ciudadanía y los derechos humanos, pero cuando se desarrolla todo el texto para negociar el TTIP se habla fundamentalmente de los derechos de los inversores, y a eso es a lo que está focalizado”, asegura.

Barreras arancelarias y no arancelarias

Uno de los aspectos fundamentales del TTIP, y en el que se focalizan la mayoría de discursos públicos favorables al acuerdo, es el de la supresión de las barreras de tipo arancelario (los impuestos a la exportación de bienes y servicios) y lo que se entiende como ‘barreras no arancelarias’, un término que se refiere tanto a las reglamentaciones propias de cada área económica (EEUU o la UE) como a las restricciones a la inversión extranjera o la limitación de entrada de actores extranjeros en los procesos de licitación pública.

“Hay sectores como el del automóvil, la farmacéutica, los instrumentos médicos o sectores agroalimentarios en los cuales el coste fundamental para exportar a los Estados Unidos no son los aranceles, que son bajos, sino los costes de tener que ajustar los modelos que se producen en Europa a las exigencias del mercado americano o los de estar sometidos a la inspección por parte de los reguladores americanos cuando ya ha habido una inspección por parte de los reguladores europeos. Esto supone costes mucho más importantes que los derechos de aduana”, declara el negociador García Bercero.

Que este concepto difuso de ‘barreras no arancelarias’ tome tanta importancia viene dado porque los derechos de aduana entre Estados Unidos y la Unión Europea son bajos: suponen entre el 3,5% y el 4% de media.

“Lo que buscan es intentar eliminar otro tipo de barreras, las normativas, las legislaciones que hacen que, de alguna manera, los inversores puedan sufrir algún tipo menoscabo en sus pretendidos derechos”, apunta Carlos Sánchez Mato, de ATTAC Madrid.

Carretero: “La armonización de legislaciones puede significar una presión a la baja en las condiciones laborales europeas”

Las implicaciones de los cambios regulatorios a los que pueda dar lugar la negociación del tratado es uno de los principales temores de aquellos colectivos contrarios al TTIP. Cambios en regulaciones alimentarias, medioambientales o laborales que, pese a estar fuera del tablero según el mandato negociador, puedan terminar sobre la mesa.

“El TTIP es un tratado bilateral que se establece entre dos áreas económicas para favorecer el comercio entre ambos bloques. Para ello se ha de hacer una armonización de legislaciones de tal manera que se pueda abrir el espacio económico para las empresas de uno y otro lado puedan funcionar en el otro bloque con más facilidades. Esto implica que productos que han sido producidos en los Estados Unidos con unas normas laborales radicalmente distintas, se van a vender en la Unión Europea con mayor facilidad y sin ningún tipo de traba. Esto va a significar una presión a la baja en a las condiciones laborales europeas”, apunta José Luis Carretero, abogado laboralista y miembro del sindicato Solidaridad Obrera.

Las consecuencias de la armonización regulatoria no solo se pueden trasladar al ámbito laboral, sino también a reglamentaciones sobre temas sensibles para la salud pública como los alimentos, los productos químicos o los medicamentos. Una estandarización que podría ser ‘hacia abajo’, según advierte Javier Guzmán, director de Veterinarios Sin Fronteras VSF Justicia Alimentaria Global.

“La primera cosa que tenemos que ver es que si se estandarizan será hacia abajo -es lógico, ellos no tienen ningún interés en que vayan hacía arriba-. En EEUU tienen un sistema distinto al que tenemos aquí. Nosotros tenemos un sistema que se llama de precaución, es decir que antes de sacar cualquier alimento, producto químico o agrotóxico al mercado la empresa tiene que asegurar con estudios científicos de que esto es inocuo y no causa problemas de salud a la población, por eso aquí no se venden transgénicos. Lo que hacen en EEUU es análisis de riesgos, justamente al revés. Mientras el estado no demuestre que esto es inocuo lo vendemos, y en el caso de que tengamos evidencia científica de que no esté muy claro si es bueno o malo pues se vende. Por lo tanto es un sistema muy hecho a favor de las empresas”, explica Guzmán a Mayhem y El Salmón Contracorriente.

De hecho, el tema de los productos químicos fue protagonista de una cierta polémica en España tras unas declaraciones de Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España, en un debate sobre el TTIP organizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Fonseca llegó a insinuar en este debate que con el TTIP podrían entrar a los mercados europeos productos cosméticos con sustancias prohibidas en la UE con una advertencia en el etiquetado. “Eso es darle responsabilidad al consumidor, ¿o acaso eso es derogar nuestros estándares?”, agregó Fonseca, según recoge un artículo de eldiario.es sobre esa charla.

Preguntado a este respecto, García Bercero se apresuró a aclarar que hubo “un error en esas declaraciones”. “Existe en la legislación europea una lista negativa que indica una serie de sustancias que no pueden ser utilizadas en los cosméticos que se comercializan en Europa y esa lista negativa se mantiene. Por lo tanto no es posible que un cosmético americano se comercialice en Europa si incluye sustancias que están en la lista negativa de la legislación europea”, matizó el jefe de los negociadores europeoS.

Ignacio García Bercero también dijo a Mayhem y El Salmón Contracorriente que en el caso de la alimentación y la carne tratada con hormonas (uno de los temas más controvertidos y bandera de la oposición al TTIP en muchos países, junto al consumo de pollos tratados con cloro) tampoco su comercialización sería posible “por mucho etiquetado que lleve”, pese a que el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, se haya pronunciado a favor de que la UE cambie su postura a este respeto.

Las cláusulas ISDS y la soberanía de los Estados

Si hay un tema controvertido de forma universal en el ámbito del tratado euroamericano, incluso para las posturas más favorables al respecto, es el aspecto de los mecanismos de arbitraje de diferencias estado-inversor, conocidos por sus siglas en inglés ISDS (Investor-state dispute settlement).

Este tipo de cláusulas, que Carlos Sánchez Mato califica como “el rejonazo definitivo a la democracia” permitirían a una empresa demandar a un Estado cuando los cambios legislativos puedan perjudicar a su actividad empresarial.

“Se trata de un tribunal privado al que pueden recurrir las empresas cuando un estado promulga una ley que limita sus beneficios. Por ejemplo, tras la primavera árabe, el nuevo gobierno de Egipto subió el salario mínimo. Entonces la empresa Veolia demandó al gobierno porque la medida afectaba a su masa salarial y por tanto iban a tener menos beneficios de los esperados. Solo por algo así, que no es una expropiación ni nada parecido, pueden demandar y el estado puede acabar indemnizando a la empresa solo por hacer leyes”, explica Cuca Hernández, de la plataforma No al TTIP.

El mandato negociador del Consejo Europeo asegura que este tipo de mecanismos deben “contener salvaguardas” contra denuncias empresariales “manifiestamente injustificadas o frívolas”.

“Con el TTIP, los inversores no serán compensados con el dinero de los contribuyentes solo por una caída de los beneficios debido a un cambio legislativo. No será posible para los inversores superar prohibiciones de prácticas como el ‘fracking’”, aseguró el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, John Clancy, en un comunicado.

Daniel Wennick, de la Confederación Empresarial Sueca, recuerda desde Bruselas que ya hay unos nueve países de la UE con tratados de tipo ISDS con EE.UU., la mayoría del este europeo y firmados durante los años 90.

“Nosotros no vemos el riesgo de que el ISDS pueda cambiar leyes, ya que el ISDS se trata de dar compensaciones por un cambio de ley. Nunca un ISDS va a dar como resultado que el juez diga que un país tiene que cambiar su ley. El juez solamente puede decir o proponer que un país compense a una empresa por expropiar. De hecho, la mayoría de los casos de ISDS en el mundo son contra Argentina y Venezuela”, indica.

García Bercero: “Es cierto que las normas de protección a la inversión están definidas de forma genérica y crean incertidumbre”

Sin embargo, casos como el de Veolia o el de la tabaquera Phillip Morris, que demandó ante tribunales de este tipo a países como Uruguay o Australia por incrementar las advertencias sanitarias que tenían que incluir los paquetes de tabaco preocupan en muchos países, donde las cláusulas ISDS se ven con desconfianza.

El negociador europeo García Bercero niega que estos tribunales afecten a la soberanía de los Estados, ya que sus resoluciones implican “la obligación de compensar, nunca de eliminar una medida”. Pero también reconoce que los casos mencionados anteriormente provocan “bastante preocupación”.

“Es cierto que en los acuerdos existentes hay un problema, y es que las normas de protección a la inversión son definidas de una manera muy genérica y eso por supuesto crea incertidumbre. Crea el riesgo de que los abogados de las empresas siempre intenten ver qué tipo de argumentaciones pueden utilizar para defender su caso. Uno de los temas que queremos asegurar es que las normas de protección de la inversión se definan de una manera muy clara y muy precisa, que el derecho de los Estados a regular se respete y que los procedimientos sean transparentes”, aporta García Bercero.

Para el representante de Equo en el Parlamento Europeo, Florent Marcellesi, tanto estas cláusulas ISDS como la introducción de un organismo llamado Consejo de Cooperación Reguladora suponen “socavar la democracia de la ciudadanía”.

“Está hecho de tal manera que las multinacionales puedan controlar el proceso legislativo en todas sus fases: existe el Consejo Regulador de Cooperación, que al principio de la fase legislativa da voz a las multinacionales para que digan esta legislación no me gusta. Y luego existe, al final del proceso legislativo, el Tribunal de Arbitraje. (…) Todo está hecho para que la multinacional pueda intervenir al principio y al final, superponer sus intereses a los intereses de la ciudadanía, sea una Comunidad Autónoma, sea el Estado, o sea la Unión Europea”, apunta Marcellesi.

Este Consejo de Cooperación Regulatoria, sobre el cual se ha conocido un documento filtrado hace unos días tendría representantes de reguladores europeos y norteamericanos, en el que se establecería, según los negociadores europeos “un foro de representación de la sociedad civil con todos los intereses”, incluidos los lobbys empresariales.

Sin embargo, las organizaciones opuestas al tratado temen que este órgano pueda representar una oportunidad para que el tratado pueda controlar a priori las legislaciones europeas. “Este órgano permitiría hacer el tratado vivo, y visionar, previamente a su aprobación en los parlamentos o en los ayuntamientos, cualquier ley que se promulgue. Hay mucho interés en crear ese órgano entre EEUU y la UE”, afirma Cuca Hernández.

Un tratado invisible en los grandes medios

El TTIP representa, por la escasez de información disponible pese al esfuerzo de los últimos seis meses por parte de la Comisión Europea, un caso claro de invisibilización de un tema en los grandes medios. Especialmente en lo que respecta a España, ya que en otros países como Alemania sí que ha habido un amplio debate público.

“El problema es que la negación de esa existencia, cuando vas a un sitio nuevo a hablar, muchas veces lo confunden con una teoría de la conspiración. Y no es una teoría de la conspiración, es algo muy real que se está negociando en Bruselas y nos afecta a todos”, apunta Hernández, de la plataforma No al TTIP.

Hernández: “El problema de la negación de la existencia del TTIP es que se confunde con una teoría de la conspiración”

Para Lucía Vicent, investigadora de la UCM y FUHEM, lo más importante es “seguir cualquier vía para acceder a la información de los acuerdos que se están negociando”. “Esto nos daría la clave para que, en lugar de establecer ciertas estimaciones de lo que podría suponer, tener la certeza absoluta de que estos acuerdos perjudicarían gravemente derechos sociales, laborales o medioambientales de manera clara, como estoy segura de que pasaría”, aporta.

El pasado sábado 18, miles de personas en varias ciudades europeas se manifestaron contra el TTIP con especial incidencia en las ciudades alemanas y austríacas.

Dos días después, comenzaba la novena ronda de negociación euroamericana sobre el TTIP en Nueva York, un eslabón más de un proceso negociador que cumple ya dos años, y que se avecina aún largo hasta la obtención de un texto definitivo. Dicho texto, además, tendría muy probablemente que someterse a estudio jurídico y ratificación parlamentaria por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que daría una nueva oportunidad al debate público, aún soterrado en muchas naciones europeas como España.

Fuente: http://www.mayhemrevista.com/2015/0...